* La Suprema Corte defiende su autonomía e independencia
03.07.2023.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN ha respondido a la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de su secretario general de acuerdos, Rafael Coello, y no de su presidenta, Norma Piña sobre su petición que ha decir de la Suprema Corte carece de fundamentos jurídicos sólidos.
Asimismo, la SCJN ha registrado que el artículo 127 de la Constitución establece que la remuneración de los ministros y otros funcionarios del Poder Judicial no puede ser disminuida durante su encargo. Además, el artículo 123 constitucional establece el principio de “a trabajo igual, salario igual”, lo cual respalda el derecho de los ministros a recibir una remuneración acorde a sus responsabilidades y funciones.
No obstante, la SCJN ha manifestado su disposición a fortalecer el diálogo con el Gobierno Federal. En ese sentido, en 2019 se tomó la decisión de reducir en un 25% las remuneraciones de los 11 ministros, en cumplimiento de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, lo que no ha satisfecho al Jefe del ejecutivo.
Cabe destacar que el presidente López Obrador ha instruido a la Segob a solicitar a la SCJN un informe detallado sobre las acciones realizadas a cabo para garantizar que ningún funcionario público gane más que él.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, ha cumplido con esta instrucción y ha solicitado formalmente a la ministra presidenta de la SCJN que informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con lo establecido en el artículo 127 de la Constitución.
Este conflicto entre la SCJN y el Gobierno Federal refleja la tensión existente en torno a la interpretación y aplicación de la Constitución. Mientras la SCJN defiende su autonomía e independencia, el Gobierno Federal busca asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones constitucionales.
El desenlace de esta controversia aún está por determinarse, pero queda claro que el debate sobre la separación de poderes y el respeto a la Constitución continuará.
La respuesta se da en medio de la controversia generada por la negativa de la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a someterse a los deseos y órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, surgen nuevos elementos que alimentan la polémica.
En este contexto, se ha desatado un intenso debate sobre la falta de acatamiento por parte de la máxima autoridad del Poder Judicial a las directrices provenientes de la Presidencia de la República, dos de los tres poderes que conforman la República Mexicana.
El presidente López Obrador es acusado de descalificar, amenazar y hostigar a la presidenta de la SCJN, generando un clima de tensión e incertidumbre en el ámbito político y judicial. A través de granjas de bots y hasta medios públicos, e incluso gobernadores como el de Veracruz Cuitláhuac García, manejados desde la presidencia, han lanzado ataques en las redes sociales y presencialmente en contra de la primera mujer en ocupar dicho cargo.
En este contexto, se ha desatado una situación aún más delicada en entidades federativas como Veracruz, donde se ha denunciado la fabricación de pruebas para encarcelar a una jueza que se negó a acatar las órdenes del gobernador Cuitláhuac García y del poder judicial veracruzano, el cual ha sido cooptado por el gobierno.
