En Redondo
Mario Ruiz Redondo
Aún cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que en su Gobierno habrá “borrón y cuenta nueva”, además de “perdón y olvido” para los corruptos, traidores a la patria, torturadores, violadores de los derechos humanos y asesinos de antes del 1 de diciembre de 2018, la Sociedad Nacional mantiene firme su reclamo de justicia y castigos ejemplares a quienes se han incurrido en acciones delictivas de manera cínica e impune.
No se está de acuerdo, en que el Jefe del Ejecutivo Federal siga hablando de La Mafia del Poder, para responsabilizarla de los graves problemas que ha heredado su Administración, sin que a la fecha haya puesto tras las rejas a ninguno de los personajes de la trama acusatoria, para enderezar el barco de la deshonestidad, que en momentos pareciera desequilibrar el timón de la nave que comanda.
Pero a pesar de su frase de “amor y paz” que a nadie convence, el escándalo de los procesos judiciales iniciados por su antecesor Enrique Peña Nieto, lo alcanzan y ahora, aunque no lo quiera, está obligado a darle seguimiento, como ocurre con el proceso que se sigue al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa.
Vuelta al escenario remodelado del último show político, a casi 11 meses de haber sido condenado a nueve años de cárcel, cuando este lunes 22 de julio, un juez federal ordenó suspender la ejecución de la sentencia, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, dando paso a la tradición del pan y circo, que desde finales de la segunda semana de julio ha vuelvo con nuevas componendas, en el gobierno de la 4ª Transformación.
Una decisión que se sustenta en el argumento de la autoridad judicial, en cuanto a que tal medida permitirá analizar si las pruebas en las que se apoyó el dictamen final, fueron legales, además de que tendrá efecto en que no se ejecute el decomiso de cuentas bancarias y de poco más de 41 propiedades inmobiliarias, adquiridas con dinero ilícito por el gobernador veracruzano.
Habrá que recordar que este político, fue sucesor del polémico Fidel Herrera Beltrán, a quien incluso se vinculó con la delincuencia organizada, por sus estrechos vínculos, sin que nada pasara en su contra.
El ahora inculpado, nacido en Veracruz, el 19 de septiembre de 1973, se desempeñaría en el cargo de mandamás, desde el 1 de diciembre de 2010, el cual abandonaría, mediante licencia autorizada por el Congreso estatal, para convertirse en prófugo de la justicia el 12 de octubre de 2016.
Sería detenido el 15 de abril de 2017, en el poblado turístico de Panajachel, Guatemala, luego de haber sido boletinado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y la Policía Internacional (Interpol), acusado por los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Después de ser extraditado el 17 de julio de hace poco más de dos años, la PGR anunciaría el 21 de agosto de 2018, la reclasificación de los ilícitos en su contra, los cuales serían por delincuencia organizada, que le harían acreedor a cárcel por entre 20 y 40 años, así como por asociación delictuosa, que agregaría una segunda condena entre cinco y 10 años.
Pero no sería así.
Un pasar del tiempo, desde su huida hasta su extraño aseguramiento en las inmediaciones del Lago de Atitlán, en medio de cortinas de humo permanentes para evitar mayores escándalos, que le llevan al 26 de septiembre del año pasado, a recibir una sentencia de 9 años de prisión, un pago de 58 mil 890 pesos y el decomiso de 41 propiedades, una vez que acepta su culpabilidad por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, que lo mantendrá tras las rejas hasta el 15 de abril de 2026, contando el período de reclusión, partir de su detención en tierras chapinas.
Pero no obstante la suspensión de la condena, que no implica su liberación, el titular de la Fiscalía General del gobierno morenista de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, ha adelantado la contraofensiva, al anunciar que la Fiscalía General de la República, al mando de Alejandro Gertz Manero, mantiene 70 indagatorias abiertas en contra del ex priísta Duarte de Ochoa, que seguramente mantendrán por más tiempo al ex gobernador en prisión, independientemente de una orden de aprehensión pendiente de ejecutar por la dependencia estatal, como responsable de haber desviado recursos públicos del orden de 65 mil millones de pesos.
El ex mandatario sabe del alto riesgo que conlleva la acumulación de pruebas adversas resguardadas por la FGR, por lo que decidiría el pasado 15 de julio, iniciar una guerra mediática contra su ex jefe Enrique Peña Nieto, al dar a conocer un video que grabaría momentos antes de su aprehensión en el hotel donde se hospedaba con su familia en Guatemala.
En el documental, De Ochoa asegura que no fue arrestado, sino que se entregó voluntariamente a la Policía Nacional que actuó en coordinación con la Procuraduría General de la República y la INTERPOL, después de haber pactado con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, su aseguramiento a cambio de que no se molestara a su familia.
Aseguraría en la grabación del video, que las autoridades federales se comprometían “a dejar a mi familia tranquila y poderse establecer en un lugar seguro, donde no corriera peligro”.
Incluso, que antes de su salida del país, había solicitado al gobierno del Reino Unido que diera asilo político a su cónyuge y sus tres hijos, argumentando que eran víctimas de una persecución política por parte de funcionarios de la Administración de Peña Nieto.
