*”La trata de personas abarca abusos como la explotación sexual y el trabajo forzoso”.
*La corrupción y la complicidad de funcionarios en los delitos de trata de personas siguen siendo motivo de preocupación y dificultan la acción policial.
31.07.2023. México.- La trata de personas es una lacra que afecta a millones de personas en todo el mundo, constituyendo una violación grave de los derechos humanos. Trata de personas es la esclavitud del siglo XXI había definido Conavim en 2019 cuando aun estaba vigente.
Este 30 de julio, dia de la lucha contra la trata de personas, fue un tema ausente en el gobierno de la cuarta transformación a no ser por un video que publicó Alejandro Encinas Alejandro Encinas de la SEGOB, sobre el tema.
México ocupa el lugar 20 de 167 países en índices de esclavitud, donde la mayoría son mujeres y niñas.
Las mujeres adultas representan el 51% de las víctimas de trata de personas detectadas a nivel mundial. En conjunto, las mujeres y las niñas suponen cerca del 71%, siendo las niñas casi tres de cada cuatro víctimas infantiles de la trata. Casi tres de cada cuatro mujeres y niñas víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual.
La trata de personas implica el uso de la fuerza, fraude o coerción a cambio de trabajo, servicios o un acto sexual comercial. Es causar que alguien menor de 18 años participe en un acto sexual comercial, independientemente del uso de la fuerza, fraude o coerción, eso también es trata de personas.
Para controlar y explotar a las víctimas, los tratantes de personas utilizan diversos tipos de fuerza, fraude o coerción. Estos tipos incluyen la imposición de deudas, las oportunidades de empleo fraudulentas, las promesas falsas de amor o de una vida mejor, la coerción psicológica y la violencia o las amenazas de violencia.
Un ejemplo es el que cita el informe del 2022 de EUA: “Los grupos de crimen organizado se benefician del tráfico sexual y obligan a adultos y niños mexicanos y extranjeros a participar en actividades ilícitas, incluso como asesinos, halcones y en la producción, transporte y venta de drogas. Los expertos expresaron su especial preocupación por el reclutamiento forzado de niños indígenas por parte de grupos del crimen organizado, que utilizan la tortura y amenazas creíbles de asesinato para explotar a estos niños en la delincuencia forzada”.
El delito de trata de personas depende de la explotación de otra persona.
La gente a menudo cree falsamente que la “trata de personas” implica que las víctimas deben ser trasladadas de un lugar a otro para calificar como víctimas. La trata de personas no requiere transporte para ser considerada un delito. Es un delito que se puede cometer contra un individuo que nunca ha abandonado su ciudad natal.
Definición de Trata de Personas
La trata de personas se refiere a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con multas de explotación. La explotación puede incluir la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
Hoy la esclavitud se llama TRATA.
La trata de personas es el delito que, por medio de la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluídos el trabajo forzoso y la explotación sexual . La ONU calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso. En esa cifra se incluye también a las víctimas de trata para la explotación laboral y sexual. En México, los grupos considerados más vulnerables a la trata son las mujeres y niñas, así como los niños, personas indígenas, personas con discapacidades mentales y físicas, inmigrantes y personas LGBTI.
Para poder atacar el problema de la trata de personas, no solo es necesario reforzar la cultura de la denuncia por parte de las víctimas, sino generar conciencia en la sociedad para detectar y reportar conductas sospechosas a nuestro alrededor.
Afectadas Principales y Datos Duros
La trata de personas afecta predominantemente a mujeres y niñas, aunque también hay una cantidad significativa de hombres y niños que son víctimas de este delito. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), aproximadamente el 71% de las víctimas de trata son mujeres y niñas, mientras que el 29% son hombres y niños.
Las estadísticas muestran que alrededor del 49% de las víctimas de trata son explotadas sexualmente, el 23% son sometidas a trabajos forzados y el 22% sufren explotación laboral, incluyendo trabajos en condiciones inhumanas y sin remuneración adecuada.
Modalidades de Trata de Personas
Existen diversas modalidades de trata de personas que los delincuentes utilizan para captar y explotar a sus víctimas. Algunas de las mas comunes son:
Trata con multas de explotación sexual: Se recluta a las víctimas para forzarlas a prostituirse.
