De Interés Público
Emilio Cárdenas Escobosa
El pasado 13 de junio asumí la presidencia del Comité de Participación Ciudadana y con ella del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, lo que representa un privilegio y un enorme reto que enfrento con determinación y convicción.
Porque al igual que la gran mayoría de la sociedad estoy convencido de que la desigualdad, el desempleo, la falta de oportunidades, los graves rezagos que nos lastran y la incontrolable violencia criminal que nos amenaza a diario tienen su origen, sin duda, en la corrupción, las complicidades y la agraviante impunidad que vivimos.
La corrupción todo lo corroe. Es un problema estructural cada vez más complejo y sofisticado, que desde el poder se mueve a través de redes de ocultamiento y maquinaciones para defraudar, y que opera felizmente al amparo de la falta de castigo.
Del lado ciudadano desde tiempos inmemoriales tenemos interiorizado el razonamiento de que la dádiva, el cohecho, el porcentaje o diezmo y la mordida son mecanismos de defensa o interacción ante la autoridad, que sirve lo mismo para agilizar trámites y evitar multas que para ganar un contrato, una licitación o ser beneficiario de fondos o recursos económicos provenientes de programas gubernamentales.
Del lado de la autoridad, del servidor público, se tiene por regla general que los cargos públicos son para aprovecharlos en beneficio propio o de los amigos o cercanos. Sea para fortalecer la carrera política, hacer negocios o fondearse para la próxima campaña electoral, para el próximo encargo que se busca.
Son reglas no escritas y modus vivendi de muchos.
Son también prácticas que conforman un amplísimo catálogo de los resortes que mueven a buena parte, o gran parte para ser más precisos, de quienes abrazan la carrera política y el servicio público, desde luego con sus honrosas excepciones, y que al final, guiados por la voracidad, la falta de escrúpulos y la ausencia de sanciones a sus actos, alimentan al monstruo de mil cabezas llamado corrupción.
Todo eso es posible porque se concibe a los puestos públicos como un botín. Y esa captura de la administración gubernamental, de los órganos de representación o de toda institución pública, los convierte en espacios para acomodar a los incondicionales, a los correligionarios y a habilitar funcionarios solo por afinidades partidistas, sin importar si cuenten con el perfil requerido para el cargo, lo que pone la mesa para perpetuar la corrupción.
De ahí que lo central en esta lucha es combatir justamente esa captura, frenar los afanes de los políticos por administrar los gobiernos sin rendir cuentas e impulsar una nueva cultura de la legalidad que permita moralizar la vida pública.
La sociedad quiere acciones decididas para combatir la corrupción y la impunidad. Está decidida a que se cambie realmente y a fondo el estado de cosas y que el discurso del combate a la corrupción, de la honestidad, se corresponda con acciones que lo demuestren.
Por ello se creó el Sistema Anticorrupción como un mecanismo que vincula a las instancias públicas responsables de la prevención, fiscalización, transparencia, y la sanción administrativa y penal de las faltas y hechos de corrupción, que deben trabajar coordinadamente en un órgano colegiado que es presidido por un representante ciudadano.
En Veracruz se ha avanzado en contar con los cimientos del Sistema, con los órganos que lo integran debidamente conformados y en operación. Con una presencia pública importante gracias al trabajo del Comité de Participación Ciudadana con la vinculación con organismos empresariales, instituciones académicas y organizaciones sociales para sumar esfuerzos en la lucha anticorrupción.
Sin embargo es mucho lo que falta por hacer.
Actualmente los esfuerzos se centran en integrar la Política Estatal Anticorrupción, que alineada a la política nacional en la materia pero con las especificidades de la problemática de nuestro estado, haga posible cerrar los espacios a la arbitrariedad, la impunidad y la visión patrimonialista del poder, a fortalecer la profesionalización en el servicio público, a impulsar la cultura de la legalidad y a vigorizar la interacción del gobierno con la sociedad.
No obstante, los diques para que esto se lleve a cabo son muchos y de diversa índole.
Persiste la simulación y la reticencia de instituciones y actores de la vida pública para transparentar sus actos, para hacer efectiva la rendición de cuentas.
Desde su instalación el Comité de Participación Ciudadana de Veracruz debió avanzar a contracorriente. En el gobierno anterior se nos cerraron las puertas de las oficinas gubernamentales y en los meses recientes ha debido enfrentar campañas mediáticas para denostarlo, para cuestionar la integridad de sus miembros, para frenar sus iniciativas. Ante cada queja que se hace pública, ante cada solicitud de información respecto a denuncias ciudadanas sobre presuntos hechos de corrupción, la respuesta ha sido cuestionar al Comité.
Se ha querido poner en tela de duda la honorabilidad de sus miembros solo por el hecho de cuestionar, indagar, preguntar o ventilar presuntos hechos fuera de la ley y pedir a las autoridades que lo investiguen y cumplan con su responsabilidad. Se nos cuestiona por cumplir un mandato legal y por ejercer las atribuciones de vigilancia que nos otorga la Ley del Sistema Anticorrupción.
Este año, además, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción se le aplicó un recorte de más del 50 por ciento a su presupuesto. El mayor recorte de todas las instituciones públicas en Veracruz, lo que dejó al Sistema en una condición financiera tal que le imposibilita prácticamente cumplir con las obligaciones que la ley le impone y que llevó a fuertes ajustes en su operación y al recorte, decidido por el Órgano de Gobierno, de casi la mitad del personal.
Hay muchas resistencias. Pero eso a los ciudadanos no nos frenará.
La tarea no es fácil. Confiamos en la sensibilidad del Gobierno de Veracruz para fortalecer al Sistema Anticorrupción, que, sin duda, puede y debe ser su mejor aliado en el cumplimiento de los objetivos de la lucha contra la corrupción y la impunidad que enarbola el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Combatir de verdad y a fondo el fenómeno de la corrupción debe trascender el discurso, más allá de agendas personales, proyectos políticos o visiones partidistas o de grupo. Es una tarea fundamental para hacer frente al fenómeno indeseable del ejercicio indebido de la función pública del que ya padecimos ampliamente en Veracruz y que no queremos que se repita.
Esto solo será posible si existe una participación ciudadana fuerte y demandante. Porque cuando los ciudadanos nos alejamos de la cosa pública y se nos adormece el juicio crítico a las acciones de gobierno, los políticos hacen de las suyas. Eso lo sabemos y lo hemos padecido ampliamente en nuestro estado y en todo el país.
Por eso el combate a la corrupción y la impunidad en Veracruz solo puede lograrse con un Sistema Estatal Anticorrupción eficaz, eficiente y fuerte.
Pero para que ello se logre es fundamental que exista la apertura gubernamental y la voluntad política para mostrar en los hechos el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción y la impunidad.
Quienes formamos el Comité de Participación Ciudadana, en alianza con la sociedad civil organizada, con el concurso de los medios de comunicación, con las aportaciones del periodismo de investigación, con la inteligencia de muchos académicos, y con todos los que quieran sumarse a esta gran cruzada, haremos nuestra tarea, con todo nuestro esfuerzo, capacidades y experiencia.
Lo que esperamos, simple y llanamente, es que las autoridades hagan la suya.
No esperamos más pero tampoco menos.
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