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/ Rosario Guerra /
Desde 2012 las mujeres legisladoras lucharon por contar con una ley que protegiera sus derechos políticos frente a crecientes agresiones que se suscitaron. Desde que en 1993 se adoptó el sistema de cuotas, se incrementaron ataques y descalificaciones. Hubo en el Congreso más de 40 iniciativas, entre 2012 y 2019, para atender el tema de la violencia política contra las mujeres, sin éxito, pues no contaron con los votos necesarios.
Pero en 2019, cuando logramos aprobar reformas constitucionales para la paridad en todo, se hizo más necesario que nunca legislar sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. De lo contrario, la paridad y los derechos políticos de las mujeres serían solo enunciativos.
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No fue fácil, pero se reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para definir la violencia política, y ésta pasó a ser un delito en la Ley de Delitos Electorales, que en su artículo 20 bis definió conductas delictivas de género y se impusieron penas de dos a cuatro años de prisión, mismas que se incrementaban si quien cometía la falta era un servidor público.
Ya en el proceso electoral de 2021, se aplicaron por primera vez los nuevos criterios. Hubo denuncias y se cancelaron dos elecciones municipales por violencia de género. Un avance para que la población se enterara de que conductas difamatorias, calumniosas, agresivas, no serían toleradas. El TEPJF cumplió con las reformas.
Poco a poco hemos avanzado en lograr el respeto a los derechos políticos de las mujeres. Pero de repente surgen ataques misóginos de las propias mujeres contra otras, sin sentido de sororidad, en aras de objetivos o venganzas políticas, utilizando a las mujeres como arietes sin consideración alguna.
Layda Sansores cayó en el delito de violencia política contra las mujeres al decir que estaban en su poder fotografías íntimas de diputadas priistas, incluso desnudos, que buscaría no se publicaran y que las encontró en un celular, sin explicar cómo tuvo acceso a ese teléfono.
Poner a mujeres honorables, diputadas federales, como prostitutas es una gran ofensa. Sus dichos se acompañaron por bots que publicaron nombres y rostros de las diputadas y emitieron photoshops para incitar a que se les violara porque eran propiedad del pueblo.
Se hace en redes sociales apología de la violencia política de género provocada por la gobernadora Sansores. Esto es inadmisible. Lesiona a las diputadas, a sus familias, pone en riesgo de bullying escolar a sus hijos, en fin, genera más violencia.
Estos ataques anónimos deben ser investigados por la Policía Cibernética, si quiere ser confiable. No pueden quedar en el olvido o en la anécdota. Las diputadas federales ya acudieron ante la Fiscalía General de la República a denunciar la violencia política en razón de género. La FGR debe actuar conforme a las leyes que aplican a esta perversa conducta y no someterse al dicho de AMLO “no me vengan con que la ley es la ley”.
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Lo hecho por Layda Sansores viola la Ley de Delitos Electorales en su artículo 20 bis, fracción VIII, al afectar sus derechos político electorales; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al no respetar los derechos humanos de las mujeres; y ejerce violencia institucional y política contra las mujeres.
Es despreciable la conducta de Layda Sansores al utilizar a las mujeres de ariete para sus propósitos, sin importarle el daño que causa a las mismas y a la lucha feminista que por décadas hemos impulsado. Su denostación debe ser castigada. Mujeres de diversas redes sociales, feministas y políticas, periodistas, académicas, se han unido a una unánime condena a Layda Sansores.
Mario Delgado miente cuando dice que es una aliada de las causas feministas. Su conducta demuestra lo contrario. Y ante hechos tan lamentables, tan lesivos, solo nos queda alzar la voz. ¡Queremos justicia! Nada más, ni nada menos. La FGR debe decidir qué camino tomará, antes de despreciar a más de la mitad de la población, que ya es en parte abusada y sometida, pero que se ha rebelado y actuado con conciencia, como lo demuestran las manifestaciones del 8 de marzo.
No vamos a callar, ni a ser cómplices de delincuentes. O Layda Sansores es juzgada con los elementos que prueban su violación a las leyes y a los derechos humanos de las mujeres, o quedará un estigma para la administración de justicia.
