**Gente como uno .
/ Mónica Garza /
¡Sólo 5 años tenía mi niña, tengo el corazón hecho pedazos!”… retumbaban las palabras. Adriana Araceli Rodríguez Guerra lo gritó de frente. Era el reclamo de la mujer por la muerte de su nieta, en Nuevo Laredo, el pasado 31 de agosto, víctima de una bala perdida del Ejército. La niña iba en el coche y se desvaneció sobre su hermano de 7 años.
La versión oficial sostiene que elementos del Ejército se enfrentaban a un grupo delincuencial y el vehículo en el que viajaba Heidi quedó en medio del fuego cruzado. Organizaciones civiles y familiares sostienen la versión de que se trató de un ataque directo.
“Se nos presenta esta situación lamentable, dolorosa para la familia, y nuestros adversarios se alborotan, los zopilotes”, dijo al respecto el Presidente Lopez Obrador, calificando el hecho como un caso de “excepción”.
Del inicio de su administración hasta septiembre de 2021 se presentaron por lo menos 47 “excepciones”, por abuso de autoridad, negligencias en los protocolos o el uso indebido de la fuerza, según un informe de la propia autoridad militar.
Por eso la insistencia de la sociedad civil organizada, activistas, intelectuales, académicos y sociedad en general, por hacer retroceder de alguna manera lo que, apuntan, parece, huele y sabe a una militarización del país.
Hoy es una realidad votada en el Senado, que por un lado desviste a sus protagonistas políticos, al someter a México a un futuro advertido como inconveniente hasta para la propia institución militar.
De 2018 a la fecha, según el informe de México Unido contra la Delincuencia, las Fuerzas Armadas tienen el control de 223 funciones, de las cuales 100 son ajenas a temas de seguridad pública como el control de Aduanas, la construcción del Tren Maya, del Tren Transístmico, el control del Banco del Bienestar, del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, del programa de reforestación Sembrando Vida, del traslado de vacunas Covid-19, sólo por mencionar las más conocidas. Un total de 53% de las funciones transferidas al Ejército. Todo un récord.
De 2006 a 2021 el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional ha aumentado 163%, lo que la convirtió en la quinta dependencia con más presupuesto en el país y se colocará como la segunda al asumir el control también de la Guardia Nacional.
Activistas y colectivos de derechos marcharon al Senado el martes pasado.
Activistas y colectivos de derechos marcharon al Senado el martes pasado.Foto: AP
Ante esta situación una voz importante volvió a ser la de las mujeres y esta semana nació “Resistencia feminista antimilitarista”, un nutrido grupo de académicas, activistas, políticas y periodistas que se unieron para alzar la voz.
Muchas llevaron a las calles su reclamo, con veladoras en las manos y la advertencia en sus pancartas, sustentadas en historias de víctimas.
Porque son mujeres, madres, hijas, hermanas o parejas de víctimas las que han remplazado el papel del Estado en la búsqueda e investigación de distintas violaciones a derechos humanos de las que señalan a las Fuerzas Armadas.
Desde hace décadas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado el uso indiscriminado de la fuerza, privaciones arbitrarias de la libertad, torturas, agresiones sexuales, desapariciones forzadas y otras violaciones graves a los derechos humanos se han perpetrado a manos del Ejército con un alto nivel de impunidad.
Las Fuerzas Armadas en México tienen una misión muy clara y han contribuido a salvaguardar la seguridad nacional del país, obligadas a expandir sus funciones a la lucha contra el narcotráfico, lo que expuso a los militares a una vulneración prácticamente inevitable por su propia condición humana.
Pero “el problema de sacarlos del cuartel, es volverlos a meter”, como cuentan que dijo Miguel de la Madrid en 1985, mientras sobrevolaba en helicóptero la tragedia del terremoto, negándose en ese momento a tomar la llamada del Secretario de Defensa, en ese capítulo que marcaría su sexenio.
En éste, el Presidente y sus legisladores han sacado a la milicia de los cuarteles ante la mirada atónita de una sociedad más organizada que protesta, no contra los militares, sino contra la cada vez mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas oficiales y sus consecuencias.
Sin duda este capítulo también marcará a este sexenio y a su presidente, y la historia juzgará…