Trata con multas de trabajo forzado: Se obliga a las víctimas a trabajar en condiciones inhumanas y sin salario justo.
Trata con fines de extracción de órganos: Se engaña o fuerza a las víctimas para extraerles órganos y venderlos en el mercado negro.
Trata con multas de matrimonio forzado: Se fuerza a las víctimas a casarse sin su consentimiento.
Trata con fines de mendicidad forzada: Se obliga a las víctimas, especialmente a niños, a mendigar en las calles.
Situación en México
Actualmente, México es un país afectado por la trata de personas debido a factores como su ubicación geográfica, la existencia de redes de delincuencia organizada y la persistente desigualdad socioeconómica. Las personas más vulnerables, como migrantes y personas en situación de pobreza, son blancos frecuentes de los traficantes.
Según el Informe sobre Trata de Personas 2023 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, México ha mejorado sus esfuerzos para abordar la trata de personas, pero aún enfrenta desafíos significativos pues no ha realizado lo suficiente.
“El Gobierno de México no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está realizando importantes esfuerzos para lograrlo. El gobierno demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el periodo anterior, considerando el impacto de la pandemia de COVID-19 en su capacidad de lucha contra la trata de personas; por ello, México permaneció en el Nivel 2. Estos esfuerzos incluyeron la apertura de más investigaciones y la condena de más tratantes; adoptando procedimientos operativos estándar (SOP) de identificación de víctimas más estrictos para los funcionarios de inmigración; y la promulgación un nuevo Plan Nacional de Acción (PNA) para el periodo 2022-2024. Los tribunales condenaron a más tratantes de mano de obra y el gobierno emitió una resolución que establecía un proceso para la prohibición de la importación de bienes producidos mediante trabajos forzados. Sin embargo, el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave. El gobierno informó de la identificación de un número significativamente menor de víctimas. El gobierno no asignó fondos a un fondo de asistencia a las víctimas exigido por la ley; los servicios generales para las víctimas fueron inadecuados en comparación con la magnitud del problema; y hubo una gran carencia de servicios para las víctimas masculinas, las víctimas de trabajos forzados y las víctimas de zonas rurales. El gobierno no investigó, proceso, ni condenó a ningún funcionario cómplice. Continuaron de forma generalizada las prácticas fraudulentas de contratación para trabajar dentro y fuera de México, pero el gobierno no tomó medidas para hacer responsables a los reclutadores o agentes laborales” señala el documento
Sanciones en México
En México, la trata de personas es un delito grave y está penado por la ley. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos establece sanciones severas para quienes participan en cualquier etapa del delito. Las penas pueden variar dependiendo de la gravedad y las circunstancias del caso, pero en general, pueden ir desde los 15 hasta los 40 años de prisión.
Además, se prevén sanciones económicas para los responsables, y las autoridades también pueden decomisar bienes y recursos vinculados con el delito de trata.
REPORTE SOBRE TRATA DE PERSONAS 2023 de EUA :
El Gobierno de México no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está realizando importantes esfuerzos para lograrlo. El gobierno demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el periodo anterior, considerando el impacto de la pandemia de COVID-19 en su capacidad de lucha contra la trata de personas; por ello, México permaneció en el Nivel 2. Estos esfuerzos incluyeron la apertura de más investigaciones y la condena de más tratantes; adoptando procedimientos operativos estándar (SOP) de identificación de víctimas más estrictos para los funcionarios de inmigración; y la promulgación un nuevo Plan Nacional de Acción (PNA) para el periodo 2022-2024. Los tribunales condenaron a más tratantes de mano de obra y el gobierno emitió una resolución que establecía un proceso para la prohibición de la importación de bienes producidos mediante trabajos forzados. Sin embargo, el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave. El gobierno informó de la identificación de un número significativamente menor de víctimas. El gobierno no asignó fondos a un fondo de asistencia a las víctimas exigido por la ley; los servicios generales para las víctimas fueron inadecuados en comparación con la magnitud del problema; y hubo una gran carencia de servicios para las víctimas masculinas, las víctimas de trabajos forzados y las víctimas de zonas rurales. El gobierno no investigó, proceso, ni condenó a ningún funcionario cómplice. Continuaron de forma generalizada las prácticas fraudulentas de contratación para trabajar dentro y fuera de México, pero el gobierno no tomó medidas para hacer responsables a los reclutadores o agentes laborales.
