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10/08/2022/ Ciudad de México.- La secretaria del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, María Luisa Alcalde, justificó el hecho de que no haya estado presencialmente en la mina de Sabinas, Coahuila, al hecho dijo, que la dependencia que encabeza no está a cargo del rescate.
La funcionaria del gabinete de AMLO repitió lo que había dicho al otro día del accidente en su red social.
Enfatizó que lo primero es el rescate de los 10 mineros atrapados en la mina, y posteriormente , aseguró, se realizarán las investigaciones sobre las condiciones laborales del lugar.
En este momento la prioridad absoluta es el rescate de los mineros, actividad que coordinan @SEDENAmx y @CNPC_MX. @STPS_mx colabora.
Concluida dicha labor y siguiendo los protocolos, se iniciará el proceso de investigación para determinar con claridad las causas del accidente.
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) August 4, 2022
Alcalde Luján fue entrevistada en el marco de la Feria Nacional del Empleo para la Inclusión Laboral de la Juventud, que se llevarán a cabo todo agosto, donde destacó que los encargados del rescate son los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Protección Civil pues tienen experiencia.
“Es que los encargados del rescate son la Sedena y Protección Civil, ellos son los que tienen experiencia en el rescate y ellos fueron los encargados directamente del presidente López obrador por la experiencia que tienen en ese sentido”, refirió.
Al respecto de la falta de supervisión a la mina -que hoy protagoniza una tragedia- sobre sus nulas condiciones laborales y de seguridad, sostuvo que tras el rescate se realizarán estas investigaciones.
“Una vez concluida la prioridad entonces iniciarán las investigaciones en donde nosotros vamos a participar en eso… la investigación viene después de la prioridad absoluta que es el rescate, todos se va a conocer, absolutamente todo. Toda la investigación se va a dar a conocer, pero primero el rescate”, finalizó.
Se conoce que las minas o pocitos que hay en la zona de emergencia trabajan irregularmente, donde los trabajadores venden el riesgo de su vida a 140 pesos la tonelada y los propietarios del lugar se los sobrevenden al menos a 1200 pesos a la CFE.