**
23/03/2022/ Ciudad de México.- La reforma al artículo 225 del Código Penal Federal contempla pena de 4 a 10 años de prisión e incrementa la sanción un 33% por ciento, cuando las víctimas son mujeres, adolescentes, niñas, niños o personas con discapacidad.
En México, 5 de cada 10 feminicidios quedan impunes; aproximadamente 2 mil 180 mujeres fueron asesinadas en el 2021; 1616 fueron víctimas de homicidio doloso y 564 de feminicidio. Más de 10 mujeres son asesinadas al día.
De 2015 a 2020, los homicidios dolosos contra la mujer aumentaron un 61.18 por ciento, mientras que los feminicidios, en 129.61 por ciento.
La Cámara de Diputadas y Diputados da un paso fundamental a favor de las víctimas en México al aprobarse la reforma al artículo 225 del Código Penal Federal para prevenir y erradicar la “revictimización” de quienes son víctimas de cualquier tipo de delito propuesta por Laura Imelda Pérez Segura, Diputada Federal por MORENA.
Al proponer esta modificación al marco legal a nivel federal con perspectiva de género, la legisladora Laura Imelda Pérez Segura marca un referente para castigar —de manera ejemplar— la revictimización, estereotipación, discriminación y estigmatización contra las mujeres, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de algún delito.
Al hacer uso de la voz, la legisladora enfatizó que por diversos factores sociales se atenuó una injustificable “cultura” que normaliza la violencia de género en el país.
“Nos ha permeado de una sensación de inseguridad permanente, así como la desconfianza por la constante “revictimización” hacía el sistema de administración de justicia. Tal fue el caso de Ingrid Escamilla Vargas, víctima de feminicidio y de una difusión indebida de imágenes que vulneraban su derecho a la identidad, a la dignidad y a la privacidad”, advirtió la representante popular durante su intervención.
De acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), aproximadamente 2,180 mujeres fueron asesinadas en el 2021, de las cuales 1,616 fueron víctimas de homicidio doloso y 564 de feminicidio; lo que se traduce en más de 10 mujeres asesinadas al día y la tendencia histórica nacional refleja un aumento sustantivo.
Laura Imelda Pérez Segura, representante popular por el Distrito 16 con cabecera en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, subrayó que con esta aprobación se desalentará y sancionará a quien o quienes expongan, por cualquier medio, imágenes, audios, videos, documentos o información de víctimas de este y cualquier tipo de crímenes, relacionados con una investigación penal, las condiciones personales de la víctima o las circunstancias de hecho o hechos.
“Resulta indispensable —agregó— marcar un antes y un después de los protocolos de actuación en la investigación de este tipo de delitos, en donde se tipifiquen y se castiguen esas conductas, que tienen solamente la intención de causar perjuicio especialmente a mujeres víctimas de homicidio y feminicidio”.
El artículo 225 del Código Penal Federal contempla pena de 4 a 10 años de prisión y una multa de 100 a 150 días multa, al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, fotografíe, videograbe, audiograbe, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, o de cualquier material o información relacionada con la investigación penal de una víctima.
Aunque la iniciativa originalmente fue con un enfoque de género, ésta si se amplía para incluir a infantes y personas con discapacidad. Por ello, estas sanciones previstas en el párrafo anterior se incrementan hasta en 33 por ciento cuando se trate de casos de mujeres, adolescentes, niñas, niños o personas con discapacidad.
Con la aprobación de la Ley Ingrid a nivel Federal, la Diputada Federal Laura Imelda Pérez Segura suma ya 3 iniciativas aprobadas en lo que va del primer año legislativo de la LXV Legislatura y refrenda su compromiso para impulsar propuestas legislativas en defensa y salvaguarda de los derechos de quienes integren grupos históricamente vulnerados, sin menoscabo de su origen, condición económica o social.