RECOMENDACIONES PRIORITARIAS: Aplicar el plan de acción estratégico del PNA sobre servicios a las víctimas, en consulta con organizaciones internacionales y ONG, para incluir albergues, servicios integrales y apoyo a la reintegración para todas las víctimas, incluidos hombres y niños, personas LGBTQI+, víctimas de trata laboral y personas indígenas, y asignar fondos suficientes para su aplicación. * Desarrollar e implementar SOP para que funcionarios de primera línea en los niveles estatal y federal identifiquen proactivamente a las víctimas entre los grupos vulnerables en México y en el extranjero – incluidas las personas dedicadas al comercio sexual, los niños detenidos por actividades ilícitas relacionadas con pandillas, los profesionales médicos cubanos y los migrantes, incluidos los trabajadores migrantes – y que les remitan a los proveedores de servicios para recibir asistencia. * Aumentar los esfuerzos para investigar y procesar los delitos de trata de personas, incluida la trata laboral y los que implican a funcionarios cómplices, tanto a nivel federal como estatal. * Fortalecer los esfuerzos para responsabilizar a los reclutadores de mano de obra, incluidos los “enganchadores” informales por prácticas fraudulentas de contratación que facilitan los trabajos forzados dentro y fuera de México. * Brindar mayor seguridad a las víctimas y testigos que testifiquen contra los tratantes y garantizar que las víctimas no sean ilegalmente detenidas, coaccionadas para testificar o traumatizadas de nuevo * Asignar fondos a un fondo de asistencia a las víctimas exigido por la ley para cubrir la indemnización de pagos que los tratantes condenados sean incapaces de pagar y desarrollar un mecanismo para garantizar que las víctimas reciban los pagos ordenados por el tribunal. * Aumentar la financiación a las ONG que prestan servicios a las víctimas. * Realizar campañas de sensibilización relevantes a nivel cultural en lenguas locales dirigidas a comunidades rurales, migrantes e indígenas que proporcionen información y recursos para buscar asistencia. * Reforzar los esfuerzos de recopilación de información. * Aplicar enérgicamente nuevos procedimientos para prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajos forzados.
PROSECUCIÓN
El gobierno incrementó los esfuerzos de aplicación de la ley, pero no proporcionó datos completos sobre investigaciones, procesamientos y condenas a nivel federal y estatal. Las autoridades federales declararon haber procesado a un número significativamente menor de sospechosos. La ley contra la trata de personas de 2012 tipificaba como delito la trata con fines sexuales y la trata con fines laborales, imponiendo penas de cinco a 30 años de prisión y multas para los delitos de trata con fines sexuales, y de cinco a 20 años de prisión y multas por delitos de trata con fines laborales. Estas sanciones eran suficientemente severas, y en lo que a la trata con fines sexuales se refiere, proporcionales a las prescritas para otros delitos graves, como la violación. La ley define la trata de forma amplia para incluir la adopción ilegal sin fines de explotación. Los funcionarios federales tenían jurisdicción sobre todos los casos internacionales de trata, todos los casos que tuvieran lugar en territorio administrado por el gobierno federal en los que estuviera implicada la delincuencia organizada y todos los casos que implicaran acusaciones contra funcionarios públicos. Los estados investigaban otros casos internos de trata. Treinta estados contaban con leyes contra la trata de personas. La ley de 2012 obligaba a cada estado a contar con una fiscalía dedicada a la trata de personas; 31 de los 32 estados habían establecido fiscalías o unidades especializadas contra la trata. La Ley de Decomiso de Bienes de 2019 permitió a las autoridades confiscar los bienes de los tratantes de personas.
