*Insta a las autoridades locales a fortalecer la política estatal de procuración e impartición de justicia con perspectiva de género.
Redacción
Xalapa, Ver, 12 junio 2019.- El Instituto veracruzano de las mujeres realizó un extrañamiento a la Fiscalía General del estado de Veracruz con motivo de las observaciones Finales sobre el IX Informe Periódico de México en 2018, donde se expone la preocupación de la existencia de trabas institucionales, estructurales y prácticas muy asentadas que dificultan el acceso de las veracruzanas a la justicia.
La encargada del despacho de la Dirección General del Instituto Veracruzano de las mujeres, Rocío Villafuerte Martínez, además destaca la existencia de las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida y por Agravio Comparado, emitidas al estado de Veracruz por la Secretaría de Gobernación, donde dicho Comité insta a las autoridades locales a fortalecer la política estatal de procuración e impartición de justicia con perspectiva de género, que garantice la salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia.
En una carta sin destinatario especifico, sino solo a la dependencia, pese a que se conoce que Jorge Winckler Ortiz es el titular de la FGE Veracruz, solicitó “respetuosamente” que realice la investigación de cada una de la mujeres asesinadas, de acuerdo con los estándares e instrumentos internacionales que sustentan la debida diligencia.
“En este deber está incluido el conocer e investigar los patrones de violencia que afectan a las mujeres, como es lo que ahora se ha nombrado como femicidio. Y, asimismo, los casos que tiene catalogados como homicidios dolosos, bajo la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos”.
“Reconociendo estas condicionantes de inequidad y desigualdad hacia las mujeres cruelmente asesinadas, y en mi carácter de encargada de Despacho de la Dirección General del Instituto Veracruzano de las Mujeres, cuyo objeto es promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura de igualdad de género, que elimine los obstáculos para el pleno goce y ejercicio de los derechos de las mujeres y sus libertades fundamentales e implementar políticas públicas que favorezcan su desarrollo integral, respetuosamente me permito solicitar a la Fiscalía General del Estado, como el órgano autónomo responsable de la procuración de justicia en Veracruz, que realice la investigación de cada una de la mujeres asesinadas, de acuerdo con los estándares e instrumentos internacionales que sustentan la debida diligencia, tal como lo establece el Artículo 7 b de la Convención de Belém do Pará, que estatuye el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
En este deber dice el extrañamiento está incluido el conocer e investigar los patrones de violencia que afectan a las mujeres, como es lo que ahora se ha nombrado como femicidio. Y, asimismo, los casos que tiene catalogados como homicidios dolosos, bajo la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.
Texto del Extrañamiento
A la Fiscalía General del Estado
El Estado Mexicano, a través de su orden constitucional y mediante la firma de tratados internacionales, ratifica su voluntad de promover, proteger y garantizar los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particular, y configura una plataforma jurídica que sustenta la procuración y administración de justicia en el país.
A la luz de los compromisos internacionales y las reformas constitucionales recientes, el Estado Mexicano está obligado no sólo a garantizar los derechos humanos, también a acortar la brecha entre el pleno goce de los derechos relacionados con el acceso a la justicia y al debido proceso para las mujeres y para otros sectores de la población altamente discriminados, como son los pueblos originarios.
Reconociendo que la violencia de género es distintiva de pautas culturales y estructurales y que las condiciones de vida de las mujeres son reflejo de la discriminación y desigualdad, es preciso e importante que la actuación de los servidores públicos que procuran e imparten justicia, se guíe por los principios de igualdad y no discriminación, establecidos en nuestra Carta Magna.
La violencia contra las mujeres constituye una grave violación a los derechos humanos y un importante obstáculo para el desarrollo inclusivo, equitativo y sustentable. En este sentido, es importante reconocer que la violencia contra las mujeres es un continuum que muchas veces concluye en feminicidios.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz establece seis tipos de violencia: física, psicológica, sexual, patrimonial, económica y obstétrica, y categoriza siete modalidades a saber: violencia de género, en el ámbito familiar y la violencia en el ámbito familiar Equiparada, laboral y/o escolar, en la comunidad, institucional, política y feminicida, siendo este último el crimen o asesinato de una mujer por razones de género, que en últimas fechas se ha recrudecido en la entidad veracruzana, tal como lo refiere el Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que, de acuerdo con lo reportado al 20 de mayo del año actual, correspondiente a los meses de enero a abril, refiere la incidencia de 67 feminicidios y 72 delitos de violencia de género en todas sus modalidades, los cuales, sin una investigación precisa y competente, pueden desembocar en feminicidio.
Los feminicidios constituyen una violación constante y sistemática de los derechos humanos y los derechos de las mujeres; pero, sobre todo, ponen en evidencia la falta de cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado Mexicano y potencian la impunidad y naturalización de la violencia contra las mujeres y las niñas, generando un total obstáculo al ejercicio del derecho a la justicia que constitucionalmente tienen las mujeres mexicanas.
Identificando que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles), emitió el reporte Observaciones Finales sobre el IX Informe Periódico de México en 2018, y entre éstas expresa que le preocupa la existencia de trabas institucionales, estructurales y prácticas muy asentadas que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia; y además la existencia de las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida y por Agravio Comparado, emitidas al estado de Veracruz por la Secretaría de Gobernación, dicho Comité insta a las autoridades locales a fortalecer la política estatal de procuración e impartición de justicia con perspectiva de género, que garantice la salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia.
Reconociendo estas condicionantes de inequidad y desigualdad hacia las mujeres cruelmente asesinadas, y en mi carácter de encargada de Despacho de la Dirección General del Instituto Veracruzano de las Mujeres, cuyo objeto es promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura de igualdad de género, que elimine los obstáculos para el pleno goce y ejercicio de los derechos de las mujeres y sus libertades fundamentales e implementar políticas públicas que favorezcan su desarrollo integral, respetuosamente me permito solicitar a la Fiscalía General del Estado, como el órgano autónomo responsable de la procuración de justicia en Veracruz, que realice la investigación de cada una de la mujeres asesinadas, de acuerdo con los estándares e instrumentos internacionales que sustentan la debida diligencia, tal como lo establece el Artículo 7 b de la Convención de Belém do Pará, que estatuye el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. En este deber está incluido el conocer e investigar los patrones de violencia que afectan a las mujeres, como es lo que ahora se ha nombrado como femicidio. Y, asimismo, los casos que tiene catalogados como homicidios dolosos, bajo la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.
Xalapa, Ver., 12 de junio de 2019
ATENTAMENTE
LIC. MARÍA DEL ROCÍO VILLAFUERTE MARTÍNEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES
