/ Por: Raymundo Riva Palacio /
Tres años después de haber regresado al escrutinio de las autoridades federales por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el viernes pasado fue detenido en Tepic el teniente retirado Leonardo Vázquez Pérez. La captura tiene un explosivo potencial y podría ser el eslabón perdido que está buscando el Gobierno que conduzca de manera sólida a lo que en retórica ha señalado: la participación de funcionarios estatales y federales en el crimen. Al Gobierno le urge un golpe que judicialmente se sostenga, porque hasta ahora, sus pesquisas se están cayendo a pedazos.
Vázquez Pérez es un personaje que se mantuvo con un muy bajo perfil en los últimos años, y sólo había ido a declarar hace tres años en la Fiscalía General sobre el Caso Ayotzinapa. En vísperas de que rindiera su declaración en septiembre de 2019 se publicó en este espacio “El oscuro teniente”, una primera y somera aproximación a sus relaciones personales. Sinaloense de origen, se apuntó, se mudó a Acapulco donde vivía su hermana, que fue una de las parejas sentimentales de Arturo Beltrán Leyva, con cuyos hermanos, antes de romper con el Cártel de Sinaloa/Pacífico, eran los responsables de la seguridad de la Federación, que encabezada por este grupo, era paraguas para todos los cárteles salvo Tijuana, Golfo y Los Zetas.
Los Beltrán Leyva controlaban el corredor Ciudad de México-Cuernavaca-Acapulco de cocaína y precursores químicos para las metanfetaminas, y cuando llegó Vázquez Pérez a Acapulco, vivió en un condominio frente a la discoteca Baby O, cuyo propietario, según autoridades federales, era Édgar Valdez, La Barbie, lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva. Las autoridades no tienen claro cómo se vinculó al Gobierno de Ángel Heladio Aguirre, que lo incorporó como subsecretario de Seguridad, de donde ascendió a ala titularidad de la dependencia.
Vázquez Pérez logró sortear de manera extraña las sospechas sobre sus relaciones con el crimen organizado. El 24 de junio de 2013, por ejemplo, Acapulco amaneció con perros muertos en las calles con mensajes dirigidos al entonces subsecretario. “Que te quede claro y no se te olvide la mano que te dio de comer”, decía uno. “Acuérdate del tío Arturo Beltrán Leyva, que te mató el hambre y que te la sigue matando a ti y a tu familia, aunque ya no está con nosotros”, decía uno.
“Ya basta de estar asesinando a nuestra propia gente, a la misma gente que te tendió la mano y te sigue dando de comer. Deja de molestar a las tiendas que de ahí sale el dinero para que tú tragues. Respétanos. Este atento llamado es para que agarres la línea del Tío como siempre lo has hecho y nos ayudes a limpiar toda la bola de secuestradores y extorsionadores”, señalaba otro.
Cuando esto sucedió, Beltrán Leyva llevaba poco más de cuatro años muerto, abatido por comandos especiales de la Marina en Cuernavaca. Tras su muerte la organización se había dividido. De una facción surgieron los Guerreros Unidos, cuyos fundadores, Alberto y Mario Pineda Villa, que eran pistoleros de Beltrán Leyva, fueron asesinados por órdenes de este capo cuando descubrió que estaban secuestrando y extorsionando a sus espaldas. Otra facción se agrupó en Los Rojos, fundado por Jesús Nava Romero, que murió junto con Beltrán Leyva en Cuernavaca.
Tras la aparición de los mensajes, las autoridades fueron estableciendo sus vínculos con Guerreros Unidos, donde clandestinamente jugaba un papel importante la hermana de los Pineda Villa, María de los Ángeles, la esposa del alcalde José Luis Abarca cuando desaparecieron los normalistas en Iguala, al ser entregados por policías municipales de Iguala y de otros municipios de Tierra Caliente, en Guerrero, a la organización criminal. Sin embargo, no hicieron nada.
La noche del 26 de septiembre de 2014, cuando se pidieron refuerzos estatales para dirigirse a Iguala, donde ya había empezado la violencia contra los normalistas, Vázquez Pérez no acudió al llamado, excusándose de que estaban concentrados en el penal en prevención de una fuga.
Su detención ha elevado las expectativas dentro del Gobierno federal, porque de acuerdo a lo que han encontrado los investigadores, él era el enlace directo con Ernesto Aguirre, quien era coordinador de Proyectos Estratégicos del Gobierno federal, pero, sobre todo, como sobrino del gobernador, reconocido como el poder tras el trono. Ernesto Aguirre tenía oficinas en Casa Guerrero, y veía todos los asuntos importantes de su tío. Su poder era superior al de cualquier miembro del gabinete, así como su capacidad de veto.
Aunque supervisaba todas las acciones del Gobierno, en el tema de la seguridad tenía una ascendencia superior, involucrándose en las adquisiciones y en la relación directa con los jefes policiales. Cuando se dio la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el gobernador le encargó presidir las reuniones que tenían los funcionarios de su administración con estudiantes de la escuela. Aguirre, el sobrino, tenía una relación estrecha con Vázquez Pérez, al que protegió, y a él se le adjudica sus promociones en el área de seguridad. Además de él, mantenía nexos cercanos con el entonces coordinador de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch, actualmente secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Vázquez Pérez y García Harfuch fueron denunciados en julio de 2019 junto con otros 235 funcionarios y ex funcionarios federales y estatales por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la desaparición de los normalistas, cuyos nombres aparecían en una libreta que, según las autoridades federales, pertenecía a Sidronio Casarrubias, ex líder de Guerreros Unidos, señalado como el principal responsable del crimen.
La captura de Vázquez Pérez es vista por las autoridades en las secretarías de Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana como la oportunidad para consolidar la red de vínculos en Guerrero que está en el trasfondo de la desaparición de los normalistas y documentar judicialmente la participación de altos funcionarios estatales y federales en ese crimen que, se puede agregar, les urge que inyecte oxígeno a la investigación sobre el caso que la haga revivir.
