* Reconocen el valor del trabajo periodístico de Lydia Cacho.
Redacción/
Cdmx, 11 de abril 2019.- Cumplir órdenes de aprehensión contra personajes públicos responsables de tortura contra Lydia Cacho es un paso necesario para frenar la impunidad estableció la Red por los derechos de la Infancia de México.
En un boletín REDIM saludó la decisión de un tribunal federal que liberó la orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Puebla Mario Marín, Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex jefe de la policía estatal; Juan Sánchez Moreno, ex director del desaparecido grupo de Mandamientos Judiciales y el empresario José Kamel Nacif Borge por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.
De acuerdo con la información, el pasado 11 de abril, la Magistrada Elena Suárez Préstamo, titular del Primer Tribunal Unitario del estado de Quintana Roo ordenó al ministerio público federal iniciar la búsqueda y detención de los inculpados y al juez de Distrito que realice los trámites para cumplir la resolución.
Han pasado 13 años desde el 16 de diciembre del 2005 cuando la periodista Lydia Cacho fue detenida arbitrariamente y torturada. Han sido también años de demandar justicia ante las instancias mexicanas.
Recientemente el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la ONU determinó que el gobierno mexicano había violado los derechos de libertad de expresión, integridad personal, libertad y seguridad personales y de acceso a la justicia y ordenó al Estado Mexicano a garantizar la justicia, verdad y reparación. Esta es la primera resolución favorable de este Comité y, por lo tanto, la primera en la que se pronuncia sobre violencia por parte de las autoridades contra una mujer periodista.
Desde #REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México, reconocemos el trabajo periodístico de Lydia Cacho que ha derivado en el reconocimiento de la sociedad de un estado sumido en la impunidad y la corrupción en el cual miles de niños y niñas siguen siendo víctimas. El resultado de su trabajo provocó que ella se volviera una sobreviviente de la persecución y violencia del Estado.
A través de una petición, que a la fecha ha reunido cerca de 15 mil firmas REDIM continúa la exigencia al Estado mexicano, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General y a los gobiernos de Puebla y Quintana Roo la reparación del daño integral que incluye todos los acuerdos con el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra:
A) Publicar el extracto de la decisión del Comité en los medios de mayor circulación nacional.
B) Proteger la vida de Lydia. Hacer efectivo el plan de reparación integral acordado entre las partes, que incluye la disculpa pública a Lydia Cacho tanto del gobierno federal como de los estados de Quintana Roo y Puebla.
C) Dar acceso pleno e irrestricto a la víctima y a su defensa sobre los avances en la investigación. Se le ha negado acceso a su expediente.
D) Promover de manera efectiva y concreta la derogación de los tipos penales que hoy son utilizados para criminalizar periodistas.
E) Detener y juzgar a todos los implicados, ya que las pruebas son jurídicamente suficientes para ello. Las redes de trata de niños, niñas y mujeres en México pertenecen a la delincuencia organizada y están relacionadas con políticos y empresarios. El perdón político no es aceptable.
