* El artículo transitorio Vigésimo Primero establece que el Ejecutivo Federal deberá instituir las Unidades de Género.
Redacción
SemMéxico. Cd. de México. 14 de noviembre de 2018.- Las Unidades de Género quedaron en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que tendrán existencia administrativa propia. Esto gracias a las diputadas que lograron incluirlas, entre otras: Guadalupe Almaguer del PRD, Ana Lilia Herrera, Lucero Saldaña y Dulce María Sauri, del PRI.
La Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal(LOAPF) para actualizar su estructura y funcionamiento.
El artículo transitorio Vigésimo Primero establece que “el Ejecutivo Federal deberá instituir las Unidades de Género en la Administración Pública Federal en un plazo de 60 días posteriores a la entrada en vigor de este decreto”.
Durante la sesión que tuvo lugar este 13 de noviembre la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, externó su preocupación en materia de igualdad de género al dictamen que reforma la LOAPF. “No concibo una Ley Orgánica sin los Enlaces de Género dado que son las instancias que garantizan la atención e implementación de los programas y políticas de igualdad en la Administración Pública Federal”.
La legisladora hizo énfasis en el incremento de la violencia contra las mujeres en los últimos años, y en la importancia del Estado mexicano en reconocer el flagelo como de primer orden en la agenda de política interior del país
Declaró que si bien está legislatura es la que la integran más mujeres y hasta lleva el lema de “Legislatura de la paridad de Género” debe reflejarse en la decisión de garantizar la permanencia de estas instancias.
“Apelo a la congruencia, a la memoria histórica y a la sororidad de las compañeras legisladoras sobre todo de Morena que son el grupo mayoritario, para que no se retroceda y retomemos la agenda de género legislando y presupuestando con perspectiva de género” enfatizó.
Del mismo modo la parlamentaria perredista insistió en que debe ser prioridad reforzar el papel institucional de la Conavim e integrar una de sus atribuciones principales: la coordinación de los tres órdenes de gobierno, la protección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y dar seguimiento a ello, así como formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales y municipales en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En razón de ello presentó la adición al “Artículo 27 fracción XXIV para “…coordinar los programas y acciones de las Unidades de Género de cada dependencia de la Administración Pública Federal” que fue votada a favor.
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) también se pronunció por adicionar el artículo Vigésimo Primero Transitorio, para que el Ejecutivo garantice el principio de igualdad y no discriminación e impulse acciones afirmativas que beneficien la institucionalización de perspectiva de género en las entidades y dependencias de Administración Pública Federal.
En días pasados, diversos grupos feministas alzaron la voz ante la pretensión del equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer las Unidades de Género de las dependencias del gobierno federal, en su reestructuración administrativa de austeridad.
El origen de la preocupación surgió porque circuló en medios de comunicación y redes sociales el texto “Guía y criterios generales para el inicio y continuidad de la administración” adjudicada al gobierno electo, que señalaba dentro de los recortes la eliminación de las áreas de equidad y género en todas las dependencias.
Ante el silencio del equipo del presidente electo, se publicó el “Comunicado Feminista a AMLO. Las Áreas de Género no pueden desaparecer de la Administración Pública“, en donde grupos feministas apelaban al candidato electo a reconsiderar este recorte administrativo y cumplir su compromiso con la justicia social y los derechos humanos. El comunicado fue suscrito por 656 feministas, activistas y promotoras de los derechos humanos, así como 217 organizaciones entre las que destacan varias universidades, sindicatos y colectivos.
La preocupación por esta situación se consideró “un retroceso, y reflejo de un amplio desconocimiento de que ninguna democracia podría consolidarse si se construye excluyendo a más de la mitad de la población.”
Con la publicación de este decreto, el ejecutivo federal está obligado a mantener las Unidades de Género en todas las dependencias federales.
El dictamen se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
