24.05.2023 /Cimac Noticias.com /México.-
A 14 años de la sentencia Campo Algodonero, en Chihuahua “hay falta de capacidad” para entender las recomendaciones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), además, en el país se registran una serie de resistencias que impiden investigar casos de feminicidio con perspectiva de género, aseguraron Imelda Marrufo Nava, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres, y Andrea Medina Rosas, abogada feminista.
El 6 de noviembre de 2001, en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron localizadas sin vida ocho mujeres, entre ellas Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez. Lo anterior se dio después de que las autoridades no realizaran labores de búsqueda y se dedicaran a revictimizar y violentar a las mujeres y a sus familias.
Laura Berenice Ramos, estudiante de 17 años de edad, desapareció el 22 de septiembre de 2001. Claudia Ivette González, trabajadora en una maquilladora, de 20 años de edad, desapareció el 10 de octubre de 2001. Por otro lado, Esmeralda Herrera Monreal, trabajadora del hogar de 15 años de edad, desapareció el lunes 29 de octubre de 2001. Sus familias presentaron denuncias por desaparición, pero no se iniciaron las investigaciones correspondientes.
Tras diversas violaciones a sus derechos humanos y a los procesos de búsqueda de justicia, familias, acompañadas por feministas de la entidad y abogadas, llevaron el Caso González y otras vs. México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2002.
En noviembre de 2007 procedió la demanda contra nuestro país por este caso. Y finalmente la Corte IDH dictó el fallo dos años después: el Estado mexicano fue responsable en la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.
De esta forma, la Corte IDH estipuló en su decisión “los parámetros para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género. Es decir, estableció directrices para identificar cuando estamos frente a casos cuyo móvil es la violencia de género”.
A 14 años de este fallo, en México, y en específico en Chihuahua, hay una serie de retrocesos que impiden una plena garantía a los derechos de las mujeres, investigaciones con perspectiva de género y justicia en casos de feminicidio.
Entidades no están comprometidas con sentencia Campo Algodonero
Imelda Marrufo, abogada feminista, defensora en Ciudad Juárez para erradicar la violencia feminicida en su estado, aseguró que al día de hoy, muchas entidades “carecen de información, no se ponen a revisar los casos y sellar los compromisos que tienen con la sentencia”.
“En Chihuahua hay falta de capacidad para entender de qué van las recomendaciones de la sentencia Campo Algodonero. El equipo asesor de la gobernadora (Marú Campos Galván) no tiene información al respecto, no se ve un posicionamiento, no hay un acompañamiento y no está instruyendo para que su gabinete se volqué a coordinar acciones con el Instituto Chihuahuense de la Mujer”.
Por lo que afirmó que actualmente ella, junto a otras mujeres defensoras de los derechos humanos, busca que no se retroceda en Chihuahua respecto a garantizar una vida libre de violencia.
Mientras que Andrea Medina Rosas, también abogada feminista que acompañó el caso ante la Corte IDH, asegura que cada una de las disposiciones expresadas en la sentencia abrieron puertas que hace 14 años no se podían discutir.
En ese entonces “el Estado solo dio una respuesta formal a los hechos, sin embargo, se deben analizar los resultados”, afirmó Medina Rosas. “Se tiene que hacer diálogos, saber ver los hechos más allá del discurso”.
La abogada feminista también recordó que, al día de hoy, se desconoce quienes fueron los responsables de las desapariciones y asesinatos de las mujeres localizadas en el campo algodonero, tampoco se sabe quiénes fueron los hostigadores de las familias que buscaban justicia.
Es de recordar que en la realidad, los índices de violencia feminicida no han visto un deceso, por el contrario, se han mantenido y en algunos casos incrementado. Tan solo en 2022, se regiustraron tres mil 754 muertes violentas de mujeres, de las cuales únicamente 947 se investigan como feminicidio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejectuvo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
