LINOTIPIA
/ Peniley Ramírez /
B es un niño de once años con discapacidad dentro del espectro autista. Hace una semana, la vida que tenía se acabó. Su madre, Luz Raquel Padilla, se había asumido como su cuidadora 24/7, nombre que se da a quienes se dedican al cuidado de tiempo completo de personas con discapacidad. Hace meses, Luz Raquel denunció que sus vecinos se quejaban violentamente de los ruidos que B hacía cuando sufría crisis. En su edificio había carteles amenazantes diciendo que iban a matarla y que la quemarían viva. El sábado 16, las amenazas se cumplieron. Luz Raquel caminaba cerca de su casa, cuando un grupo de personas le prendió fuego.
La cobertura de prensa se ha centrado en los detalles del feminicidio, las amenazas, la posible identidad de los asesinos y la negligencia de las autoridades para proteger a Luz Raquel. Pero muy poco se ha dicho sobre qué sucederá con B, cómo las autoridades piensan garantizar su seguridad y sus cuidados. Algunos reportes indican que vivirá con su abuela y el gobernador de Jalisco anunció escuetamente que se le daría atención.
El caso de B y Luz Raquel es el primero documentado en México de un crimen de odio hacia una persona con discapacidad, me dijo Katia D’Artigues, periodista y fundadora de la organización Yo También, que visibiliza cómo viven las personas con discapacidad en México. “En otros países cuando denuncias un delito o una amenaza te preguntan si tienes una discapacidad. En México esta pregunta no se hace, así que no sabemos cuántas personas que sufren delitos viven con discapacidades”, me dijo D’Artigues.
Luz Raquel pertenecía a la colectiva Yo Cuido, que agrupa a muchísimas personas, la mayoría mujeres, que son cuidadoras 24/7. La noticia del asesinato provocó que muchas mujeres de este grupo contaran detalles sobre sus propios casos en redes sociales y en manifestaciones. Han relatado que reciben insultos y amenazas en la calle y en su trabajo, hay desconocidos que les escupen y gritan, sus familiares se alejan de ellas. Estas cuidadoras no reciben ningún pago. A menudo, sufren problemas de salud mental, provocados por el estrés de ocuparse todo el tiempo de personas con discapacidad, sin tener una preparación adecuada o capacidad económica para hacerlo.
Un informe que publicó en 2020 Human Rights Watch (HRW) muestra el horror de la violencia hacia personas con discapacidad en México, en muchos casos, por parte de sus familias. “Hay una visión romántica en la sociedad de que los familiares de personas con discapacidad están en la obligación de apoyarlas durante toda su vida. En México hay un gran vacío de políticas públicas para que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente”, me dijo Carlos Ríos, investigador senior de HRW y autor del informe.
Ríos recorrió varios estados de México y entrevistó a personas con discapacidades. Lo que halló es escalofriante. Algunas viven en cobertizos, otras están muchos días sin que las bañen, o duermen junto a bolsas llenas de orina; muchas dicen que sus cuidadores los insultan, los golpean o los abusan sexualmente.
El reporte explica cuál es la responsabilidad del Estado mexicano en esta situación. En muchos casos, estas personas con discapacidad reciben una pensión mínima. No les alcanza para vivir de forma independiente, ni para contratar a alguien que les asista. Tampoco el Estado provee asistentes o cuidadores pagados. Para las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género acudir a un refugio tampoco es una opción, porque ocho de cada 10 de los que aún existen no están adecuados para recibirlas.
Quienes viven con discapacidad están atrapados en una situación en la que dependen de la capacidad económica y emocional de su familia para cuidarles con amor y sin violencia. Los testimonios indican que ese amor y cuidado era lo que B recibía de su madre hasta hace una semana. Los asesinos de Luz Raquel y la inacción del Estado le quitaron a su madre y a su cuidadora. Al parecer, su abuela se hará cargo, pero no es su obligación hacerlo. Es responsabilidad pública construir un sistema de cuidados que atienda a las miles de personas que, en México, viven con alguna discapacidad. Nos corresponde a todos exigirlo.
