*
14.04.2023., Veracruz, Ver.- – Para evitar que los Estados y Congresos locales caigan en tentaciones y promuevan legislar figuras jurídicas perniciosas, el Senado de la República planteará crear un Código Penal Único, adelantó desde Veracruz el Senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política.
El también coordinador del grupo parlamentario de Morena y serio aspirante a la candidatura de ese movimiento a la presidencia, realiza una gira de trabajo por la entidad veracruzana para presidir varias reuniones con agrupaciones civiles en el puerto y la capital Xalapa que le extendieron una invitación, para conocer temas de la agenda legislativa y temas de justicia.
Ricardo Monreal detalló que impulsará una iniciativa para expedir un Código Penal Único para que los estados “no abusen con la creación de tipos penales que afecten a la sociedad”.
Así, dijo, los congresos locales no se verían tentados a legislar sobre figuras jurídicas “perniciosas que actúan como instrumentos abusivos contra los ciudadanos”.
“México en materia de seguridad y justicia todavía tiene una cuenta pendiente con la población”, expresó.
Señaló que figuras como la de “ultrajes a la autoridad”, que ya fue derogada, o la de “atentar contra la autoridad” que ahora se estableció en el Código Penal del estado de Veracruz, no deberían de existir, ya que “son perniciosas”.
Indicó que al momento de derogarse la figura de “ultrajes a la autoridad” se sustituye por una figura jurídica penal similar, es decir que “se intenta con esta actitud gatopardista dejar la misma figura jurídica, con un nombre distinto para afectar a los ciudadanos”.
Dijo que este tipo de figuras se van a combatir, por lo que primero desde el Senado exhortará al congreso local de dicha entidad y posteriormente llevará el caso a la Corte para solicitar que se deroguen los tipos penales que afectan a la población.
Recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha solicitado al Senado que comparezcan varios gobernadores y servidores públicos que no aceptaron recomendaciones, “y en ese caso lo único que se aplica es la norma”.
Afirmó que no se trata de un asunto personal contra un gobernador o un fiscal, sino que “es la ley y yo soy defensor de la constitucionalidad del país, no es un pleito ni una confrontación, sino una disposición jurídica”.
Puntualizó que ningún servidor público debe burlarse de las recomendaciones en materia de derechos humanos, sino que “deben aceptarse porque provienen de organismos autónomos constitucionales y despreciar ese tipo de recomendaciones no los sitúan en un papel de demócratas”.
