/ Isabel Sepúlveda /
Un país militarizado significa vivir en un Estado de excepción donde las garantías individuales se reducen al mínimo. Sin éstas, los Derechos Humanos (DH), esencia de la democracia, desaparecen. Un gobierno militarizado es la antítesis de uno democrático. Ante la militarización que están llevando a cabo el Presidente y aliados en el Poder Legislativo y en la SCJN, es necesario tener presentes no sólo los DH que nos otorga nuestra Constitución, también, al formar parte de la ONU, el gobierno mexicano está obligado a garantizarnos lo plasmado, desde 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La alta comisionada para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó su preocupación por las reformas que ceden el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional -cuyo carácter civil está consagrado en la Constitución- a la Sedena, dirigida exclusivamente por militares.
“Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México. (…) las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, dijo Al-Nashif. Además recordó que la presencia militar ha aumentado desde 2006, sin haber reducido la criminalidad y sí aumentando las denuncias de violaciones de los DH por las Fuerzas Armadas. Estos son algunos de los DH universales hoy amenazados en nuestro país.
1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica o de cualquier otra condición.
Pero el discurso presidencial decide quién es bueno (quien está de su lado), y quién malo (todos los demás). El resentimiento causa violencia, más cuando se alienta desde el poder. También la prisión preventiva oficiosa, en discusión en la SCJN, vulnera DH fundamentales.
3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
4. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
5. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
6. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.
7. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
8. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
9. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
10. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas sus garantías necesarias para su defensa.
La ONU también ha urgido a la SCJN a que anule la prisión preventiva oficiosa. No hacerlo ayudaría a cerrar las pinzas de control e intimidación para crear y mantener un gobierno militarizado.
Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, que debería ser la primera en levantar la voz ante la evidente amenaza a los DH, se ha plegado a los deseos del Presidente y declaró que estas reformas no afectan la integridad, por lo tanto no es necesario, ni presentará controversia constitucional alguna.
