Xalapa, Ver. 09 mayo 2019. La diputada Erika Ayala presentó la iniciativa de reforma al artículo 33 de la Constitución Política del Estado para establecer la progresividad e irreductibilidad de los presupuestos para dichos órganos.
A efecto de propiciar la consolidación de la autonomía de los órganos autónomos de la entidad, el Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), en voz de la diputada Erika Ayala Ríos, presentó la iniciativa de reforma al artículo 33 de la Constitución Política del Estado con el cual se plantea establecer expresamente la progresividad irreductibilidad del presupuesto asignado a los mismos.
Durante la segunda sesión ordinaria, del segundo periodo de la LXV Legislatura, la diputada Ayala Ríos indicó que se busca señalar la atribución del Congreso del Estado de aprobar el Presupuesto de Egresos y a que éste considere las partidas necesarias para el funcionamiento de los organismos autónomos, a efecto de que en ella quede establecido expresamente que los montos presupuestales asignados a los mismos nunca serán inferiores a los otorgados en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Dijo que este modelo ya aplica, en la legislación ordinaria, para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y para la Universidad Veracruzana (UV).
La legisladora expuso que con esta reforma se abonaría a la construcción de entes públicos con mayor fortaleza institucional y capacidad de operación financiera, “que no vean limitadas sus importantes funciones por consideraciones de orden político o administrativo que produzcan reducciones a sus presupuestos”, abundó.
Refirió que los órganos con autonomía reconocida en las constituciones tienen una naturaleza jurídica distinta a la de otros entes públicos, en razón del carácter técnico especializado de sus funciones, por lo que no deben intervenir en el ejercicio de éstas los depositarios del Poder Público, como sí ocurre en el caso de los organismos descentralizados.
Detalló que la procuración de justicia, la defensa de los derechos humanos, la fiscalización de los recursos públicos, la garantía de acceso a la información pública y la protección de datos personales, la protección a los periodistas y la impartición de justicia en materia administrativa son tareas esenciales para consolidar la democracia y, en general, el Estado de Derecho.
Por lo anterior –añadió- debe plantearse renovar el marco jurídico que regula a los organismos responsables de las mismas, para brindarles mayor independencia y funcionalidad en el ejercicio de sus atribuciones.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
