Por Beatriz Pagés
El asesinato de Gilberto Muñoz Mosqueda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Energía y Gases, no mereció una sola mención o frase de reprobación por parte del Presidente de la República.
Muñoz Mosqueda era uno de los líderes más importantes del país, no solo por el tipo de sindicato que presidía sino por ser secretario general sustituto de Carlos Aceves del Olmo, actual líder nacional de la CTM a quien AMLO le regala sonrisas y sobadas en la espalda cada vez que lo ve.
El silencio y la indiferencia presidencial permeó a los medios de comunicación e incluso al mismo PRI. Tal parece que nadie entendió el significado de ese homicidio.
Extrañamente, tampoco nadie supo dimensionar lo que sucedió un día antes, 10 de mayo, de manera insólita, en un centro deportivo del Ejército Mexicano ubicado en Ciudad Acuña, Coahuila.
De acuerdo a lo narrado por el propio Carlos Aceves del Olmo, la titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, hizo las veces de Suprema Comandante de las Fuerzas Armadas al ordenar que soldados supervisaran el recuento por el Contrato Colectivo de la empresa “Arneses PCK”.
Con la presencia militar, el gobierno federal pretendía proteger los intereses de Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero que buscaba arrebatar a la CTM la titularidad del contrato en cuestión.
Votación que perdió Gómez Urrutia debido a que los trabajadores ven en él a un líder que se ha enriquecido a costa de ellos, sin importarle poner en riesgo su vida y seguridad.
El hecho de haber recurrido al Ejército, a petición de un líder que hoy goza de la protección presidencial, demerita la imagen de las Fuerzas Armadas y también representa una grave violación constitucional.
De acuerdo a la ley, solamente el Presidente de la República y el Secretario de la Defensa tienen facultades para dar órdenes al Ejército, lo que convierte a cualquier otro funcionario en responsable de usurpar funciones constitucionales.
Pero, lo anterior, es apenas la antesala de lo que viene.
La reforma laboral, impuesta por Estados Unidos, y que la 4T ha presentado como conquista de autonomía y democracia sindical, le vino como “anillo al dedo” al proyecto “chavista” de López Obrador para destruir a los sindicatos constituidos.
Lo que está haciendo AMLO es simple y sencillamente seguir la receta que utilizó el presidente Hugo Chávez para, desde la más importante Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, acabar con la estructuras y las diferentes ramificaciones del sistema político tradicional.
¿Cómo lo hizo? Cambiando el procedimiento para elegir a los dirigentes del sindicato. A partir del 8 de abril de 1999, las elecciones se dieron mediante voto universal, directo y secreto. Lo que suena, en apariencia, a democracia pura, pero que tuvo como único y verdadero objetivo el control absoluto del sindicalismo venezolano.
López Obrador, como lo dicta y manda el modelo bolivariano, busca sustituir a la CTM por una confederación que esté bajo su más absoluto control para desde ahí estallar huelgas, fijar condiciones laborales y expropiar empresas, en caso de que los dueños no acaten las disposiciones oficiales.
El 30 de abril de este año, la Cámara de Diputados aprobó por 398 votos a favor, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado para que todos los trabajadores de la administración pública federal puedan formar sindicatos.
Eso que, a simple vista, parece una victoria laboral, busca ser la punta de lanza para crear una serie de “sindicatos morenos” paralelos, diseñados para vaciar a la FSTSE y a cada una de las federaciones o confederaciones que agrupan en este momento a trabajadores de distintos gremios.
En la UNAM ocurre algo similar. Varios grupos académicos pretenden crear una serie de sindicatos como vía para posicionarse políticamente lo que contaminaría la autonomía y pondría en peligro la estabilidad de esa casa de estudios.
La parálisis económica y el desbasto que existe en este momento en Venezuela se debe en gran parte a que brotaron por todas partes “sindicatos bolivarianos” que dieron origen a conflictos inter sindicales, que han impedido la negociación de los contratos colectivos y llevado a las empresas a cerrar sus puertas.
Lo que está haciendo López Obrador, junto con su líder de bolsillo, Napoleón Gómez Urrutia, es crear las condiciones para llevar a la calles una guerra intestina entre sindicatos y trabajadores.
Pero, eso no es todo. El asesinato del dirigente Gilberto Muñoz Mosqueda, en Salamanca, Guanajuato, y de otros dos líderes cetemistas, Jesús García y Roberto Castrejón en Cuernavaca, Morelos, demuestra que el “paralelismo” sindical promovido por Gómez Urrutia ya está causando efectos perversos.
El “paralelismo” o creación de sindicatos dobles está dando origen, con ayuda del crimen organizado, al sicariato. Es decir, al asesinato por encargo, como sucedió en Plaza de Armas de Cuernavaca donde un joven de 22 años ejecutó a los dos líderes de la CTM que se enfrentaban a una nueva agrupación sindical promovida desde el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.
Los totalitarismos crean fachadas de democracia para ocultar verdaderas intenciones. La Reforma Laboral fue llevada al Congreso envuelta en papel de celofán, pero los hechos demuestran que se está convirtiendo en cuna de sicarios.
