Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Como si el tiempo no hubiese pasado, como si siguiéramos estacionados en las épocas de horror del duartismo asesino, en Veracruz la violencia contra los periodistas forma parte de un escenario que ni por equivocación cambió en algo con las dos alternancias de gobierno registradas desde entonces.
La mañana de este jueves, el reportero y locutor Jacinto Romero Flores fue emboscado y ejecutado a balazos en la comunidad de Potrerillo del municipio de Ixtaczoquitlán, colindante con Orizaba. Zona asolada desde hace años por la delincuencia organizada asentada ahí por su ubicación estratégica, ya que conecta directamente con los estados de Puebla y Oaxaca.
Romero Flores era un reportero conocido principalmente gracias a su trabajo en la radiodifusora Ori Stereo, una de las más escuchadas en toda la región. Además, realizaba transmisiones por su cuenta a través de Facebook, herramienta cada vez más utilizada por periodistas y comunicadores ante el declive de los medios tradicionales como fuente única de información para la población.
El asesinato artero no surgió de la nada. El propio Jacinto Romero había denunciado amenazas en su contra desde el pasado mes de marzo por parte de autoridades municipales y de elementos policíacos, por lo que había solicitado el apoyo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), que tras el cambio de consejeros el pasado mes de diciembre ha retornado a sus orígenes… pero de inutilidad. Eso sí, son muy rápidos para publicar esquelas.
Mismo caso con el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. El crimen no le mereció al que cobra como gobernador más que un párrafo en una publicación en redes sobre actividades generales del día, sin mencionar el nombre de la víctima y mucho menos que había sido privada de la vida. Para el funcionario, bastó con señalar que estaban “tras los agresores del atentado (sic) contra un reportero en el municipio de Ixtaczoquitlán”.
Suman con Jacinto Romero Flores cuatro los periodistas asesinados en lo que va del sexenio de Cuitláhuac García: Jorge Celestino Ruiz Vázquez en el municipio de Actopan en agosto de 2019, María Elena Ferral Hernández en Papantla en marzo de 2020; y en septiembre de ese mismo año Julio Valdivia en Tezonapa. Este último, además, con lujo de saña.
Y no, no es casualidad. La violencia contra periodistas en todo México es sistemática, cotidiana y feroz. El conteo de la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 registra 21 reporteros asesinados en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en función de su labor informativa, que con el crimen de Jacinto Romero aumentarían a 22.
Pero no hay que olvidar que apenas en el pasado mes de julio, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación entregó un informe -a petición expresa de López Obrador- en el que registraba el asesinato de 43 periodistas en México en lo que iba del sexenio hasta ese momento. Todavía no ocurría la ejecución de Ricardo López Domínguez en Sonora.
¿Quién es el responsable de esta situación de horror inacabable para quienes ejercemos la labor informativa? Pues sin duda que hay culpables directos en cada caso. Los perpetradores, los que asesinan y mandan asesinar periodistas. Mismos que prácticamente en su totalidad gozan de impunidad.
Pero el régimen no puede evadir su propia responsabilidad en la creación de las condiciones, del telón de fondo y sobre todo de la narrativa para que cualquiera considere fácil y barato matar a un reportero en México.
Con un presidente que diariamente denuesta, ataca, denigra, difama, estigmatiza a los periodistas, y que en vergonzosos alardes de incontinencia los expone a la violencia digital y hasta física de sus huestes, sin importarle siquiera que algunos hasta estén amenazados por realizar su trabajo, ¿qué otra cosa podíamos esperar que pasara?
Si algo cambió, fue para peor.
Emergencia, sin recursos para enfrentarla
El Consejo Estatal de Protección Civil de Veracruz aprobó solicitar al gobierno de la República la declaratoria de emergencia para la entidad ante el impacto del huracán “Grace” que se espera para las próximas horas en territorio veracruzano.
Pequeña duda: ¿como para qué va a servir dicha declaratoria, si los recursos del Fonden ya no existen, porque se los engulló la megalomanía insensata?
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