La autoridades iniciaron 33 investigaciones federales y 798 investigaciones estatales en 2022, en comparación con al menos 35 investigaciones federales y 621 investigaciones estatales en 2021 y 55 investigaciones federales y 550 investigaciones estatales en 2020. Las investigaciones federales incluyeron al menos 23 casos de trata con fines sexuales, y las investigaciones estatales incluyeron al menos 734 casos de trata con fines sexuales y 30 casos de trata con fines laborales; las autoridades no especificaron la forma de explotación en el resto de los casos. Las autoridades federales declararon haber procesado a 11 individuos en 2022, en comparación con el procesamiento federal de 76 individuos (31 nuevos y 45 en curso) en 2021 y los procesamientos federales de 75 individuos (40 nuevos y 35 en curso) en 2020. El gobierno declaró haber procesado al menos 63 sospechosos a nivel estatal, aunque proporcionó información de solo 10 estados. En comparación, el gobierno declaró de procesamientos a nivel estatal en 22 estados por un total de 95 sospechosos procesados en 2021 y 14 estados por un total de 51 sospechosos procesados en 2020. Las autoridades declararon haber procesado al menos 37 individuos por delitos de trata con fines sexuales, incluidos todos los sospechosos procesados a nivel estatal en Chiapas, la Ciudad de México y Zacatecas; el gobierno no declaró el número de individuos procesados por delitos de trata laboral. En 2022, los funcionarios federales condenaron a cinco tratantes sexuales y las autoridades estatales condenaron a 111 tratantes: 81 por trata sexual, 20 por trata laboral y 10 por formas no especificadas de trata. El total de condenas, 116, aumentó de las 75 condenas (todas a nivel estatal) en 2021 y las 49 condenas (estatales y federales) en 2020. Las autoridades informaron del doble de condenas por trata con fines laborales: 10 en 2021 a 20 en 2022. No obstante, una falta de coordinación entre los inspectores laborales, autoridades de justicia penal y proveedores de servicios obstaculizaron los esfuerzos para exigir responsabilidades penales a los tratantes de personas con fines laborales y proporcionar asistencia integral a las víctimas de trata laboral. En 2022, los tribunales dictaron sentencias para los tratantes condenados que iban de entre 10 a 196 años y seis meses de prisión y ordenaron a muchos tratantes el pago de multas y restituciones. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda descubrió 403 transacciones financieras sospechosas, por un importe de 7.5 millones de dólares, potencialmente vinculadas a la trata de personas y remitió algunos de estos casos a las autoridades pertinentes para su investigación penal, lo que supone un aumento con respecto a las 201 transacciones descubiertas en 2021. Una ONG que operaba la línea nacional dedicada contra la trata de personas remitió 43 llamadas a fiscalías especializadas para su atención. Las fiscalías mexicanas colaboraron en 14 investigaciones con las autoridades de Argentina, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, Polonia y Venezuela. Las autoridades mexicanas detuvieron y extraditaron a dos fugitivos buscados por delitos de trata de personas en los Estados Unidos. El gobierno carecía de un sistema coordinado para el seguimiento de datos sobre sus esfuerzos de aplicación de la ley y protección de las víctimas de trata, la verificación de estadísticas, la evaluación de esfuerzos y la asignación adecuada de recursos.
Dos unidades de procesamiento especializadas, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (UETIMPO), procesaron casos en virtud de la ley federal mexicana contra la trata de personas. Las unidades de procesamiento especializadas a nivel estatal, cuyos niveles de capacidad, personal y financiación variaban de forma generalizada, tenían la responsabilidad principal del cumplimiento de leyes contra la trata en todo el país. Aunque las personas en comunidades rurales e indígenas enfrentaban riesgos severos de trata, las fiscalías en estas zonas estaban especialmente escasas de personal y carecían de suficientes recursos para procesar eficazmente los delitos de trata. La coordinación entre los niveles estatal y federal continuaba siendo lenta. Las autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México realizaban más de la mitad de todas las investigaciones reportadas a nivel estatal en 2022. El gobierno identificó a los estados de Guerrero, Tlaxcala y Veracruz como aquellos con una alta prevalencia de trata de personas; por primera vez en al menos tres años, las autoridades de Tlaxcala condenaron a dos tratantes sexuales, pero las autoridades de Veracruz y Guerrero no condenaron a ningún tratante al menos por tercer año consecutivo. Los expertos locales informaron de que la insuficiente financiación a las fiscalías en estos estados llevó a acusar a los sospechosos de delitos que consideraban más fáciles de probar. La Guardia Nacional de México capacitó a 276 efectivos para identificar e investigar los delitos de trata y la UIF llevó a cabo una serie de talleres para funcionarios públicos de los sectores pertinentes sobre flujos financieros y trata de personas.
