/ Evy Peña /
La visita de AMLO a la Casa Blanca el próximo 12 de julio arriba en un momento históricamente tenso entre México y Estados Unidos. Pero en medio de desacuerdos sobre energía y seguridad, fortalecer los derechos humanos laborales de personas migrantes puede ser un punto de consonancia.
Ambos países se han dedicado a promover la expansión de los programas de trabajo temporal. En el marco de la Declaración de Migración de Los Ángeles (fruto de la pasada Cumbre de las Américas), Estados Unidos anunció un programa piloto de $65 millones de dólares para apoyar a granjas que contraten a personas trabajadoras con visa. Un par de semanas después, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que el gobierno del país vecino otorgará 300 mil visas de trabajo para personas mexicanas y centroamericanas. Sin embargo, México tiene en sus manos evidencia contundente que demuestra los efectos nocivos que tienen dichos programas en las trabajadoras mexicanas -y una responsabilidad de ponerlo sobre la mesa durante la reunión con Biden.
Los abusos laborales que enfrentan las personas migrantes con visas de trabajo están al centro de la primera comunicación pública en contra del gobierno de los Estados Unidos bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la cual fue presentada por dos trabajadoras migrantes con el apoyo del Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM). La comunicación presentada el 23 de marzo del 2021 argumenta que el gobierno estadounidense está violando sus obligaciones bajo el acuerdo comercial al facilitar la discriminación estructural basada en sexo en los esquemas de migración laboral existentes.
Tras 473 días sin una resolución, hemos continuado recibiendo denuncias de más trabajadoras mexicanas quienes han enfrentado impedimentos para obtener empleos con visas temporales, acoso sexual e intimidación y barreras para acceder a remedios legales. Algunos de estos testimonios fueron incluidos en un suplemento entregado al gobierno de Estados Unidos en marzo del año en curso.
Frente a nuestra comunicación pública e incontables reportes de abusos laborales, la propuesta de ampliar el acceso a estos programas de trabajo temporal a lo largo del continente americano resulta aún más preocupante. Quienes huyen de países del triángulo norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) a causa de violencia y persecución buscan seguridad y asilo en Estados Unidos, no acceso a canales de explotación laboral.
La próxima reunión bilateral es una oportunidad para que México tome un rol de liderazgo en avanzar la igualdad de género, destacando nuestra comunicación pública bajo el T-MEC, priorizando las voces y experiencias de trabajadoras migrantes temporales y exigiendo protecciones como el acceso a servicios legales. Cuando el T-MEC entró en vigor hace poco más de dos años, los países firmantes aseguraron que sería una herramienta para mejorar las condiciones laborales en la región. Estados Unidos ha allanado el camino, empujando por la resolución de quejas relacionadas a la libertad y democracia sindical en México. Pero sin atender la comunicación pública en su contra, estos esfuerzos encarnan estándares dobles.
La cooperación bilateral es fundamental para mejorar las condiciones laborales en la región -tan fundamental como asegurar un abordaje inclusivo que no deje a poblaciones de personas trabajadoras de lado-. Expandir los programas de trabajo temporal, sin primero abordar el abuso estructural que enfrentan las trabajadoras migrantes, solo propagará la explotación. Y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes será una imposibilidad.
La autora es Directora de Campañas en el Centro de los Derechos del Migrante, Inc.
