El reino de la posverdad .

Al referirse a la posverdad, en su obra más reciente “La era del conspiracionismo”(1), el periodista español Ignacio Ramonet expresa que “la posverdad, es decir la mentira posmoderna, compromete los límites entre la realidad y la ficción”. Ramonet también agrega que “la posverdad supone la relativización de lo cierto, la intrascendencias de la objetividad de datos y la supremacía del discurso emotivo”.

De acuerdo con el autor español, “cuando los hechos pasan a segundo término y lo que importa y prevalece son las fake news, la manipulación y las teorías conspiracionistas”, la sociedad es proclive a sumergirse en actos de fe “carentes de sentido común y demostración científica y creer en historias fantasiosas, infundadas, absurdas, disparatadas, ilógicas e irracionales”.

A través de su libro, Ramonet explica la forma en cómo la clase media blanca norteamericana sufrió un proceso de pauperización que la llevó a considerar a la clase política gobernante –especialmente los demócratas- como los culpables de su nivel de pobreza y de cómo esa clase media empobrecida, cifró en la elección de Donald Trump sus esperanzas de recobrar los antiguos privilegios y sus expectativas de ascenso social.

Durante el periodo presidencial de Donald Trump, el movimiento QAnon y otros grupos de extrema derecho fueron creando un discurso conspiracionista que culpaba a la políticos, a los extranjeros y a las minorías de todos los males que aquejaban a su país; grupos como QAnon, Proud boys, Oathkeepers, los Three pencenters y otros, se ocuparon de replicar masivamente cientos de mentiras y teorías conspirativas surgidas de la mente de Trump, involucrando a multimillonarios, políticos del partido demócrata, personalidades de Hollywood afines al partido demócrata, como parte del estamento que ejerce el control global.

El texto del periodista español destaca en forma precisa el papel que jugó el movimiento QAnon (que actualmente cuenta con millones de adeptos), creando una narrativa que entronizó a Donald Trump, ante  los grupos de extrema derecha quienes consideraron al ex mandatario como la única persona capaz de desafiar a los “cuatro culpables” del estancamiento social: Wall Street, la clase política de Washington y/o el Deep State, las grandes empresas y los medios masivos de comunicación.

La penetración ideológica basada en la manipulación y las mentiras alcanzó su clímax en la contienda electoral Donald Trump/Joe Biden y el posterior asalto fallido al Capitolio. Uno de los ejemplos más claros de manipulación fue el denominado pizzagate, construido en una narrativa absurda, fantasiosa e irracional, que sostenía la existencia de un sótano en una pizzería ubicada en Washington D.C., en la cual se encontraban privados de su libertad centenares de menores de edad que eran sometidos a actos de pedofilia, tortura, ritos satánicos y canibalismo por un grupo de personas entre las cuales se encontraban políticos del partido demócrata, estrellas de Hollywood, líderes religiosos y directores de empresas multinacionales.

La mentira caló tan profundamente en las mentes de los adeptos a Trump, que cientos de miles creyeron la invención de que un día antes de la toma de posesión de Joe Biden, éste había sido arrestado por agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI), bajo los cargos de pedofilia. Para los seguidores de Trump era inconcebible que el 20 de enero de 2021 Joe Biden estuviera tomando protesta del cargo como presidente de los Estados Unidos de América, cuando éstos estaban plenamente convencidos que Biden era culpable de los delitos que había propagado QAnon, por lo que su envestidura sólo confirmaba la teoría conspirativa de la existencia del “Deep State (Estado profundo)” que controla las grandes decisiones globales.

No deja de ser ilustrativo que los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador estén utilizado las redes sociales para difundir diversas imágenes en las que se observa al primer mandatario abrazando o besando en la mejilla a menores de edad; esas imágenes van acompañadas de una serie de comentarios ofensivos contra el primer mandatario acusándolo de pedófilo. Tal parece que estamos en los umbrales de un Pizzagate mexicano y a juzgar por las replica de las publicaciones existen millares de personas convencidas de que el presidente es un predador sexual. ¿Quiénes, además de López Obrador, están en camino de ser acusados de pedófilos satanistas que violan, torturan, matan y devoran niños? Considero que no falta mucho por saberlo.

