Rúbrica.
Por Aurelio Contreras Moreno
El próximo lunes, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana debe anunciar el nombre de quien será el próximo rector de la casa de estudios para el periodo 2021-2025.
Como todo proceso de este tipo, la sucesión rectoral en una institución del tamaño y con el presupuesto que maneja la UV no puede deslindarse –aunque quisiera- de la cuestión política. Ésta se encuentra presente siempre y sus diferentes actores buscan operar y tener influencia, si no es que inmiscuirse todo lo posible, en un procedimiento que está lejos de ser estrictamente académico.
El problema es cuando la política hace uso de sus peores prácticas para intentar encumbrar, imponer o desbarrancar a quienes representan los intereses de los grupos, internos y externos, que intentan hacerse de ese importante coto de poder.
En la actual sucesión de la rectoría, la peor política se asomó desde que grupos afines a la élite del poder del momento intentaron meter con calzador a un personaje completamente ajeno a la UV: José Roberto Ruiz Saldaña, un consejero del Instituto Nacional Electoral que no ha tenido empacho en mostrar abiertamente su inclinación y parcialidad en favor de los intereses de Morena y del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”, con lo que era más que previsible el tipo de comportamiento que tendría –el mismo que en el INE- como rector.
Pero es tal su desvinculación de la comunidad universitaria que ni siquiera pasó el primer filtro y, de acuerdo con sus atribuciones legales, la Junta de Gobierno lo eliminó al inicio del proceso. Ante lo cual –muy a tono con los modos “4t”-, Ruiz Saldaña “pataleó” e intentó ampararse. Sin éxito alguno.
Tras ese episodio, el proceso continuó con aparente normalidad y civilidad, con las y los aspirantes presentando sus proyectos ante la comunidad universitaria y la sociedad –que es la que al final del día sostiene a la UV-, recibiendo aportaciones, comentarios, adhesiones, críticas. Lo normal, pues.
El proceso comenzó a enturbiarse al acercarse la etapa en la cual la Junta de Gobierno anunciaría a los finalistas. Se filtraron libelos con la intención de desacreditar la imagen de las personas sin ocuparse de los proyectos, como fue el caso del economista Rafael Vela Martínez. Si eso influyó en las decisiones y consideraciones de la Junta de Gobierno es algo que solo sus integrantes saben, dado lo hermético que es el proceso.
El pasado lunes 22 de agosto, la Junta de Gobierno dio a conocer una terna de candidatos para la última etapa de evaluaciones: Jorge Manzo Denes, Héctor Coronel Brizio y Martín Aguilar Sánchez, lo que provocó resquemores ante la ausencia de mujeres entre los finalistas.
Sin embargo, lo que se vino después fue una embestida no para transparentar ni democratizar el proceso, sino para descarrillarlo. Desde una página de Facebook, una supuesta usuaria comenzó a hablar de presuntos plagios cometidos por los tres finalistas en sus propuestas de trabajo y publicó una petición en una plataforma para que la designación de nuevo rector sea anulada. Lo cual encontró un inusual eco en ciertos medios de comunicación, ante lo endeble de los señalamientos.
A Coronel Brizio y a Aguilar Sánchez se les acusa de plagiar algunos párrafos de trabajos de otros académicos. Pero en el caso de Manzo Denes, se le señala de haberse “autoplagiado” al retomar elementos de la propuesta que él mismo elaboró y presentó cuando contendió por la rectoría en el proceso de 2017, cuando fue reelecta Sara Ladrón de Guevara.
Además de lo absurdo que resulta que se acuse de un “autoplagio” –si es la misma persona buscando el mismo cargo, es lógico que mantenga planteamientos que considere vigentes de una idea general al no haber transcurrido mucho tiempo-, el documento de 2017 titulado “Asertividad institucional” es de acceso libre y sin copyright por derechos de autor. Y de acuerdo con lo expuesto a este reportero, lo que se retomó de aquel proyecto es mínimo y el actual, presentado bajo el nombre “Por un nuevo paradigma”, es totalmente nuevo en más de 80 por ciento de su contenido.
En la sucesión rectoral de 2013, cuando por estas mismas fechas la Junta de Gobierno descalificó como aspirante al ex rector Víctor Arredondo Álvarez, desde el gobierno de Javier Duarte se mandaron “porros” a tomar instalaciones de la Universidad, impidiendo en aquel momento que Raúl Arias Lovillo pronunciase su último informe como rector. Al final, la designación de Sara Ladrón significó un punto de conciliación entre los grupos que disputaban el control de la UV.
Hoy no lanzaron facinerosos a las calles, pero se optó por infamar a los académicos, que bajo las reglas de la comunicación digital del momento cargarán con un “sambenito” por mucho tiempo y que no necesariamente es real, con señalamientos de los que nadie se hace cargo visiblemente, pero que apuntan hacia algunos de los ex aspirantes eliminados.
En particular uno, el secretario de Administración y Finanzas de la UV Salvador Tapia, quien aún maneja los recursos de la institución y por ende, tiene capacidad para una maniobra de estas dimensiones. Por cierto, también es el responsable del quebranto millonario detectado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado en la Cuenta Pública 2019 de la Universidad.
La legislación de la Universidad Veracruzana no contempla la reposición del proceso. Así que es de suponerse que éste continuará su curso. Como quiera, eso se sabrá a ciencia cierta el próximo lunes, cuando la Junta de Gobierno emita un veredicto.
Lo que es un hecho es que el porrismo –del que entre algún ex aspirante también hay documentados antecedentes- se adecuó a los tiempos, pero con los mismos efectos: dañar a la Universidad.
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