Versión en la que afirma que Osorio Chong le había recomendado que para evitar mayores escándalos, pidiera licencia y se resguardara en un hotel en las inmediaciones del guatemalteco Lago de Atitlán, donde permanecería con su esposa durante seis meses, mientras en México se atizaba su linchamiento mediático como botón de la lucha anti corrupción del final de sexenio y de cambio Presidencial.
Hasta allá llegaron sus abogados, luego de haber acordado con el titular de Gobernación, su entrega, la cual coincidiría con el proceso electoral para elegir gobernador en el estado de México, y que al darse su detención impactaría al electorado, como un acto de aplicación de la justicia en contra de un gobernador deshonesto, lo cual, según Duarte de Ochoa, inclinaría la balanza a favor de Alfredo del Mazo.
Versión de que en ese momento, “la prioridad del gobierno federal era exhibirme en los medios nacionales de comunicación, y que mi captura fuera vista por la sociedad mexicana como un logro suyo, lo que, según ellos, probaría que estaban combatiendo la corrupción.
“Mi entrega fue pactada, fijando día y lugar, permitiéndome que mis hijos pudieran viajar a Guatemala para reunirse con nosotros y, al mismo tiempo, para que me pudiera despedir de ellos.
“Es importante señalar que mi entrega en Panajachel, Guatemala, fue disfrazada de captura para no hacer quedar mal a las autoridades mexicanas ante la opinión pública, y que no pareciese un acuerdo.
“Tan pronto fui detenido, las autoridades mexicanas difundieron la noticia montando todo un espectáculo mediático, publicando fotografías de mí esposado. En sus comunicados de prensa hicieron alarde de mi detención, acreditándola como un logro de su capacidad de investigación”.
Miguel Angel Osorio Chong, actual líder de la bancada del Partido Revolucionario en el Senado de la República, negaría de inmediato que la Segob hubiese negociado con el gobernador veracruzano su entrega, precisando que la última vez que lo vio, fue en su oficina de Bucareli, donde platicaron sobre su salida del mando estatal, y le sugirió que enfrentara directamente ante la PGR las acusaciones de corrupción en su contra.
Calificaría a Javier Duarte de Ochoa, como un corrupto desesperado, que trata de evadir la responsabilidad de sus actos, por lo que le exigía presentar las pruebas de sus señalamientos.
La enésima cortina de humo, ahora dentro del terreno sexenal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación, que por lo pronto es aprovechada para minar la imagen de su antecesor y del líder de los senadores priístas.
Lo único real, es que pese a estas “revelaciones”, el ex gobernador no resuelve nada a su favor, más que el retorno de los reflectores por los tintes escandalosos de sus acusaciones, ya que que la acumulación de pruebas en su contra por actos de corrupción desbocada, están a la vista y a pesar de la maniobra de suspensión del dictamen condenatorio, tampoco podrá salir en libertad.
Oportunidad para el Primer Mandatario, pese a su juramento de que no habría “vendetas” con los políticos y gobernantes de los pasados sexenios priístas y panistas, de dar una nueva estocada con una cuña de origen tricolor, a la otrora máquina del carro completo, ahora en manos del Partido Movimiento de Renovación Nacional (MORENA), que le seguirá redituando más votos a favor en elecciones intermedias de 2021.
Duarte de Ochoa sabe que está perdido, pero está decidido a no pagar solo las culpas por los errores cometidos, por lo que no ha dudado en tratar de involucrar al ex Presidente Enrique Peña Nieto y al mismo PRI del que fue expulsado a finales de 2016, en su defensa cabildeada en los medios de comunicación de la ciudad de México. Ellos son los culpables, acusa.
Cambio de actitud, radicalmente diferente a la mantenida después de escuchar su sentencia de nueve años de cárcel en agosto pasado. Aprovechamiento de tribunas de medios de comunicación, vinculados con la Cuarta Transformación, en los que rechaza la condena carcelaria y asevera que es “un chivo expiatorio. No dicen lo que hice que hice, robarme el dinero. Mi detención sirvió para [que el PRI] ganara la elección del Estado de México”.
Javier Duarte está aterrado, pero confiado y convencido de que al pactar con el gobierno de MORENA, atenuará sus culpas y “limpiará
su nombre”, delegando sus culpas de la corrupción personal en terceros, sin que haya aportado las obligadas pruebas.
La decisión de suspensión judicial de su sentencia, es sin duda una nueva circunstancia favorable, para quien sería en su momento uno de los mandatarios estatales favoritos de Enrique Peña Nieto, a quien, según confesiones alcoholizadas reiteradas a su reducido círculo de colaboradores y amigos, habría aportado dos mil 500 millones de pesos del presupuesto oficial de la entidad, para la campaña presidencial del mexiquense, en 2012, durante su segundo año como titular de la gubernatura.
Un arma de dos filos, en caso de aportar los elementos probatorios, lo cual, si así ocurriera, podría afectar todavía más su comprometida situación legal, pues comprometería a Enrique Peña Nieto y a Miguel Angel Osorio Chong, y favorecería las intenciones de las Fiscalías General de la República y del estado de Veracruz, ahondar todavía más en sus investigaciones persecutorias que establecerían un gran precedente.
Prueba de fuego para el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación, que si la aprovecha, le ayudarán a recuperar la credibilidad, al no responder a las exigencias del pueblo mexicano, harto de corrupción e injusticia de la “Mafia del Poder”, que sigue siendo la mayor amenaza para los intereses del país.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.
