/Diana Gamboa Aguirre./
Desde 2018, legisladores del régimen han impulsado en el Congreso una serie de iniciativas en torno a temas de género y aborto. Esto, disfrazado mediante un uso ambiguo del lenguaje que, a simple vista, parece inofensivo.
Así, valiéndose de conceptos como igualdad sustantiva, autonomía progresiva y libre desarrollo de la personalidad, pretenden imponer en nuestra Constitución una visión particular de la realidad que no cuenta con arraigo democrático en México.
En términos prácticos, la propuesta representa un riesgo para la integridad de las personas y particularmente de los menores de edad, pues se pretende:
1. Fomentar el aborto, incluso en niñas y adolescentes; ya que se propone constitucionalizar esta práctica en clave de “derecho” bajo el eufemismo de la “libertad sexual y reproductiva”.
2. Abrir la posibilidad para que se practiquen procedimientos quirúrgicos o farmacológicos irreversibles en menores de edad, en tanto se busca elevar a nivel constitucional conceptos ideológicos como “identidad de género”.
3. Por si lo anterior fuera poco, la propuesta busca habilitar al Estado para perseguir a quienes no se sometan a esta particular corriente de pensamiento, mediante la imposición de una restricción expresa a la libertad de expresión consistente en reproducir “estereotipos de género”.
Estas iniciativas -que se reiteran cada periodo legislativo- representan un enorme riesgo para nuestra democracia, ante la intención de imponer un pensamiento único y someternos a sus consecuencias.
En cuanto a los riesgos para la integridad de los menores, debe destacarse que éstos ya son una realidad en otros países; por ejemplo, Chloe Cole, una jovencita norteamericana a quien le administraron hormonas desde los 12 años y le mutilaron las mamas a los 15, como tratamiento de “afirmación” de género.
Hoy, a sus 18 años, Chloe sabe que es una mujer. Sin embargo, experimenta consecuencias trágicas derivadas de tales tratamientos que nadie le advirtió, como disfunciones sexuales, una voz masculinizada y, lamentablemente, el duelo de saber que si algún día es madre, no podrá amamantar a sus hijos. Estas consecuencias irreversibles son una realidad de la que al parecer nadie quiere hablar. Sin embargo, debemos ponerla sobre la mesa para proteger a las futuras generaciones.
En fin, el objeto de las iniciativas descritas es inaceptable en una democracia constitucional. Resulta inexplicable la pretensión de imponer a modo de pensamiento único una corriente ideológica que, no solo carece de arraigo cultural y democrático en nuestro país, sino que además ha mostrado ser trágica para los menores de edad en otras latitudes.
Diana Gamboa Aguirre.
Abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho Constitucional, profesora universitaria.
