#ConAlmaCiudadana.
Alma Delia Hernández Sánchez
“El éxito solo lo disfrutas cuando sabes que lo mereces”
Una de las 60 prioridades de la propuesta de Política Nacional Anticorrupción (PNA) establece la urgencia y necesidad de “generalizar la instrumentación de servicios profesionales de carrera en todos los ámbitos de gobierno y poderes públicos, basados en el mérito, capacidades, desempeño y habilidades de acuerdo con el perfil de puesto, cargo o comisión”.
Este es uno de los grandes temas que deben tomar en cuenta los que encabezan la Instituciones: invertir en sus recursos humanos para que tengamos servidores públicos comprometidos, eficaces y que se encuentren a la altura de lo que los ciudadanos necesitamos y demandamos.
En la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción, la prioridad 21 habla sobre la disminución de la arbitrariedad mediante una adecuada profesionalización e integridad en el servicio público. Con la finalidad de alinear los perfiles con las políticas de recursos humanos de los Entes Públicos; la homologación y transparencia en los procesos de reclutamiento, selección, desarrollo y remoción a partir de concursos públicos abiertos; informar sobre sanciones impuestas a servidores públicos en los procesos de reclutamiento; el fomento a la profesionalización; la falta a los criterios de contratación fuera del esquema de carrera; promoción de la evaluación del desempeño de servidores públicos; el fomento del desarrollo profesional a través de capacitaciones alineadas a las funciones y objetivos de cada Institución; la generación de un plan de incorporación del personal sindicalizado a programas de capacitación y profesionalización; y, el establecimiento de vínculos formales con Universidades e Instituciones de Educación Superior para el acompañamiento en procesos de reclutamiento, selección y capacitación de las y los servidores públicos.
Persisten tres retos principales: el primero es la implementación en todos los niveles y órdenes de gobierno del servicio profesional de carrera; el segundo, la homologación de procesos de reclutamiento, selección, capacitación, promoción y remoción; y tercero -y considero más difícil- la aceptación por parte de los que encabezan las Instituciones a llevar a cabo este ejercicio de legalidad y transparencia, pero sobre todo de justicia.
La lastimosa e incómoda realidad es que en el servicio público cada funcionario trae a su propio “equipo”, con el que se acomoda, con el que sabe que puede trabajar adecuadamente y conformado por amigos y conocidos con los que ha trabajado durante cierto tiempo o simplemente por personas que le fueron recomendadas sin que cuenten con el perfil o las habilidades necesarias para el puesto, como podemos verlo en varias de las áreas de la Administración Pública Estatal, en donde además, cientos de personas fueron separados de sus trabajos sin tomarles en cuenta los años al servicio del Estado, su experiencia y o si estaban a punto de jubilarse.
Cualquiera de las tres hipótesis anteriores pudieran ser aceptables para algunas personas y, ciertamente, lo lógico es que el primer cuadro de un funcionario esté integrado por gente de su confianza. No obstante, lo incorrecto estriba en una eventual obstrucción o reinicio del funcionamiento normal de una Dependencia al realizar una “reingeniería”, un “refresh” de la Dependencia o, burdamente, una “renovación” de personal.
Es decir, supongamos que el funcionario “X”, para integrar a algún colaborador suyo, debe remover al servidor público “Y” que conoce perfectamente el funcionamiento de la Dependencia, los procesos, las temáticas, los manejos de crisis, es comprometido, se encuentra capacitado y tiene algún tiempo de experiencia en ese puesto, sin tomar en cuenta el trato con sus compañeros. En este caso no sólo se está truncando una carrera profesional a la que la propia Dependencia le ha invertido tiempo y recurso público, sino que además se pone en riesgo a la propia Institución al tener que acoplarla a nuevas dinámicas y a un servidor público que tendrá que aprender lo más pronto y eficazmente posible (y eso, suponiendo que cuenta con las aptitudes necesarias que requiere el puesto) sus funciones para estar al paso de dicha Entidad.
Por otro lado, debemos ser sinceros y decir que en el servicio público también están aquellos que solo van por cumplir un horario, que no tienen vocación de servicio, que se les nota están a disgusto con lo que hacen, y eso genera la falta de compromiso con su trabajo y con la ciudadanía. Los hay, los hemos visto y, al menos, conocemos a uno que otro…
La apuesta por el servicio profesional de carrera sigue siendo la gran alternativa para que las y los servidores públicos se “pongan la camiseta” y dejen de ver al servicio público solamente como un trabajo y una fuente de ingresos. Por eso considero que en la medida que el servidor público vaya adquiriendo experiencia, destrezas e identidad con la Dependencia, más fuerte será su lazo, aporte intelectual y compromiso con ella; sólo quizá de esa manera las y los servidores públicos dejen de solamente cuidar su trabajo por el ingreso que les genera y comiencen a coadyuvar en las dependencias públicas que son de todas y todos los ciudadanos, incluyéndolos a ellos.
Vale la pena acotar que esta propuesta contenida dentro de la prioridad 21 no aspira a ser una varita mágica que resuelva el problema de la arbitrariedad, pero sí abona en gran manera a la solución del problema; aunque también debemos tener en cuenta que siempre habrá quienes renieguen y no se adapten a los cambios, recordemos que no es fácil salir de la zona de confort.
Como ya lo he mencionado antes, creo firmemente en que la mayoría de los servidores públicos no son corruptos y que no todos hacen mal su trabajo, al contrario, considero que son más los que los buscan un mejor Estado y que entre todos (servidores y ciudadanos) colaboramos desde nuestras trincheras para lograrlo, pero a esos que no lo hacen, a los que no están como nosotros aportando para que mejoremos y evolucionemos como sociedad, ¡a ellos sí debemos señalarlos!
Como Integrante del CPC Veracruz hago votos para que como ciudadanos hagamos equipo, nos unamos, levantemos la voz y hagamos uso del poder que por primera vez en la historia de México y de Veracruz, la ley nos ha dado en el Sistema Estatal Anticorrupción y participemos JUNTOS contra estas injusticias y actos de corrupción de los que hemos sido víctimas por años.
Alma Delia Hernández Sánchez
-Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.
-Integrante del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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