** La Corte .
/ Azul Etcheverry /
Esta semana, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció su intención de presentar un acuerdo para designar un control completo de las funciones de seguridad de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El jefe del Ejecutivo dijo que analiza, dentro de sus atribuciones, qué modificaciones pudieran realizarse para que esto ocurriera antes de concluir su mandato.
No obstante, ni mediante un posible decreto ni con sus alianzas en el Congreso, donde no tienen mayoría, podrían reformar leyes secundarias para adscribir de jure lo que de facto ocurre administrativa y operacionalmente en la Guardia Nacional como parte de la Sedena. Lo anterior, considerando que los partidos de oposición decidieron realizar una moratoria legislativa en la que no se aprobarían ninguna de las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador.
El tema de fondo de la inseguridad y la violencia radica en que no hay un marco institucional ni una estrategia bien definidas para enfrentar dichos problemas, ni tampoco se tiene claro qué lugar debe asignársele al uso de la fuerza pública, bajo un contexto en el que durante años los esfuerzos de construcción de una fuerza civil tampoco han sido fructíferos, tomando en cuenta la escalada de asuntos de seguridad nacional y el agravio social que representa el combate al crimen organizado en todas sus variantes.
La realidad es que después de 15 años de utilizar al Ejército en tareas de seguridad pública, ésta viene acompañada de resultados mediocres y nos sigue demostrando que no ha servido para mejorar las condiciones de seguridad del país. Más allá de los razonamientos teóricos, que no justifican el uso de la fuerza militar en tareas civiles vinculadas con el Estado de derecho, la rendición de cuentas, violación de derechos humanos o acceso a la transparencia, no se han querido atacar los problemas de raíz para propiciar un verdadero estado del bienestar, dentro y fuera de México, que permita incidir positivamente en la cadena de oferta-demanda-regulación de sustancias ilícitas.
Por otra parte, poco se habla sobre la posibilidad que por decreto presidencial se presente una violación constitucional en la que se está involucrando a una de las instituciones más fortalecidas del Estado en el último sexenio, ante el argumento de la militarización de las operaciones estratégicas de la nación. En un escenario aciago, la proliferación militar puede vulnerar las capacidades democráticas de una sociedad, ejemplos en el mundo sobran.
Ante esta creciente posibilidad, el Poder Judicial de la Federación se está quedando corto respecto a sus obligaciones constitucionales. Actualmente son 10 acciones de controversias constitucionales pendientes relacionadas al rol activo en la procuración de justicia civil por parte del Ejército y la Guardia Nacional, con lo que se desconocen los alcances en sus labores respecto a tareas de seguridad pública.
Se trata de una situación particularmente sensible, porque, dentro de este limbo jurídico, los derechos humanos son los primeros en verse afectados. Esto ha llevado a la proliferación e impunidad en casos de detenciones ilegales, desapariciones forzadas, tortura, violación, etcétera, por parte de las fuerzas militares. Estas denuncias llegan a tribunales militares, argumentando razonamientos de seguridad nacional, cuando al verse involucrados civiles no debiera suceder.
Para que ocurra lo que pretende el Presidente se tendría que cambiar el articulado constitucional, lo cual hoy se vislumbra prácticamente imposible, sin embargo, nos demuestra, nuevamente, el desconocimiento jurídico, la improvisación y la falta de claridad administrativa de la oficina del Ejecutivo federal.