La posverdad tiene como campo natural de expansión (viralización) las redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, Tiktok, Instagram, Youtube, etcétera y por estos medios la mentira y la manipulación, son insertadas embrionariamente en la mente de las masas generando una adicción que les impide distinguir entre la realidad y la ficción. Desde hace algunos años las redes sociales se han convertido en un oráculo al que acuden millones de personas para conocer “la verdad”. Las redes sociales también se han  erigido en tribunales que mediante procesos sumarios juzgan la conducta de funcionarios, intelectuales o gente común. La mayor parte de las ocasiones, los usuarios emiten su veredicto sin corroborar la veracidad de la acusación.

El nivel de banalización que han alcanzado las redes sociales puede ser comprobado a simple vista; basta revisar el nivel de aceptación –cuando mucho unas decenas de “likes”- que alcanza una publicación bien documentada sobre un tema relevante, por ejemplo el fenómeno migratorio. En contraste un meme ingenioso -y casi siempre denigrante-, un nuevo escándalo que involucra a políticos de alto nivel o una de las llamadas fake news sobre el descubrimiento de vida extraterrestre pueden alcanzar en cuestión de horas miles de “likes”.

La posverdad ha dado paso a debates superficiales que entronizan a “influencers” y llevan a intelectuales que en su momento gozaron de cierto respeto y prestigio a recurrir impúdicamente a la propalación de mentiras o de conductas exhibicionistas que denotan la búsqueda de fama y atención mediática.

Todo indica que estamos inmersos en el reinado de la posverdad cuyas consecuencias sociales son impredecibles. Como ejemplo están la fallida toma del Capitolio, la insurrección de los simpatizante del expresidente brasileño Jair Bolsonaro que trataron de impedir la asunción de Lula Da Silva. Las teorías conspiracionistas que desafían la racionalidad constituyen una amenaza social que lamentablemente es prohijada por millones de usuarios de las redes sociales.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

El periodista Zósimo Camacho publicó en la revista Contralínea (https://bit.ly/429mnqu) un sólido reportaje de investigación sobre la probable participación de la magistrada Federal Amanda Roberta García González en la empresa Corporación Rancho San José, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (SPR de RL de CV). García González es acusada por varias personas de haberlas defraudado por casi 70 millones de pesos. Presuntamente quien llevó a cabo los fraudes (Alberto Limón Lasón González) es sobrino de la magistrada y éste al igual que la funcionaria judicial se encuentran adscritos al Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (CDMX).

A lo largo de la investigación, el periodista cita sus fuentes de información y la forma en que corroboró los datos, lo cual genera un alto nivel de credibilidad del reportaje; el informador también señala que le concedió a la magistrada y a su sobrino la oportunidad de desmentir la información o hacer las aclaraciones pertinentes, pero ellos se negaron a ejercer su derecho de réplica.

Las evidencias documentales que se exhiben en el reportaje no dejan lugar a dudas que la magistrada federal tiene el carácter de tesorera del Consejo de Vigilancia de la persona moral. Si bien, en principio no existe incompatibilidad entre la función judicial y los negocios particulares, la existencia de probables conductas dolosas cometidas por un juzgador con motivo de las transacciones comerciales en las que participa, sí deben ameritar la intervención del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para cerciorarse que dichas conductas no comprometen la labor judicial, sobre todo cuando en los probables hechos delictivos se encuentran involucrados más de un funcionario adscrito al órgano jurisdiccional.

Veremos cómo encara la ministra Norma Lucia Piña Hernández el probable hecho delictivo publicado en el reportaje firmado por el periodista Zósimo Camacho. Las pruebas aportadas en la investigación ameritan que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y también del CJF actúe en consecuencia.

(1) Ramonet Ignacio. La era del conspiracionismo. Editorial Siglo XXI, 2022.