**Rúbrica.
/ Por Aurelio Contreras Moreno /
A una semana de cumplirse exactamente tres años del inicio del gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación”, el peligro que se cierne sobre la incipiente y frágil democracia en México es algo más que un fantasma. Es una amenaza real, palpable y violenta.
Mientras el régimen engaña a la población promoviendo una “ratificación” del presidente Andrés Manuel López Obrador –inexistente a nivel constitucional y que de cualquier manera no es necesario consultar, pues nadie pide que se vaya-, el verdadero objetivo, el de una posible extensión del mandato si la “elegida” como sucesora no crece, se va antojando cada vez menos improbable.
Pero mientras son peras o manzanas en torno a la pretendida revocación de mandato –falta que logren recabar los dos millones y medio de firmas que exige la ley para llevar a cabo la consulta, y que no sean falsas como las más de 50 mil que ya les detectaron-, las ansias autocráticas y las desbocadas ambiciones del lopezobradorismo por concentrar todo el poder posible han llegado a un punto en el que las instituciones, construidas con el esfuerzo y la sangre de millones de mexicanos en los últimos 45 años, se enfrentarán a una prueba crucial y de la cual dependerá, sin temor a exagerar, la viabilidad democrática del país.
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que se declaran “de interés público y seguridad nacional” todas las obras de infraestructura que ejecute el gobierno federal. ¿Qué implicaciones tiene esto?
Toda la información relacionada con asuntos de seguridad nacional es susceptible de ser declarada como “reservada”. Esto significa que el gobierno tiene la facultad de ocultarla del escrutinio público durante un periodo de tiempo que define también con discrecionalidad, al tratarse de asuntos que pueden poner en “peligro” algún área estratégica para la nación.
Solo que aquí lo que se pretende ocultar es el manejo de los recursos que se están destinando a las obras insignia de la llamada “4t”, que de por sí ya son un lago de opacidad, asignaciones directas y, a pesar de lo que digan, de una inmensa y cínica corrupción.
Con este decreto, el gobierno de López Obrador pretende evitar entregar cualquier tipo de información o dato relacionado no solo con sus obras faraónicas (Dos Bocas, Santa Lucía y Tren Maya), sino de cualquier obra que realice su gobierno asociada a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos y aeropuertos. O sea, todas. Absolutamente todas.
“Coincidentemente”, este “decretazo” se emite tres días después de que el medio Latinus, que dirige Carlos Loret de Mola –cuya salida de Televisa sea quizás el mayor error de cálculo del lopezobradorismo- publicó un reportaje acerca de los más de 900 contratos por sumas millonarias que el Ejército entregó por asignación directa a empresas fantasma. Un acto de brutal corrupción equiparable a los de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, que utilizaba esa misma ruta para robarse el dinero público. Y cuya información, al igual que la de las “tranzas” del ex gobernador preso en el Reclusorio Norte, fue obtenida por la periodista Isabella González von Hauske a través de solicitudes de transparencia. Mecanismo que se pretende anular con el decreto.
Y lo que vuelve aún más peligrosa esta delicada coyuntura es, precisamente, la participación de las Fuerzas Armadas como actores de poder de primer orden, implicadas directamente en la construcción de las obras sobre las que quieren ocultar sus manejos y que, contrario a su vocación y a lo que les permite la ley, entraron a la arena de la política en defensa de la “4t”.
Eso quedó evidenciado el pasado sábado en el discurso pronunciado por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, durante la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, en el cual dijo que “es un orgullo poder contribuir a la transformación que se está viviendo. Las bases están sentadas y se avanza con paso firme en el proyecto de nación que el presidente ha impulsado”. Solo le faltó decir “es un honor estar con Obrador”.
Ciertamente los militares sí lo deben pensar. Ningún presidente desde la etapa revolucionaria les había dado tanto poder al Ejército y a la Marina. Ni tanto dinero. Pero ese empoderamiento desbordado de las fuerzas castrenses implica jugar a la “ruleta rusa”. “Cuando los militares se meten en política partidista la democracia peligra”, aseveró el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, en crítica directa a la militarización del país alentada por López Obrador.
La inconstitucionalidad del decreto ya fue señalada por juristas como el ex ministro José Ramón Cossío. Ahora falta que alguien presente el recurso correspondiente ante la Corte, también bajo asedio luego de que desechó la maniobra con la que se pretendía extender el mandato de su presidente Arturo Zaldívar. Ardid que compartía destino con el de la revocación de mandato.
Las instituciones, la democracia, las libertades y el destino de México están en riesgo extremo. Si se le deja pasar, no alcanzará la vida para arrepentirse.
Banana republics
Y como si algo faltase, en los estados de la República los gobernadores y altos funcionarios pretenden conculcar la libertad de expresión de ciudadanos y periodistas. Como en Puebla, donde el aspirante a “monarca bananero” Miguel Barbosa persigue con auditorías a medios críticos; o en Veracruz, donde Cuitláhuac García saca al “dictadorzuelo” que lleva dentro aplicando el inconstitucional delito de “ultrajes a la autoridad” a adversarios políticos y ciudadanos de a pie.
Los “progresistas” de “izquierda”.
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