/ Por Sonia Hortal Hurtado./
Madrid, 05/06/2022- AmecoPress – El informe emitido por la Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB), en colaboración con Women Engage for a Common Future (WECF), presenta, a lo largo de sus 151 páginas, un ejemplo de cómo trasladar el ecofeminismo a las políticas medioambientales. Del mismo modo, analiza múltiples cuestiones ambientales y sociales e invita a en sus recomendaciones sectoriales, 21 en total, a realizar una política interseccional y transformadora con perspectiva de género. Ahora, ante el Día Mundial del Medio Ambiente, analizamos estas reivindicaciones y objetivos, a los que se ha querido sumar la Plataforma Impacto de Género Ya.
En los últimos años, los movimientos ecologistas y sociales de Europa han salido a las calles y se han movilizado intensamente, también de manera virtual, para exigir a los gobiernos que tomen medidas para frenar el cambio climático, detener la pérdida de biodiversidad, reducir la contaminación y garantizar la justicia social. Millones de europeos se han sumado a estas protestas con las que la juventud reclama soluciones más ambiciosas a la crisis climática, las feministas se manifiestan en toda la región contra la opresión patriarcal y las comunidades racializadas congregan a enormes multitudes en apoyo a las marchas de Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) exigiendo el fin de la violencia policial y del racismo sistémico. Pero estos movimientos no actúan de forma aislada. Sus causas de fondo están conectadas: sistemas del capitalismo feroz, patriarcado y racismo.
Las iniciativas ecofeministas que vinculan el activismo ecologista con la lucha feminista están experimentando un resurgir en todo el mundo. En Europa, cada vez está más aceptado que la transición verde debe ser desde el punto de vista social y de género y que debemos resolver los desafíos de nuestro tiempo aplicando estrategias interrelacionadas.
El Pacto Verde Europeo como principal marco político de la actual Comisión Europea y la nueva Estrategia de Igualdad de Género de la Unión Europea son señales claras de que tanto la protección del medioambiente como la igualdad de género ocupan un lugar destacado en la agenda de la Comisión von der Leyen. A pesar de que en el Tratado de Lisboa ya se establece la obligación de incluir la perspectiva de género en la formulación de las políticas y de que las interrelaciones entre la igualdad de género y los desafíos medioambientales en Europa y en el mundo ya están de sobra demostradas, las políticas europeas de medio ambiente y de género siguen estando muy aisladas entre sí, con escasa consideración del análisis de género también en los últimos desarrollos políticos relacionados con la transición hacia la sostenibilidad.
Este informe, bajo el título de “¿Por qué el Pacto Verde Europeo tiene que ser Ecofeminista?”, lo que hace es analizar varios aspectos de la vinculación entre la igualdad de género y la acción medioambiental en Europa y, en primer lugar, habla sobre los impactos ambientales y su relación con el género. Por ejemplo, los hombres generan en promedio entre un 8 y un 40 % más de emisiones que las mujeres, principalmente debido a su comportamiento en materia de movilidad y alimentación. Las mujeres tienden a elegir opciones de movilidad más sostenibles y presentan patrones de viaje diferentes, con desplazamientos más cortos y frecuentes, mientras que los servicios de transporte público suelen basarse en los desplazamientos directos de los hombres al trabajo.
En cuanto a la representación, el sector medioambiental dista mucho de ser igualitario o inclusivo en términos de género, lo que refleja la infrarrepresentación general de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Así mismo, las mujeres con distintos niveles de marginación, por ejemplo, las mujeres racializadas, jóvenes, con discapacidades y las de género no conforme, se enfrentan a discriminaciones interseccionales. Son más vulnerables a los problemas medioambientales y a los efectos del cambio climático, y están en riesgo de quedarse atrás en la transición ecológica. Los estereotipos, la cultura sexista y violenta en el trabajo, el tokenismo y el racismo estructural son algunos de los factores que explican su situación.
21 recomendaciones sectoriales
Las políticas del Pacto Verde Europeo que se analizan en dicho informe continúan aplicando, en su mayoría, una perspectiva androcéntrica. Además de ignorar la perspectiva de género, el androcentrismo supone que el modelo masculino es el punto neutro y objetivo que deben tomar como referencia las políticas. Y son estas las conclusiones que han llevado a la Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB) a emitir una serie de recomendaciones, un total de 21, dirigidas a la Unión Europea.
