/Jesús Silva-Herzog Márquez/
La Fiscalía General de la República nació podrida con el nombramiento de Alejandro Gertz Manero. Una institución vital para la legalidad, un órgano que, después de décadas, conseguía autonomía, encalló en el momento mismo en que fue confiada a un personaje de cuya deshonestidad e incompetencia hay abundantes pruebas. No necesitamos información confidencial para advertirlo. No es necesario admitir como verdades los rumores que corren sobre su vida y su patrimonio. Basta lo que es público y demostrable. La información que se ha difundido a lo largo de los años, los documentos que se han publicado, los engaños que ha consumado frente a las cámaras de televisión dan cuenta de la desfachatez del personaje al que se confió la persecución de los delitos. Es titular de una institución autónoma y tiene como encargo una misión de nueve años. Se ha demostrado que el hombre robó ideas presentándolas como propias para simular credenciales académicas. Sin el reconocimiento de sus pares, forzó, desde su posición
de poder, un procedimiento especial para asaltar el Sistema Nacional de Investigadores. Engañó al Presidente (o engañó con el Presidente) entregando un cheque que supuestamente aportaba para la “rifa” del avión presidencial. Fue un engaño. Del uso de la Fiscalía como instrumento de venganzas personales existen también evidencias incontrovertibles. Sus denuncias contra la pareja de su hermano y su hija eran desechadas por absurdas hasta el día en que empezó a mover el brazo punitivo del Estado. Entonces los jueces se plegaron a su odio y le entregaron como regalo las rejas que quería para sus enemigas. Este fin de semana pudimos escuchar de su propia voz la manera en que utiliza una institución para abusar monstruosamente de dos mujeres mayores. Faltan palabras para describir la bajeza del sujeto en cuyas manos está, en buena medida, la libertad de los ciudadanos.
Pero en la política que ya no es como antes, lo que cuenta y lo que basta es la confianza del presidente de la República. Desde el Palacio Nacional se reparten indulgencias que son patentes de impunidad. Cuando el Presidente declara su confianza convierte en intocable al personaje del que habla. Lo dice una y otra vez obligado a reaccionar ante los repetidos escándalos de su predilecto: “le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero. Lo considero una gente íntegra e incapaz de fabricar delitos”. La orden de protección es clara. Toda crítica al “incorruptible” fiscal debe en consecuencia ubicarse en el campo de las conspiraciones. En la versión oficial será la derecha la que denuncia las ventajas que la Suprema Corte otorga a una de las partes en un juicio. Serán los neoliberales quienes se ofendan por el uso caligulesco del poder. Serán los corruptos quienes, por leguleyos, rechacen la violación de los derechos humanos, la invasión de los poderes.
El escándalo más reciente del fiscal haría inaplazable su destitución. Si prevaleciera el decoro institucional, habría ya vacante en esa silla por renuncia del exhibido o por remoción del Ejecutivo. Los audios muestran que el fiscal ha usado el poder de la Fiscalía para desahogar sus rencores, que ha empleado a la institución como instrumento de causas personales, que ha interferido indebidamente en el proceder de la Suprema Corte de Justicia, que ha recibido de ese tribunal ventajas inadmisibles, que ha transgredido su compromiso con el debido proceso. Si el Presidente no lo remueve por las causas que evidentemente lo justifican, debería iniciarse, como ya lo han sugerido partidos de oposición, un juicio político en su contra.
La Suprema Corte de Justicia queda también manchada y seriamente por los audios que se hicieron públicos. El fiscal no solamente muestra que tuvo acceso indebido al proyecto de un ministro y que usa su oficina como despacho de pleitos personales. También sugiere que tiene tres o cuatro jueces en la buchaca y hace alarde de haber tenido conversaciones con el presidente de la Corte sobre este asunto personal y de recibir de él gestos de comprensión si no es que de franca colaboración.
La podredumbre de la Fiscalía es el signo más visible de esa conjura anticonstitucional que es el lopezobradorismo.
