**A juicio de Amparo.
/ María Amparo Casar /
En el artículo introductorio del Informe 2022, de Human Rights Watch su director ejecutivo se pregunta si con los autócratas a la defensiva, ¿estarán los líderes democráticos a la altura de las circunstancias? Coincido con él en la apreciación de que “si las democracias pretenden ganar la puja global con la autocracia, sus líderes tendrán que hacer algo más que limitarse a señalar las inevitables falencias de los autócratas. Deben plantear una defensa más enérgica y positiva de los sistemas de gobierno democráticos. Eso implica hacer un mejor trabajo en la respuesta a los desafíos nacionales y globales, y asegurarse de que la democracia efectivamente ofrezca los beneficios prometidos. Significa defender las instituciones democráticas, como tribunales independientes, medios de comunicación libres, legislaturas sólidas y un sector de la sociedad civil dinámico, incluso cuando eso conlleva un escrutinio incómodo de las políticas ejecutivas o incluso su cuestionamiento a temas como el cambio climático, la pandemia de covid-19, la pobreza y la desigualdad, la injusticia racial o las amenazas que plantea la tecnología moderna”.
Sin situar a México como una autocracia, el informe 2022 apunta a rasgos muy preocupantes por la tendencia a la que apuntan. Cada uno de ellos debería ser materia de debate público para darle una buena enderezada al rumbo que ha escogido este gobierno con sus políticas francamente ineficaces o, de plano, con la desaparición o debilitamiento deliberado de las instituciones encargadas de atender la inseguridad, la procuración y administración de justicia y el respeto a los derechos humanos. Este es el diagnóstico que ofrece HRW.
La persistencia e impunidad de violaciones de derechos humanos incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos. Esto junto con los limitados esfuerzos por investigar desapariciones o identificar a los responsables.
La considerable ampliación de los ámbitos en los que actúan las Fuerzas Armadas, al disponer su movilización para tareas de orden público, el control de aduanas y la migración irregular, la gestión de programas sociales y el desarrollo y la operación de megaproyectos.
El aumento de los delitos que merecen prisión preventiva y el uso del arraigo, que permite tener a una persona detenida hasta 40 días sin presentar cargos.
La peligrosidad para los gremios de periodistas y defensores de derechos humanos.
La participación activa en políticas de migración abusivas que siguen sin recibir la atención del gobierno y sus órganos especializados.
La abierta oposición a la producción de energías limpias y el impulso a las centrales eléctricas estatales que dependen de combustibles fósiles por encima de fuentes de energía renovable. Junto con ello, Sembrando Vida, que se publicita como un componente central de su estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ha provocado la pérdida de 72 mil hectáreas de bosques.
No falta en el informe el manejo de la pandemia del covid-19 que ha provocado diversas demandas ante la Fiscalía y autoridades administrativas por parte de ciudadanos y juicios de legisladores por minimizar la contingencia sanitaria, negligencia, la política de aplicación de pruebas de detección y posible homicidio culposo por omisión de responsabilidades del subsecretario López-Gatell.
Al respecto, HRW señala que la gestión de México frente a la pandemia de coronavirus ha sido una de las peores por haberle restado importancia, darle la espalda a la evidencia científica y difundir información falsa. Como resultado, “México tiene una de las tasas más bajas de pruebas de covid-19 —y una de las tasas más altas de resultados positivos— en el mundo. No sólo es el informe de HRW, lo mismo confirma el Índice de Estado de Derecho del World Justice Program en el que se sitúa a México en el lugar 114 de 139 países para el cierre de 2021. El país va en picada: en el 2020 ocupábamos el lugar 104. Preocupante que México haya perdido puntos en 6 de los 8 factores que se evalúan y miden: límites al poder, corrupción, derechos fundamentales, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
El informe no se adentra en los otros problemas que enfrenta la democracia en México y otras partes del mundo, pero los académicos, investigadores y periodistas se ha encargado de hacerlo. Ellos son como dije antes: “la defensa de las instituciones democráticas, como tribunales independientes, medios de comunicación libres, legislaturas sólidas y un sector de la sociedad civil dinámico, incluso cuando eso conlleva un escrutinio incómodo de las políticas ejecutivas”.
