/ Maite Azuela /
La corrupción comienza a cobrarle factura al presidente López Obrador en donde más le duele. Él acusa de corruptos a los ministros que no apoyaron parte de su Plan B y olvida pronto cómo apoyó a Yasmín Esquivel a pesar del probado plagio de su tesis. Deja también pasar por alto la violación sistemática al proceso parlamentario. La corrupción para él no está ahí, esta donde se contradice su voluntad.
Por ejemplo, el “Plan B” frente a la presión de Andrés Manuel para aprobar las nuevas leyes electorales, sumado a la particular oposición del resto de los partidos, hizo que los legisladores de Morena, quienes supuestamente representan mayoritariamente al pueblo, se saltaran toda una serie de procedimientos para poder sacar las reformas lo antes posible. ¿Podemos decir que, cuando los funcionarios públicos –en este caso los legisladores– abusan de sus funciones y conscientemente se desvían de la ley para beneficiar un proyecto político, están cometiendo actos de corrupción? No hay duda, como servidores de todas y todos los mexicanos, tienen la obligación de actuar siempre con apego a la ley.
La Suprema Corte, como encargada principal de proteger a la Constitución, no cedió a la tentación de caer en un proyecto político, sino que mantuvo su independencia y declaró la invalidez de la primera parte del “Plan B” por el simple hecho de que estamos en un modelo democrático y, por muy buenas que sean las leyes, nada ni nadie por encima del derecho. En ese sentido, este lunes una mayoría de 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia tumbaron la primera parte del “Plan B”. Decidieron que la primera parte es inválida sin siquiera tener la necesidad de tener que pronunciarse por el fondo, sino porque los legisladores que lo aprobaron violaron las reglas establecidas para hacer su propio trabajo.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir que se materialice parte del plan B promovido por López Obrador e impulsado por los legisladores de Morena, ineludiblemente arroja consecuencias políticas. En principio, éstas pudieran ser interpretadas como una barrera firme contra el debilitamiento institucional para convertir al INE en un cheque en blanco para el autonombrado proyecto de la cuarta transformación.
