/ RICARDO RAPHAEL /
El sistema público de salud continúa siendo un caos. De ahí que no hayan sido tersas el día de ayer las comparecencias ante el Senado del titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, y del director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar.
Las críticas desde el Poder Legislativo se centraron en el presunto fracaso del sistema de compras consolidadas de medicamentos, el cual explicaría el desabasto que, desde 2019, persiste destacadamente en productos relacionados con el tratamiento contra el cáncer.
Juan Antonio Ferrer explicó que dicho desabasto se debe a que en los estados se roban los fármacos adquiridos por el gobierno federal para revenderlos luego en farmacias particulares.
Las personas integrantes de la Comisión de Salud del Senado cuestionaron la veracidad de esta acusación. Hay evidencia de que el gobierno federal dejó de comprar medicamentos a la industria farmacéutica nacional y también la hay de que la Secretaría de Salud no logró adquirir en cantidad suficiente estos productos fuera del país.
El argumento más contundente a la hora de exhibir los errores cometidos fue la decisión que tomó el año pasado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de divorciarse para realizar sus propias compras y no depender del sistema consolidado al que está sujeto el Insabi.
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) interviniera en la reorganización del sistema de compras para evitar la corrupción. Ésta ha sido una de las peores ideas. La experiencia de Unops en la compra de medicamentos es pobre. Cuenta con antecedentes en Honduras, Guatemala y una región de Brasil cuyo volumen total de operaciones no se compara en modo alguno al que en México solía resolver, hasta diciembre de 2018, el IMSS, que antes era la instancia del Estado mexicano responsable de celebrar la adquisición de fármacos para todo el gobierno federal.
Asesores mal informados convencieron al presidente López Obrador de que la Unops iba a conseguir diversidad y bajo costo en las medicinas, debido a su estatura internacional. A la postre resultó falsa esta solución porque la Unops está obligada a surtir, primero, a partir del producto que se elabora en los países donde se celebran las adquisiciones, y segundo, porque la mayoría de los gobiernos emiten sus órdenes de compra con bastante tiempo de anticipación.
Si lo que se pretendía era castigar a la industria farmacéutica nacional por presunta corrupción, adquiriendo los medicamentos en el mercado internacional, las normas que rigen a la Unops impidieron que este organismo desestimara a los proveedores mexicanos, sobre todo cuando las acusaciones de corrupción jamás fueron probadas.
Por otro lado, el mercado de los medicamentos tiene como peculiaridad que las órdenes de compra se generan con mucha anticipación. Esto hizo imposible para la Unops que, de la noche a la mañana, realizara comandas de emergencia para sustituir al producto nacional despreciado.
Al final, esta instancia de Naciones Unidas ha jugado un papel testimonial, reducido y sin mayores consecuencias. En concreto, no logró resolver la adquisición oportuna de todas las claves. Es falso, por tanto, que el desabasto de medicamentos se deba al robo hormiga que ocurre en la última milla de la distribución, como declaró Juan Antonio Ferrer.
Es tan mala la explicación como decir que la falta de agua en la cisterna de la casa se explica por una breve fuga en el inodoro y no por el desabasto que padece toda la colonia.
Hay que decir que los problemas del Insabi no se agotan en la pésima gestión de los medicamentos. Los apuros del sistema mexicano de salud son enormes y esta institución nació sin la potencia para responder.
Algunos de los indicadores que sirvieron para denunciar el fracaso del Seguro Popular, antecedente del Insabi, continúan idénticos tres años después de la reforma lopezobradorista.
El tema más grave continúa siendo el de la subinversión en salud, tanto pública como privada. Mientras en los países de la OCDE el promedio de la inversión anual roza el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, en México no hemos logrado ir más allá de 5.4 por ciento.
Mientras la inversión sea de medio pelo el sistema será insatisfactorio. Esta circunstancia conduce a una situación desigual y muy ingrata para la enorme mayoría de las familias mexicanas, las cuales minan su gasto cotidiano para atender cuestiones de salud.
La cifra del gasto de bolsillo ronda el 42 por ciento de los ingresos por hogar. Esto quiere decir, por ejemplo, que quienes viven en el primer piso de la construcción social —las personas que peor padecen la pobreza— gastan en fármacos y atención médica 2.94 de los siete pesos que ingresan diariamente.
En ese piso viven 12 millones 600 mil personas que se encuentran en esta circunstancia. Individuos que sacrifican gasto alimentario, vestido, transporte o educación por la necesidad de curarse o a curar a uno de sus familiares.
Cada peso desinvertido por el gobierno en materia de salud es un peso que se arrebata a las y los mexicanos en situación de vulnerabilidad que, según todas las mediciones, representan 60 por ciento de la población.
Otra consecuencia de la desinversión en salud es la oferta insuficiente de profesionales. Mientras México cuenta con 2.85 enfermeras por cada mil habitantes, los países de la OCDE rondan las 9.17 personas dedicadas a esta profesión. También nos encontramos abajo respecto al número de médicos: mientras el país cuenta con 2.44 doctores por cada mil habitantes, el promedio de médicos en la OCDE es de 3.6.
El déficit en infraestructura es igual de preocupante. Sirva como ejemplo la reducida oferta de camas: mientras en México hay 0.97 por cada mil habitantes en la OCDE el número promedio es de 4.44 camas.
Casi tres años han transcurrido desde la fundación del Insabi y la calificación de su desempeño de plano no mejora. Quizá llegó el momento de repensar el sistema de salud mexicano poniendo en el centro al IMSS, la institución que mejor funciona, no solo para la compra de medicamentos, sino para el resto de los servicios que igualarían el acceso a la salud.
@ricardomraphael
