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22/11/2022/ Ciudad de México | Desinformémonos. Un juez federal otorgó la suspensión definitiva a cuatro de las 24 concesiones mineras que la Secretaría de Economía entregó en los municipios de Actopan y Alto Lucero en Veracruz, como resultado del amparo que las comunidades interpusieron el pasado 25 de agosto, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
De acuerdo con el Centro, las 20 concesiones restantes que también forman parte de este distrito minero están aún sujetas al pronunciamiento de las autoridades judiciales, pero se espera que en las próximas semanas se suspendan también sus efectos, «permitiendo salvaguardar los derechos de las comunidades al evitar que se produzcan daños irreparables en esta región».
Señaló que la Secretaría de Economía presentó por su parte diversos recursos de revisión ante las cuatro suspensiones, otorgadas el pasado 22 de septiembre, «mismos que aún están sin resolverse».
El Cemda también celebró la negación de la autorización al proyecto “Exploración mediante Barrenación a Diamante Caballo Blanco 1”, promovido por la empresa Minera Caballo Blanco a través de un informe preventivo y no mediante una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Finalmente, el Centro reconoció que «aún queda un largo camino por recorrer» en la defensa del territorio y de los derechos de las comunidades frente a la minería, pero aseguró que la «organización colectiva como forma para defender la importancia socioecológica de este territorio único ya está logrando importantes éxitos».
A continuación el comunicado completo:
El pasado 22 de septiembre, un juez federal otorgó la suspensión definitiva a cuatro de las 24 concesiones mineras concedidas por la Secretaría de Economía en los municipios de Actopan y Alto Lucero en Veracruz. Esto, en respuesta al amparo interpuesto el pasado 25 de agosto por habitantes de dichas comunidades quienes consideran seriamente vulnerados sus derechos humanos a la vida digna, a un medio ambiente sano, al acceso al agua y a la participación en la toma de decisiones por la existencia de las concesiones mineras y con ella, la posibilidad latente de realización de esta actividad extractiva.
Las actividades mineras en esta región representan graves afectaciones que ponen en riesgo el proyecto de vida de las comunidades, la cual está basada en el manejo de múltiples ecosistemas y en los beneficios ambientales que éstos proporcionan. Eso presenta una violación a su derecho colectivo de seguir siendo quienes son y quieren ser como comunidades y familias. La minería también es una amenaza al derecho al agua, ya que debido a la explotación de los recursos hídricos que requiere, deja a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad ante la crisis hídrica y climática existente.
Respecto de las 20 concesiones restantes que también forman parte de este distrito minero, las autoridades judiciales aún están por pronunciarse; sin embargo, se espera que en las próximas semanas se suspendan también sus efectos, permitiendo salvaguardar los derechos de las comunidades al evitar que se produzcan daños irreparables en esta región. Por su parte, la Secretaría de Economía presentó diversos recursos de revisión ante las cuatro suspensiones otorgadas (con los números 216694, 224414, 224416 y 243938), mismos que aún están sin resolverse.
El distrito minero presenta un riesgo inaceptable para la población adyacente por la cercanía con la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, el paso de líneas eléctricas de alta tensión, los ductos que transportan hidrocarburos y los eventos meteorológicos típicos de las zonas costeras. Esta industria extractiva tendría un impacto irreversible en la integridad de los socioecosistemas costeros únicos dónde se encuentran plantas endémicas milenarias y una zona de tránsito de aves rapaces.
Por otra parte, el pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización al proyecto “Exploración mediante Barrenación a Diamante Caballo Blanco 1”, el cual había sido promovido por la empresa Minera Caballo Blanco, S.A. de C.V. a través de un informe preventivo y no mediante una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para iniciar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), como establecen la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y la NOM-120-SERMANAT-2020, la cual señala que no es posible realizar el tipo de actividades promovidas por el proyecto en la zona climática cálida que predomina en la región.
Por todo lo anterior, celebramos la suspensión definitiva de las cuatro concesiones así como la negativa al proyecto minero de Caballo Blanco, acciones que representan un precedente importante en el resguardo de los ecosistemas y su vínculo con las personas que habitan en esta región. Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades judiciales correspondientes para que se mantenga la protección de los derechos humanos de las comunidades ante los riesgos que representan las actividades mineras.
La organización colectiva como forma para defender la importancia socioecológica de este territorio único ya está logrando importantes éxitos. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer, por lo que hacemos una invitación a las personas, comunidades y organizaciones interesadas a sumarse y solidarizarse con esta causa.
