**Números Rojos.
/ Brenda Caballero /
Fue el 10 de diciembre de 2017 cuando llegó alcoholizado, gritando e insultándome a mí y a mi hijo de entonces 14 años. No era la primera vez. Desde noviembre del 2016 yo había buscado ayuda por su constante violencia familiar. Por eso, ese día cerré la puerta, ya que mi hijo quería intervenir y defenderme. Le pedí que fuera con mi hija de 5 años a resguardarla y tranquilizarla. Me defendí como pude, pero no fue suficiente. Me pegó en la cabeza y ante los constantes golpes reboté en la pared. Por un momento quedé aturdida, situación que él aprovechó para arrebatarle de los brazos a mi hija y llevársela.
Tenía golpes múltiples en el cuerpo, me luxó el hombro, tuve que usar collarín por las lesiones en el cuello. Estuve en rehabilitación en el Creever cuando salí del hospital. ¿Por qué no me fui de la casa? Soy de Culiacán, no tengo familiares aquí.
–¿Denunciaste?– Le pregunto.
–¡Claro! Con testigos, videos y ¿sabes qué? ¡No pasó nada!– Me dice –¡Hasta me trataron como delincuente!
Ella es una de las muchas mujeres que sufren violencia intrafamiliar y por desgracia violencia institucional, ya que entre la burocracia y la pandemia de Covid 19 no ha visto físicamente a su hija desde hace 4 años.
Recuerda que en alguna ocasión hasta la abuela de la niña le dijo:
–¿Cuánto dinero por la niña?
–¡Mi hija no está en venta!– Le respondió pero el tiempo en que estuvo en rehabilitación tanto física como emocional, fue aprovechado por el padre de la pequeña para solicitar el depósito o guarda y custodia de la pequeña a nombre de su abuela paterna en el juzgado Octavo familiar con sede en Xalapa. “Lo hizo con información falsa, pues la niña vive con él”.
“Tuve que conformarme con los días martes, jueves y sábados para ver a mi hija en el Centro de Convivencia Familiar del Estado (Cecofam). Fueron pocos días los que convivimos como madre e hija, pues después ya no la llevó con el pretexto de que entró a la escuela. La metieron a clases extracurriculares para justificarlo. En ese pequeño tiempo me di cuenta que le hablaban mal de mí, le decían que yo era una bruja y que no quería verla. Ante esa situación fui a la escuela para ver a mi niña. Allí me di cuenta que la llevaba sucia y orinada al aula, con su mochila y cuadernos llenos de moho. Le compré alguna ropa a mi hija y le llevaba hasta comida”, pero la dejó de llevar su padre para que no la viera, “y se encargó en la escuela de hablar mal de mí, al grado de que me negaron la entrada”.
“He hecho hasta lo imposible por ver a mi hija. Sigo con mi lucha en los juzgados. He acudido al DIF, a Derechos Humanos, hasta metí un escrito al Gobernador del Estado, el Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez para su intervención. Una vez la fiscal que lleva mi caso me dijo que debía haber algo chueco, pues después de tanto tiempo en donde él no ha cumplido con llevarme a mi hija es increíble que las autoridades no lo obliguen a hacerlo”.
Y llegó la pandemia de Covid 19. “Yo estaba contenta porque por fin íbamos a estar juntas. Por disposición judicial le tocaba estar unos días de vacaciones de diciembre conmigo pero no la llevó porque argumentó que estaba muy enferma del estómago, a lo que el juez expresó que aunque estuviera hospitalizada, en ese tiempo la niña debería estar con su mamá y que me iban a recompensar el tiempo de no estar juntas”; sin embargo, no pasó nada; no hubo castigo por incumplimiento de un mandato judicial.
En el 2020, “mi hija tuvo un accidente, nunca me avisaron, me enteré por la maestra”. Le estuvo llamando al padre para ver cómo estaba su hija, “me contestó hasta que quiso con un ¡Qué chingaos quieres!”
Lleva tres carpetas de investigación, y por pandemia únicamente le permiten ver a su hija por videollamada de lunes a viernes, de 17 a 17:30 horas, y los sábados, de once a 11:30, “media hora en la que no podemos hablar libremente porque ellos están pendientes de la conversación. En la que no puedo decirle a mi hija ¿Hola mi vida, cómo estás? ¡Te amo con todo mi corazón! Porque se molestan e intervienen para que no le diga así. Situación que hice saber al entonces juez Cristian, de que en mi media hora interviene toda la familia y mi hija hasta ve de lado para que no muestre sentimientos hacia mí, porque la regañan”.
Ante esa situación, compró unos audífonos y se le indicó al padre de la niña por escrito que tenía que usarlos en la videollamada, de lo contrario se haría acreedor a un apercibimiento. “Pero siguen sin acatar las indicaciones judiciales, ¡Y no pasa nada!”
“El año pasado que me tocaba ver nuevamente a mi hija en periodo vacacional de diciembre, pasó lo mismo… no la llevó, pero eso sí, llevó un escrito que la niña tenía Covid. ¿Por qué no investigan? ¿Por qué le creen a este señor que me ha violentado física y psicológicamentea a mí y a mi hijo? ¿Qué hay detrás de todo este proceso con información falsa? ¿Por qué si incumple, no le revocan el depósito de persona?”
Ella cuenta que han cambiado al juez. Actualmente es una mujer y espera cambios en el proceso de investigación; que tomen en cuenta las carpetas de violencia intrafamiliar y que se dé sentencia definitiva.
Hace un llamado a la Fiscal del Estado, Verónica Hernández Giadáns, y a la titular del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz para que tomen cartas en su asunto y que se haga justicia pues en cuatro años y tres meses sólo le han dicho que tenga paciencia.
“¡Basta de espantarnos y de violentarnos! pues el hecho de que no pase nada implica que existan más violaciones y feminicidios. Como sociedad necesitamos hacer algo o de lo contrario preguntarnos ¿Qué generaciones vamos a tener?”
Por obvias razones omito los nombres de los implicados, pero no así la historia, para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y hagan posible el deseo de una madre que solo pide una cosa: ¡Estar con su hija!
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