La corrupción y la complicidad de funcionarios en los delitos de trata de personas siguen siendo motivo de preocupación y dificultan la acción policial. Algunos funcionarios gubernamentales facilitaron o participaron en delitos de trata. El nuevo PNA del gobierno contra la trata identificó la corrupción y la confabulación con grupos delictivos como desafíos que contribuyen a altos niveles de impunidad de los delitos de trata de personas.
El gobierno disponía de una línea dedicada y un sitio web abiertos al público para la denuncia anónima de presuntos casos de corrupción en los que estuvieran implicados funcionarios públicos, pero no comunicó haber recibido ninguna información relacionada con la trata de personas. En 2022, el gobierno no informó de nuevas investigaciones, procesamientos o condenas de funcionarios por complicidad en delitos de trata, un descenso respecto a años anteriores en los que las autoridades realizaron detenciones de funcionarios presuntamente cómplices.
El gobierno no proporcionó información actualizada de casos abiertos en años anteriores, entre ellos, el del ex gobernador de Puebla, detenido en febrero de 2021 por ordenar en 2005 la tortura y detención ilegal de una periodista que expuso la presunta implicación del funcionario en una red de tráfico sexual de menores; una investigación de 2021 de un servidor público detenido por su presunta implicación en delitos de tráfico sexual de menores; o las detenciones en 2021 y 2022 de un ex dirigente y dos ex empleados de un partido político nacional, acusados de dirigir una operación de tráfico sexual con recursos del partido.
PROTECCIÓN
El gobierno disminuyó los esfuerzos de protección, identificando a menos víctimas y prestando servicios inadecuados. El gobierno informó de la identificación de 440 víctimas en 2022, aunque no todos los estados proporcionaron información. Esto fue una disminución importante respecto de las 744 víctimas identificadas en 2021 y 673 víctimas identificadas en 2020. A nivel federal, funcionarios de FEVIMTRA y del Instituto Nacional de Migración (INM) identificaron 31 víctimas de tráfico sexual y nueve víctimas de trabajos forzados. Funcionarios estatales identificaron 231 víctimas de trata sexual en 17 estados, 112 víctimas de trabajos forzados en nueve estados y 57 víctimas de formas no especificadas de trata en cuatro estados. El gobierno sólo proporcionó datos parciales desglosados sobre las víctimas identificadas: Entre las víctimas de trata sexual había al menos 16 niñas, 75 mujeres y tres hombres; y entre las víctimas de trabajos forzados había al menos siete niñas, tres mujeres y cinco hombres. El gobierno identificó al menos 20 víctimas de otros países, entre ellas una persona LGBTQI+. El INM identificó a once personas de trata sexual provenientes de Argentina, Colombia, Guatemala, Perú y Venezuela; y cuatro víctimas de trabajos forzados provenían de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Funcionarios de Baja California identificaron a otras cinco víctimas extranjeras. Una organización internacional identificó 21 víctimas más, todas ellas extranjeras. El gobierno no proporcionó información del número de víctimas mexicanas de trata que las autoridades identificaron o asistieron en otros países. En comparación, los funcionarios de consulados mexicanos en el extranjero identificaron y asistieron a 86 víctimas de trabajos forzados en 2021.
La mayoría de los funcionarios públicos carecían de SOP para identificar proactivamente a las posibles víctimas de trata en los grupos vulnerables y remitirlas sistemáticamente a los prestadores de servicios y el gobierno carecía de un Mecanismo Nacional de Remisión (MNR) para brindar un estándar consistente de remisión a las víctimas. En diciembre de 2022, con el apoyo de una organización internacional y un donante extranjero, el gobierno completó las actualizaciones de sus SOP formales para que los funcionarios de inmigración detecten, identifiquen y apoyen a las posibles víctimas de trata durante una verificación inicial de inmigración.
