/ Tere Vale /Opinión .
Me indigno por un dato duro aterrador: 40% de las y los reclusos en las penitenciarías mexicanas (92,600 personas) están en alguna forma de limbo, que ni los condena ni los libera, pero que los pone tras las rejas y que se conoce en nuestro país como prisión preventiva oficiosa o justificada.
Esto que no es justicia y que más bien se parece a una tómbola la padecen todos estos mexicanos. Ojo, son datos oficiales aparecidos en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria de la mismísima Secretaría de Seguridad en junio de este año.
No es que no haya sospechado, desde hace muchos años, la cantidad de arbitrariedades e injusticias que se cometen en el sistema judicial mexicano, pero confirmar un dato así de contundente, saber que casi la mitad de la población carcelaria está privada de la libertad sin haber sido juzgada, no puede más que revolverme el estómago. Espero que a usted también.
Y desde luego me enfoco en este tema al ver con alivio que en la SCJN se discute la propuesta de eliminar la prisión preventiva oficiosa que de acuerdo a los expertos y a los que no lo somos, pero que creemos en la presunción de inocencia y en el debido proceso, es a todas luces un avance en el respeto a los derechos humanos. Evidentemente el debate se anuncia muy intenso, ya que inmediatamente que esta discusión se abrió, comenzaron las presiones por parte de la presidencia de nuestro país para oponerse a esta medida cautelar que es inconstitucional al decir de muchos destacados juristas con los que yo. sin ser abogada, estoy de acuerdo. El proyecto del ministro Luis María Aguilar habla de cómo esta medida se opone a la ya mencionada presunción de inocencia y también a la proporcionalidad de las sanciones dependiendo de cada delito.
El caso de Rosario Robles es hoy más que nunca un buen ejemplo de como se ha abusado de esta situación no por razones jurídicas sino más bien políticas. Robles Berlanga pasó tres años en encarcelamiento sin haber sido juzgada ni (en estos durísimos 36 meses) haber recibido por lo tanto una sentencia. ¿Quién o cómo se le puede compensar a una persona por esa parte de su vida sin gozar de libertad y con tanto dolor innecesario? Pareciera que la consigna es: aquí te encierro y luego averiguamos… y hazle como quieras.
Al momento de escribir este texto, otro personaje, el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, sufre, al parecer, la misma suerte de la privación de la liberdad sin juicio, pero supuestamente “justificada”, aunque yo más bien diría que se trata de una prisión política. Poner en una penitenciaria, sin juicio de por medio, a uno de los llamados “adversarios” del presidente es sin duda un abuso de poder y hay que decirlo claramente. Pensemos que lo que les sucede hoy a estas personas, podría sucedernos mañana a cualquiera de nosotros sin que existan pruebas ni evidencias de por medio, no más porque así conviene a los poderosos.
Y qué no nos digan que la prisión preventiva ha contribuido en algo a bajar los índices de violencia que tanto preocupan y padecemos hoy las y los mexicanos. México como firmante de la Carta Americana de Derechos Humanos, como dijo el propio presidente de la SCJN, el ministro Arturo Záldivar, hace incompatible lo que está sucediendo hoy en nuestro país. No nos arrepintamos después.
P.D. Al terminar de escribir este artículo me entero de que Murillo Karam se queda en prisión. ¡Uf!
