/Ana Lorena Delgadillo y Grace Fernández /
El Informe recién emitido por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) vuelve a poner en el centro una de las problemáticas más importantes en nuestro país: prevenir y erradicar las desapariciones, incluyendo las de personas migrantes. Habiendo recogido voces de cientos de familias, colectivos, organizaciones e información del propio gobierno, el CED nos deja el diagnóstico y el remedio. Algunas reflexiones sobre lo que se requiere:
Que las fiscalías funcionen y hagan de éste un tema prioritario. El CED refiere una impunidad casi absoluta: frente a más de 95,000 desapariciones (a su visita) había sólo 36 sentencias. Si las fiscalías no investigan y no sancionan, hay un permiso implícito para que desaparezcan personas. La participación de agentes del Estado y del crimen organizado por sí, aliado o coludido con el Estado, sólo se frenará si se sanciona; también se debe sancionar si no se les busca o no se investigan los casos. Ahí no hay escape. Todos los autores y todas las cadenas de responsabilidad deben estar incluidas.
Una implementación efectiva del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, con los recursos y colaboración de las fiscalías. La crisis forense reporta más de 52,000 cuerpos sin identificar. El CED pudo vivir la experiencia de madres buscadoras y palpar el dolor de recuperar fragmentos óseos de una o decenas o centenas de personas desaparecidas y asesinadas; entendieron la importancia de regresarles el nombre, saber lo que les sucedió y castigar a los responsables.
Desmilitarizar al país: el CED señaló la militarización de la seguridad pública como un riesgo frente a violaciones a derechos humanos. Mientras los militares participen en tareas de seguridad pública, control migratorio y otras que sólo deberían estar en manos de civiles, el riesgo de que siga habiendo desapariciones y otras violaciones a derechos humanos sigue latente.
Que las comisiones de búsqueda tengan recursos, dejen de buscar sólo caso a caso y hagan uso de herramientas de contexto; se organicen para completar sus registros y se coordinen para la búsqueda. Esto pasa por tener la colaboración de todos los actores.
Que no dejemos de lado que desaparecen migrantes, mujeres, niñas, jóvenes, adolescentes, periodistas, transportistas, defensores, personas LGBTIQ+, comunidades indígenas que defienden territorio y recursos naturales. Cada una de estas poblaciones requiere medidas específicas para buscarles y para investigar dónde están las causas y quiénes se están beneficiando con su desaparición.
Dada la deuda histórica con familiares de personas migrantes desaparecidas y ejecutadas, el CED recomendó una Comisión Especial con enfoque regional para dar respuesta a los casos de las masacres. La FGR ya ha aceptado el apoyo técnico de la ONU pero falta implementarlo. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la FGR tienen que emitir lineamientos para que funcione efectivamente el Mecanismo de Apoyo Exterior y así las familias puedan participar desde cualquier país en la búsqueda y la investigación.
Se requiere que las familias sean escuchadas e incluidas en las políticas públicas que se implementen; son ellas quienes aportan información en las investigaciones, arriesgan su vida buscando a sus familiares y son un actor fundamental en el país para crear políticas públicas de búsqueda y justicia.
Prevenir y erradicar las desapariciones no puede quedar únicamente a cargo de la Secretaría de Gobernación, sino ser una voluntad de todo el Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno y de los tres poderes, las fiscalías y demás órganos autónomos. Sin coordinación difícilmente habrá resultados.
AMLO dijo que atender las desapariciones era prioridad de su gobierno, pero durante su mandato se sumaron más de 24,800 casos. Si es una prioridad, se debe reflejar en acciones reales de todo el gobierno federal y de la Fiscalía General. Aún es tiempo de sentar las bases. Las familias lo reclaman.
Grace Fernández es Representante del Colectivo BÚSCAME.
@GRACE_MAHOGANY Ana Lorena Delgadillo es Directora de la Fundación para la Justicia.