Las autoridades no examinaron a los nacionales cubanos que trabajaban en México, incluso como profesionales de la medicina, en busca de indicadores de fuerza, fraude o coacción, a pesar de las pruebas de que el gobierno cubano pudo haber obligado a algunos de ellos a trabajar. Los funcionarios consulares siguieron un protocolo para identificar y prestar asistencia a las víctimas mexicanas en el extranjero, y algunos otros organismos siguieron procedimientos informales de remisión de víctimas. Los inspectores laborales tenían un protocolo para identificar a presuntas víctimas de trabajos forzados durante las inspecciones rutinarias de empresas y granjas registradas formalmente y podían responder a las denuncias de trabajos forzados, pero los observadores locales informaron de una falta de coordinación con otras secretarías para facilitar las investigaciones penales y la asistencia a las víctimas. En todo el gobierno, la remisión de víctimas por parte de los primeros respondientes era en gran medida ad hoc y los procedimientos variaban de un estado a otro, dependiendo la mayoría de los albergues de los fiscales para identificar y remitir a las víctimas adultas y de los funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) para remitir a los niños. Las ONG informaron de que las autoridades de todos los niveles del gobierno no conocían suficientemente las leyes sobre trata de personas y no identificaban ni remitían eficazmente a las posibles víctimas. El gobierno capacitó a empleados de estaciones de autobuses para identificar a posibles víctimas de trata y, con el apoyo de donantes, el gobierno capacitó a funcionarios de inmigración en un programa certificado de identificación de posibles víctimas de trata. Durante visitas de monitoreo no anunciadas a las instituciones que prestan servicios a migrantes y víctimas de delitos, la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) capacitó al personal en la identificación y asistencia a las víctimas de trata dentro de estas poblaciones vulnerables.
El gobierno no proporcionó datos completos sobre los servicios a las víctimas. Los funcionarios federales y estatales informaron de que 79 víctimas, incluidas 60 víctimas de trata sexual y 19 de trata laboral, recibieron servicios gubernamentales o apoyados por el gobierno. Las autoridades informaron de la remisión de al menos 50 víctimas, 34 de ellas explotadas sexualmente y 16 laboralmente, a proveedores de servicios. El gobierno no aclaró hasta qué punto se solapaban estas cifras ni proporcionó detalles sobre el tipo y la duración de los servicios prestados. No todos los estados facilitaron datos. Una organización internacional informó de la remisión de 25 víctimas a los servicios; entre estas víctimas había cinco mujeres víctimas de trata sexual, siete mujeres y 10 hombres víctimas de trata laboral, y una mujer y dos hombres en formas no especificadas de trata. En general, los organismos federales y estatales ofrecieron a las víctimas ayuda de emergencia a corto plazo, como atención médica, alimentos y alojamiento en espacios temporales o transitorios. El gobierno proporcionó a algunas víctimas servicios adicionales como atención psicológica, asistencia jurídica y acceso a oportunidades de educación o empleo, a menudo en colaboración con ONG. Sin embargo, los servicios para las víctimas variaban en todo el país, no estaban disponibles en muchas regiones y eran especialmente inadecuados para las víctimas masculinas, las víctimas de trabajos forzados y las víctimas de las zonas rurales. Las ONG proporcionaban la mayor parte del apoyo a largo plazo a las víctimas. Las ONG informaron de que el gobierno no proporcionaba fondos suficientes para los servicios críticos a las víctimas y que éstas no recibían suficiente asistencia gubernamental en la mayoría de los estados. El apoyo médico y psicológico no solía ir más allá de evaluaciones superficiales; los albergues, tanto a nivel estatal como local, solían alojar a las víctimas sólo mientras duraba el juicio penal; y los servicios de reintegración a largo plazo eran muy limitados, lo que dejaba a las víctimas muy expuestas a la reexplotación.
