/ Ana Laura Magaloni Kerpel /
Estamos comenzando el momento más desafiante del sexenio de AMLO: la transmisión del poder, tanto de la Presidencia de la República como de las y los integrantes del Congreso de la Unión. López Obrador es el Presidente más poderoso que ha tenido nuestro país desde Salinas hasta hoy. Además, AMLO tiene un rasgo que lo ha distinguido: se siente cómodo desafiando los límites conocidos y aceptados de la política y del derecho. Esa combinación de elementos -mucho poder y alta temeridad- puede resultar resbaladiza para el proceso electoral del 2024.
Es una mala noticia que este proceso inicie con el Plan B. El nuevo marco normativo cambia radicalmente la estructura burocrática y organizacional del INE. Con ello se debilita a la institución que debe garantizar que la contienda electoral sea limpia y pareja. Ello es indispensable para que, entre otras cosas, quien pierda acepte, sin conflicto o rebeldía, el resultado. A veces me siento metida en el túnel del tiempo.
Antes y después de AMLO sí es un parteaguas en términos de las estructuras sociales y políticas que sostienen la gobernabilidad del país. Nada que ver con los primeros 20 años de nuestra democracia. Este cambio es una parte sustancial de cualquier régimen democrático. Dicho régimen está diseñado para que las estructuras políticas sean flexibles para adaptarse y responder, sin necesidad de rupturas sociales, a las demandas sociales mayoritarias. Ese ha sido el asidero del poder y la legitimidad de AMLO.
Ahora bien, lo que no puede cambiar y no es flexible -porque de eso también se trata un régimen democrático- es el método para llegar al poder. Ese método requiere que las y los ciudadanos que votan y los partidos de oposición tengan la certeza de que la inmensa mayoría de los votos se emiten libremente y que éstos se cuentan sin sesgos ni favoritismos. Ello sólo es posible con árbitros creíbles para todos y todas, pero sobre todo para los partidos políticos que quieren acceder al poder.
Una contienda electoral, como su nombre lo indica, es un enfrentamiento entre grupos de personas que creen cosas distintas y que tienen intereses opuestos y encontrados. En este sentido, las contiendas electorales por definición son conflictivas. Por lo tanto, es indispensable que en ese contexto existan árbitros confiables para pacificar los conflictos de acuerdo con la ley. La función central de esos árbitros es garantizar que el cambio de personas y partidos en el poder no sea con tal nivel de conflictividad social que lo haga ilegítimo e inaceptable para una de las partes, la que perdió. No otro 2006, ni tampoco un regreso al viejo régimen.
¿Cómo se puede frenar el choque de trenes que subyace en el Plan B? En forma inmediata, le toca a la Suprema Corte suspender las nuevas leyes electorales, o por lo menos las que más impactos negativos pueden tener en la contienda. Es imprescindible que la Corte preserve la burocracia electoral que ya sabe y tiene experiencia en organizar una elección. Ese conjunto de personas es indispensable para que el proceso electoral del 2024 siga siendo creíble para las y los opositores. Eso es lo que está bombardeando el Plan B y eso es lo que debe frenar nuestro máximo tribunal (muy pronto).
La suspensión es complicada. Primero que nada, solo existe un precedente: la Ley de Remuneraciones. Además, la suspensión la decide centralmente una sola persona: el o la ministra a la que por turno le toque el asunto. No es, por lo tanto, una decisión judicial arropada por varios miembros del tribunal. Si esa o ese ministro ponente suspende el marco normativo, la resolución va a ser impugnada por el Presidente. La última palabra la tendrá alguna de las dos salas. En todo caso, este asunto va a confrontar fuertemente a la Corte con el Presidente y con Morena. ¿Cómo se debe gestionar ese conflicto? ¿Cuáles son los riesgos para el Poder Judicial? ¿Cómo prevenirlos? Sin duda, estamos en un momento crucial para el desenlace final del 2024. Es momento de cuidar y arropar a los árbitros.
