Urgen a Gobierno de México seriedad y NO simulación en caso Ayotzinapa .

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31/210/2022/ Cd. de México.-Luego de que Alejandro Encinas  el presidente de la Comisión para la Verdad reconoció que tomó medidas “drásticas” por la presión de Andrés Manuel López Obrador para esclarecer el caso, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rechazó la validez de los mensajes de WhatsApp presentados como prueba por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa urgió a tener seriedad y a dejar la simulación .

La verdad de la Comisión de la verdad se vino abajo cuando Alejandro Encinas, aceptó que el informe presentado el pasado 18 de agosto incluyó un gran número de evidencias sin verificar, incluyendo los señalamientos contra militares “Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado” dijo.

“El presidente me dijo, ‘¿qué pasó? Ya informa’ (…) Nos quedan dos años de gobierno y nosotros tenemos que dar resultados y la fiscalía tiene que judicializar” .

En conferencia de prensa el grupo interdisciplinario presentaron el peritaje informativo forense sobre las capturas de pantalla en el que se basa parte del informe de del Covaj, y concluyeron que no son fiables porque no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad.

Es decir no hay manera de verificar la fecha de creación original del WhatsApp, tampoco el tipo de dispositivo celular donde se encuentra configurada la cuenta de la cual se realizó la captura de pantalla, objeto del análisis forense.

Ante las declaraciones de Encinas la conmoción prevalece entre las víctimas familiares de los normalistas desaparecidos. por lo que las y los integrantes detallaron sus conclusiones.

Ángela Buitrago resumió lo que sigue de ahora en adelante para los dos expertos que proseguirán trabajando en el mecanismo provisional de coadyuvancia. “No podemos tampoco desistir de intervenir, cuando podemos seguir luchando por obtener esa información para darle razón a los padres sobre los muchachos”.

Carlos Beristain, integrante del grupo GIEI, fue quien detalló que existieron diferentes inconsistencias en el caso, como que no es posible encontrar quién configuró la cuenta de WhatsApp, al igual que el contenido.

Francisco Cox, integrante del GIEI, descartó que la invalidez de los chats no representen una nueva verdad histórica sobre el caso, aunque subrayó que son una “torpeza” por parte de las autoridades.

Cox enfatizó que son tantas las inconsistencias de las capturas de pantalla que no pueden ser utilizadas para un proceso judicial como elementos de prueba.

Según el informe presentado por Alejandro Encinas, la orden de desaparecer a los estudiantes se dio alrededor de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, después de que los normalistas fueran perseguidos y golpeados.

“En todo momento, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio”.

Las evidencias no confirmadas

Uno de los elementos más relevantes del informe de la CoVAJ presentado en agosto fue el recuento de más de cuatro mil registros de presuntas comunicaciones entre integrantes del cártel de Guerreros Unidos, el grupo criminal identificado como el responsable de la desaparición de los normalistas.

Los mensajes de WhatsApp llegaron a Encinas en abril de 2022 como un alivio tras su infructuoso encuentro con el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). En dichas conversaciones, los miembros de Guerreros Unidos habrían detallado el paso a paso de sus operaciones para asesinar y desaparecer a los estudiantes.

Aunque la serie de 467 capturas de pantalla, entregada por una sola fuente, fue cortejada con otras pruebas, Encinas nunca compartió las imágenes de los chats con la Fiscalía General, en donde se pudo haber realizado un análisis forense que verificara la autenticidad de los mensajes.

El argumento del funcionario fue que le preocupaba cualquier posible filtración, además de que la presión desde Palacio Nacional lo obligaba a presentar un informe “oportuno” a las familias de los normalistas.