**Rúbrica .
/ Por Aurelio Contreras Moreno /
La amenaza no fue ni velada: el pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López se lanzó contra el Poder Judicial de una manera que no se le recuerda a algún otro mandatario del México contemporáneo, por el tema de la prisión preventiva oficiosa.
“Dije, voy a tener oportunidad de proponer a ministros, hice mi cuenta, más los que estén ahí, decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México, y, ¿qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas pero ya una vez que propuse ya por el cargo, o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia”, dijo, haciendo evidente su absoluto desprecio por la división de poderes. Y que ve a esos ministros como sus empleados.
Pero fue más allá. En consonancia con otra frase suya que marcará su sexenio –“no me vengan con que la ley es la ley”-, se quejó de que “sus” ministros “ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos, (…) que cada quien asuma su responsabilidad, ya nos cuesta trabajo contar con cuatro de los 11”. ¡Impensable, que un ministro de la Corte esté pensando en hacer valer la legalidad!
Este lunes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó la discusión relativa a la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, contra cuya derogación el gobierno supuestamente “progresista” y de “izquierda”, que se autoproclama la “cuarta transformación” del país, ha lanzado una tremenda embestida política y mediática, ya que esa figura jurídica le permite meter a la cárcel a quienes considera sus enemigos casi bajo cualquier pretexto.
Los resultados están a la vista. Cuatro de los ministros de la “tremenda” Corte recordaron quién los puso ahí y adelantaron que votarán en contra de declarar la inconstitucionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa, a pesar de contravenir acuerdos internacionales en materia de derechos humanos firmados por México.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU incluso exhortó al gobierno de México a anular la prisión preventiva oficiosa por ser contraria las garantías internacionales de protección de derechos humanos, conclusiones que comparte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos.
El “argumento” de una de las ministras “obradoristas”, Yasmín Esquivel, para esquivar estos compromisos y obligaciones es verdaderamente de antología: la togada salió con que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es una “reproductora autómata” de las posiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tendrá idea de la barbaridad que dijo en su afán por justificar su abyección? ¿Sabrá siquiera que México ha signado acuerdos en la materia que lo obligan bajo el derecho internacional a proteger los derechos humanos y a no legislar en contra de éstos?
Pero el Poder Judicial no es el único que dobla la cerviz al primer manotazo presidencial. El mismo viernes, el Poder Legislativo funcionó como triste “oficialía de partes” del Ejecutivo para sacar adelante, a como diera lugar y sin moverle una coma, la reformas a diversas leyes para que la Guardia Nacional quede bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, militarizando por completo las labores de seguridad pública en México.
A pesar de que la discusión de los diputados federales en lo particular se extendió toda la noche y concluyó la mañana del sábado, fue un mero trámite: ni una coma, ni una letra fueron modificadas de unas reformas que son claramente inconstitucionales, pues en la Carta Magna se estableció –en este mismo sexenio, valga recordar- el carácter civil de la Guardia Nacional, aunque en los hechos siempre fue un cuerpo militarizado. Solo que ahora ya se dieron “permiso” para dejar de simular.
La sumisión del Judicial y el Legislativo al Ejecutivo marca la ruta para un fin de sexenio todavía más autoritario, represivo y como consecuencia natural, aún más violento.
Las cifras ahí están: en México, 92 mil 590 personas están detenidas por prisión preventiva oficiosa, la mayoría sin sentencia en ninguna instancia y desde hace varios años. Y la estrategia de “seguridad” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con los militares en las calles igual que con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ha dejado ya casi 133 mil homicidios dolosos en lo que va de este sexenio.
Y faltan todavía dos años.
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