Las víctimas tenían un acceso desigual a los albergues en todo el país. Una organización internacional informó de que había 29 albergues en México que podían ayudar a las víctimas de trata, incluidos 13 albergues especializados en trata, 11 para víctimas de violencia de género y cinco que atendían a una población especializada, como mujeres indígenas, niños y adolescentes o migrantes. Las ONG gestionaban la mayoría de los albergues que atendían a víctimas de trata. El gobierno proporcionaba servicios como seguridad, transporte y asistencia médica a las víctimas en algunos albergues de las ONG. FEVIMTRA siguió gestionando un albergue de alta seguridad en la Ciudad de México que podía alojar a 50 mujeres víctimas y a sus hijos durante un máximo de tres meses mientras las víctimas participaban en procesos judiciales. Las ONG expresaron su preocupación por el hecho de que las elevadas medidas de seguridad, incluida la imposibilidad de que las víctimas salieran del albergue sin compañía, pudieran haber vuelto a traumatizar a algunas de ellas. Los estados de México, Chiapas y Ciudad de México siguieron gestionando seis albergues para víctimas de trata financiados por el gobierno. En total, cinco estados contaban con albergues especializados del gobierno o de ONG para víctimas de trata. En agosto de 2022, el gobierno de Tlaxcala suscribió un acuerdo con un albergue de una ONG en un estado vecino, lo que permitió a los funcionarios remitir a las víctimas a ese albergue. Otros cuatro estados tenían acuerdos similares con albergues para víctimas de trata fuera del estado, pero los gobiernos estatales no siempre proporcionaban financiación u otro tipo de apoyo como parte de estos acuerdos. No había albergues gubernamentales ni de ONG para víctimas de trata que aceptaran a hombres o niños mayores de 13 años, lo que limitaba el acceso a servicios especializados tanto para víctimas masculinas como para víctimas con hijos adolescentes a su cargo. Con el apoyo de una organización internacional, el gobierno elaboró y comenzó a aplicar un manual operativo para las normas de atención en los albergues gubernamentales y de ONG que atienden a víctimas de la trata.
La ley ofreció a las víctimas protección frente al castigo por actos ilícitos cometidos como consecuencia directa de haber sido objeto de trata. Sin embargo, el gobierno careció de procedimientos formales para identificar a las víctimas entre los grupos vulnerables, incluidos los niños detenidos por presuntas actividades delictivas relacionadas con las pandillas y los migrantes en los centros de detención. Las ONG informaron que, en ocasiones, las autoridades detuvieron injustamente a las víctimas acusadas de trata y que algunos funcionarios utilizaban los albergues como centros de detención para las víctimas hasta que se resolvían sus casos. Las víctimas de trata entre los migrantes y los solicitantes de asilo solían tener miedo de denunciar los abusos debido a la desconfianza en las autoridades y al temor a las sanciones u otras repercusiones. El gobierno no informó si cumplió con una recomendación de la CNDH, emitida en enero de 2020, para indemnizar a una víctima de trata sexual a la que las autoridades violaron sus derechos humanos al detenerla en un centro de detención para migrantes en 2018. Mientras que en 2021 el gobierno concedió 13 visas humanitarias a víctimas de trata; en 2022 sólo concedió cinco. Las visas humanitarias permitían a las víctimas extranjeras de la trata de personas permanecer legalmente y trabajar en el país hasta durante un año, éstas visas contaban con la opción de extenderse. Este beneficio no dependía de la voluntad de la víctima de participar en un juicio penal. Los funcionarios del gobierno y las ONG reconocieron que existen obstáculos para que las víctimas reciban visas humanitarias como: la incapacidad de las autoridades para identificar a las víctimas extranjeras de la trata de personas que reúnen los requisitos necesarios, los esfuerzos insuficientes para dar a conocer a las víctimas el proceso para obtener dicha ayuda, y los largos tiempos de espera para tramitar las solicitudes.
La ley contra la trata estipuló que las autoridades deben aplicar el principio de “máxima protección” para garantizar la seguridad, el bienestar y la privacidad de las víctimas y los testigos, lo que incluye la protección de la identidad de las personas y el cambio de nombre y residencia de las víctimas afectadas por el crimen organizado. Los tribunales permitieron que algunas víctimas rindieran testimonio a través de un circuito cerrado de televisión. No obstante, en ocasiones se hicieron públicos datos que permitían la identificación de casos muy sonados y las ONG informaron que los funcionarios a menudo volvían a traumatizar a las víctimas por falta de sensibilidad, por culpabilización de la víctima y por no protegerlas adecuadamente durante los procesos penales. Los expertos expresaron su preocupación por el hecho de que los fiscales coaccionaran a algunas víctimas para que declararan durante el proceso judicial. El hecho de que las autoridades no emplearan procedimientos centrados en las víctimas, junto con la falta general de servicios especializados y de seguridad, desanimó a las víctimas a presentar denuncias o a participar en las investigaciones y en los juicios. Las mujeres, los indígenas, las personas LGBTQI+ y los migrantes sufrieron discriminación estructural que provocaba desigualdad en la asistencia y limitaba su acceso a la justicia.
