** gente como uno.
/ Mónica Garza /
Hace exactamente un año, en febrero de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el programa “mochila segura” era inconstitucional, porque violaba el artículo 16 de la Carta Magna:
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, dice el artículo.
Pero hoy, el debate sobre revisar o no las mochilas de los niños antes de su ingreso a las escuelas, vuelve a ponerse sobre la mesa, obligado por las circunstancias que claramente amenazan la integridad de los menores.
Lo ocurrido el lunes pasado con un alumno de secundaria de 12 años, que ingresó a su escuela en Iztapalapa, con un arma en la mochila que se le terminó disparando, hiriéndolo en una mano, no es un hecho aislado como insisten las autoridades capitalinas.
Un niño con un arma en la mochila significa que tiene acceso a ella, la ve cotidianamente, no le tiene miedo y nadie le ha enseñado a dimensionar el peligro de portarla.
Si a un niño se le hace fácil meter un arma en su mochila, ingresarla en la escuela y sacarla en plena clase, es que estamos ante una realidad muy amenazante.
El arma del niño de Iztapalapa era legal, propiedad de su padre, un médico cirujano dentista, que presentó los documentos del permiso ante el Ministerio Público, a quien argumentó haberla adquirido como herramienta de defensa propia, luego de un asalto.
¿Cuántos casos similares habrá? ¿cientos? ¿miles? Porque la ciudadanía tiene miedo y quiere sentir que podrá defenderse de alguna manera, ante la violencia que ya es parte de su cotidianidad.
La pistola del niño de Iztapalapa está registrada como comprada a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y es una de las muchas que se ofertan a través de su página de internet, cuyos precios varían entre los 8 mil, hasta más de 70 mil pesos.
Esas armas pueden ser adquiridas por “cuerpos de seguridad pública y privada, clubes cinegéticos y personas físicas que cubran los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos aplicables”, señala el sitio oficial.
El descuido del padre del niño de Iztapalapa, al incumplir con el acuerdo de resguardo del arma, al que se compromete al adquirirla, hoy lo tiene sujeto a una investigación de la Fiscalía capitalina y ha perdido la custodia de su hijo de forma temporal.
La jefa del Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, aseguró que ya se planea la elaboración de un protocolo, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, —en el que los padres de familia estén involucrados—, para resguardar la seguridad de los menores en la escuela.
Es decir, una especie de programa “mochila segura”, pero al que llamarán de otra manera para no violar la ley…
Y es que la revisión de los útiles al ingresar a las escuelas, según expertos en derechos de la infancia, no es compatible con un modelo educativo o un sistema familiar, porque no está basado en la confianza, viola derechos a la privacidad, la intimidad y hace un trato desigual y discriminatorio, presuponiendo que los niños o personas jóvenes, son delincuentes.
Por años el gobierno mexicano ha ignorado a los niños, niñas y adolescentes y ha enseñado a la sociedad a hacerlo sin consecuencias. Solemos ver a los menores como propiedad de las familias, lo que implica que se puede decidir sobre ellos y sus vidas. Eso es un error.
Porque el problema no son los niños, ni sus mochilas, sino su entorno, su salud mental lastimada por los adultos y sus ideas nocivas, muchas veces derivadas de un ambiente hostil en el que se desarrollan.
El efecto de la pandemia ha sido devastador para los niños que han vivido aislados y en muchos casos en ambientes de mucha violencia intrafamiliar.
La Secretaría de Gobernación en su informe “Impacto de la pandemia en niñas y niños” señala que los suicidios en menores de 10 a 14 años aumentaron 37% y los de adolescentes mujeres de 15 a 19 años, se elevaron 12%.
Entre 2018 y 2020, el pensamiento suicida en adolescentes aumentó de 5.1 por ciento a 6.9 por ciento; y su conducta suicida, de 3.9 por ciento a 6 por ciento.
Lo ocurrido en Iztapalapa más que “un hecho aislado”, es el reflejo de una realidad violenta a la que se han acostumbrado niños y adolescentes en México, para quienes la peor agresión radica en ser invisibilizados y sólo hasta que suenan los balazos, es que los volteamos a ver.
Pero sin estrategia clara para rescatarlos, no hay esperanza.
