*La Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha denunciado el “deterioro” de la “preocupante” situación política en Nicaragua de cara a las elecciones del 7 de noviembre.
14/09/2021.-“Las y los nicaragüenses deben poder ejercer su derecho al voto en ausencia de intimidaciones, violencia o interferencias administrativas. Las personas que lo deseen deben poder presentar libremente sus candidaturas, y las y los votantes deberían poder participar en las campañas. Asimismo, es esencial que los medios de comunicación puedan dar cobertura a las campañas electorales de diferentes candidatos y candidatas, libres de interferencias o indebidas restricciones impuestas por parte de las autoridades. Nada de esto está ocurriendo en Nicaragua”, denunció Michelle Bachelet.
Entre el 22 de junio y el 6 de septiembre, su Oficina ha documentado la detención arbitraria de 16 personas, incluyendo dirigentes políticos, defensores, empresarios, periodistas, y líderes campesinos y estudiantiles, que se suman a otras 20 detenidas a partir del 28 de mayo.
Además, se han “intensificado los ataques a la libertad de expresión”, provocando la salida del país de al menos 12 periodistas y las autoridades ordenaron la clausura de 45 organizaciones sin fines de lucro.
Cifras oficiales indican que, sólo en los meses de junio y julio, más nicaragüenses pidieron cita para solicitar refugio en Costa Rica, que en los primeros cinco meses de 2021.
Ante este deterioro de la situación en Nicaragua, “resulta imperativo”, dijo que el Gobierno vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; que cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil; y que libere de inmediato y sin condiciones a más de 130 personas detenidas desde abril de 2018, según fuentes de la sociedad civil.
Continúa la “intimidación y criminalización” de la sociedad civil en Venezuela
Michelle Bachelet continúa preocupada por la intimidación y criminalización de defensores y de los líderes sindicales en Venezuela. La Alta Comisionada presentó al Consejo de Derechos Humanos un informe sobre el país.
“Me preocupa la ausencia de datos públicos para monitorear e informar adecuadamente las políticas públicas. En este contexto, el papel de la sociedad civil es aún más esencial y debe ser protegido. Asimismo, me preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas”, subrayó.
Durante el período que abarca el informe, del 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021, la Oficina documentó ocho casos de protestas durante las cuales las fuerzas de seguridad o los grupos armados civiles progubernamentales denominados “colectivos” cometieron violaciones de derechos humanos, incluidos por lo menos una ejecución extrajudicial, tres casos de malos tratos y tres casos de uso excesivo de la fuerza.
La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada, explicó, “tanto por la pandemia de COVID-19 cuanto por las sanciones sectoriales”, que limitaron aún más el acceso a los servicios básicos. Bachelet reiteró su llamado a que se levanten las sanciones.
El informe también recoge que “profesionales de la salud han denunciado públicamente las condiciones de trabajo, la falta de equipamiento, salarios no pagados y condiciones insalubres”.
La Oficina ha documentado procesos penales contra seis personas y amenazas contra periodistas y científicos, por investigar o publicar información incompatible con los datos oficiales del gobierno sobre la pandemia.
Bachelet confía en que el diálogo político en curso en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos.
