/Ana Laura Magaloni Kerpel/
Una gran noticia en días recientes fue que el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, en una conferencia de prensa, hizo público que no prorrogaría su mandato.
Es decir, que no iba a hacer caso al artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial que extiende dos años el tiempo de su presidencia. Zaldívar dejará la presidencia en el tiempo que mandata la Constitución.
Con ello se resuelve políticamente uno de los episodios más complicados que ha enfrentado el Poder Judicial federal en su historia reciente.
Ahora sólo falta que el pleno de la Corte declare inconstitucional dicho precepto, lo cual sucederá en las próximas semanas.
No pensé que lo que sucedió la semana pasada fuera posible. El ministro Zaldívar logró lo que muy pocos han logrado hasta hoy:
Decirle que no a AMLO sin que ello le hubiese significado una confrontación institucional o personal directa.
Supongo que Zaldívar logró explicarle y convencer a AMLO de que era un grave error extender su mandato.
Ello es un logro muy impresionante dada la poca disposición que ha mostrado AMLO para rectificar o modificar lo que se propone hacer.
El día anterior a la conferencia de prensa de Zaldívar, AMLO terminó la mañanera diciendo que iba a desayunar con el presidente de la Corte. Todo indica que el asunto estaba acordado. Ambos presidentes cerraban filas para actuar en sintonía.
Hay quienes opinan que Zaldívar se tardó mucho y que sometió a la institución a un desgaste innecesario.
No lo sé. ¿Cuánto tiempo es razonable para acordar algo con el presidente López Obrador?
La confrontación, en términos prácticos, es más fácil de operar pues se ejecuta en solitario, sin el consentimiento de la otra parte.
Zaldívar prefirió guardar silencio hasta ponerse de acuerdo con AMLO en una salida.
Ello sucedió con suficiente antelación como para que no se descarrilara el proceso de sucesión al interior de la Suprema Corte y, en ese sentido, se puede decir que la estrategia de Zaldívar se ejecutó a tiempo.
Hay que destacar que, si Zaldívar no hubiese logrado una salida con AMLO, de todas formas, se mantenían (y mantienen) intactas las vías jurisdiccionales para declarar inconstitucional el referido precepto.
En este mismo sentido y por similares razones, me pareció ejemplar la posición del magistrado Reyes Rodríguez con relación a la presidencia del Tribunal Electoral.
La elección de la presidencia de los máximos órganos jurisdiccionales es uno de los actos de autogobierno más importantes del Poder Judicial.
Por ello, dicha elección debe llevarse a cabo con todos sus miembros presentes. El magistrado Vargas y la magistrada Soto no estuvieron presentes en la sesión en la que sus pares nombraron a Reyes Rodríguez presidente del Tribunal Electoral.
Según señaló Rodríguez en una carta pública el lunes pasado, no se puede esperar que una presidencia sea legítima y fuerte cuando surge de una elección en la que no participaron todas y todos los miembros del tribunal.
Al igual que Zaldívar, Rodríguez privilegió los acuerdos y los consensos al interior del tribunal por encima de la imposición y las confrontaciones personales.
Espero que las y los demás magistrados también tengan altura de miras para superar la crisis en la que están inmersos.
Son tiempos complicados al interior de los órganos jurisdiccionales vértices del Poder Judicial federal.
La reconfiguración del mapa político del país ha puesto a dichos tribunales en el centro de la vida pública.
Para que puedan llevar a cabo la función que les toca es indispensable que privilegien los consensos internos respecto del sentido y las razones de sus sentencias.
Ello supone, como punto de partida, dejar a un lado sus filias y fobias personales.
Lo que hagan o dejen de hacer dichos juzgadores en los siguientes dos años hará historia, para bien o para mal.
Ojalá todos y todas ellas puedan estar a la altura de la responsabilidad que se les ha encomendado.