En materia económica y de empleo, hace un llamamiento a transformar su Pacto de Estabilidad y Crecimiento en un Pacto de Sostenibilidad y Bienestar que permita realizar inversiones que orienten la transformación hacia una economía del bienestar para todos y todas. El Parlamento Europeo y el Consejo deberían acordar disposiciones más exigentes para la propuesta de directiva sobre transparencia salarial, la inclusión de requisitos específicos para las organizaciones de menos de 250 empleados y los salarios mínimos adecuados (con medidas específicas para aquellos ámbitos en los que la remuneración es muy baja, como los sectores de servicios segregados por género y los cuidados en particular).
Sin embargo, se le insta, al mismo tiempo, en beneficio del sector comercial, a respetar el principio de «no causar daños», con el objetivo de que ninguna disposición propuesta por la UE en las negociaciones comerciales o de inversión socave la igualdad de género o ponga obstáculos a la adopción de medidas para frenar el cambio climático. Del mismo modo que debe regular las inversiones adoptando una taxonomía marrón, definiendo qué inversiones son perjudiciales para el planeta, con sanciones o medidas disuasorias para eliminar dichas inversiones por completo y de manera urgente, y estableciendo una taxonomía social que incluya requisitos de igualdad de género.
Si hablamos del clima, las recomendaciones que emiten hablan sobre una evaluación obligatoria del impacto social y de género de las políticas y medidas incluidas en los planes nacionales de energía y clima que se adopten en aplicación de la Ley del Clima. Además, en la fase de despliegue de la Estrategia de adaptación al cambio climático, recomiendan abordar las vulnerabilidades de género, el trabajo de cuidados remunerado y no remunerado, la comunicación y la formación con perspectiva de género, y el seguimiento y la presentación de informes sobre las acciones con perspectiva de género y sus resultados.
Incluir los aspectos sociales en la próxima revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía y promover prácticas como la redistribución de los ingresos procedentes de la tarificación del CO2 entre la población con menos ingresos, en su gran mayoría mujeres, es algo que propone el informe en materia energética. La UE, dicen, debería garantizar la justicia de género en la financiación que proporciona al sector energético, por ejemplo, apoyando a las mujeres en toda su diversidad con préstamos para empresas de energía, programas de orientación y formación a medida, planes financieros y condonación de deuda para reducir la pobreza energética. Al mismo tiempo, los Estados miembro deberían garantizar que los alquileres y otros costes relacionados con la vivienda no aumentaran como resultado de las renovaciones estableciendo mecanismos de control de los alquileres.
En cuanto a la estructura de la inversión, la fiscalidad y los incentivos monetarios estos, asegura el informe, deberían dejar de centrarse en el transporte privado y desviarse hacia un transporte público flexible, asequible y seguro, tanto dentro de las ciudades como entre ellas, y promover la construcción de infraestructuras seguras para la movilidad activa. Recomiendan a los Estados miembro y los gobiernos locales priorizar el aumento de la capacidad, la fiabilidad y la flexibilidad de los servicios fuera de las horas punta para adaptarse mejor a las pautas de movilidad de las mujeres y las personas con problemas de movilidad en los desplazamientos intraurbanos.
Los incentivos de la UE a través de la PAC, por su parte, deberían incluir disposiciones sobre las solicitudes de subvenciones y préstamos de menor cuantía, lo que facilitaría el acceso a los mismos por parte de grupos más diversos, incluidas las pequeñas ONG o las mujeres agricultoras. El nuevo Marco común de seguimiento y evaluación de los resultados de la PAC debería tener en cuenta la igualdad de género, así como establecer objetivos nacionales de incorporación de nuevas mujeres al sector agrícola.
Por último, dentro de estas recomendaciones sectoriales, el informe da una serie de consejos que la UE podría seguir sobre productos químicos, alegando que los Estados miembro deberían incluir consideraciones de género en todas las políticas y normativas relacionadas con los riesgos asociados a las sustancias químicas, así como incluir los productos menstruales en la regulación y gestión de sustancias químicas de la UE.
Eliminar todos los impuestos sobre los productos menstruales, incluidos los reutilizables, como las bragas menstruales, y ponerlos a disposición del público gratuitamente en las escuelas para luchar contra la precariedad menstrual, los productos tóxicos y los residuos, es algo que el informe reitera de manera persistente, pues el beneficio medioambiental es considerable.
Un total de 21 reivindicaciones sectoriales que pueden contribuir a una transición inclusiva, justa desde el punto de vista del género, pertinente en su impacto y más eficaz para un futuro neutro en carbono y, sin lugar a dudas, sostenible con el planeta.
Foto: Archivo AmecoPress, Imágenes tomadas del informe “¿Por qué el Pacto Verde tiene que ser Ecofeminista?”.
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Pie de foto: Manifestaciones ecofeministas.
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