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) contaba con una unidad encargada de apoyar el acceso a la justicia y la indemnización de las víctimas de delitos federales, pero el gobierno no la dotó de fondos suficientes ni de personal capacitado, lo que limitó su capacidad de brindar este apoyo a las víctimas de trata. La ley nacional contra la trata de personas exigió a los jueces de los casos penales, tanto a nivel estatal como federal, que ordenaran a los tratantes el pago de una indemnización a las víctimas. La ley también responsabilizó al gobierno de cubrir los pagos que los tratantes no pudieran realizar. El gobierno no proporcionó información sobre las cantidades que los jueces ordenaron pagar a los tratantes condenados ni sobre el número de víctimas que recibieron pagos de indemnización. Las organizaciones de la sociedad civil informaron que las víctimas de la Ciudad de México y de los estados de México, Nuevo León, Puebla y Veracruz recibieron una indemnización. Sin embargo, la mayoría de las víctimas a las que se les concedió la indemnización no recibieron estos fondos, y el gobierno no creó un fondo legalmente requerido para cubrir los pagos de indemnización que los perpetradores no pudieran pagar.
PREVENCIÓN
El gobierno incrementó los esfuerzos de prevención. La comisión contra la trata de personas, dirigida por la SEGOB, coordinó los esfuerzos entre los organismos gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil. En diciembre de 2022, el gobierno publicó un nuevo PNA: el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (2022-2024). Los problemas de coordinación entre las autoridades federales, estatales y locales y la ausencia de herramientas de recopilación de datos y supervisión para seguir los avances en la aplicación de las políticas limitaron los progresos del gobierno. Sin embargo, los expertos locales señalaron que la comisión mejoró la coordinación durante el año y elogiaron la inclusión de indicadores para seguir los avances en la aplicación del nuevo PNA.
El gobierno proporcionó financiación a una ONG para que gestionara y operara la línea dedicada nacional de ayuda contra la trata de personas, que ofrecía asistencia las 24 horas del día a las personas que llamaban en español, inglés y lenguas indígenas. La línea de asistencia recibió 2,549 llamadas relacionadas con la trata y se determinó que la mayoría de las personas que llamaron se encontraban en peligro de ser víctimas de la misma. El gobierno llevó a cabo una serie de programas de formación y sensibilización contra la trata de personas para funcionarios públicos y miembros del público. La comisión de lucha contra la trata organizó seminarios en línea sobre el uso de la tecnología en la captación de víctimas, organizó talleres para el personal de la Secretaría del Bienestar, y se asoció con una aerolínea internacional de ámbito local para proyectar un video de sensibilización en los vuelos. Las fiscalías especializadas en la lucha contra la trata formaron a más de 6,000 funcionarios en prevención de la trata, identificación de víctimas, derechos humanos, y Estado de Derecho. El gobierno de la Ciudad de México impartió 19 talleres en 14 estados sobre la prevención de todas las formas de violencia contra los niños, incluida la trata. Sin embargo, la sensibilización y la comprensión de la trata de personas, especialmente la relacionada con el trabajo forzado, siguen siendo escasas entre el público. Los expertos señalaron que las campañas de prevención no llegaban lo suficiente a los grupos de alto riesgo como los niños, las comunidades rurales e indígenas y los no hispanohablantes. Los funcionarios mexicanos contrataron a profesionales médicos cubanos durante el año, pero no informaron de los esfuerzos realizados para evitar el trabajo forzado entre estos trabajadores, a pesar de la preocupación constante de los expertos internacionales de que el Gobierno de Cuba podría haber obligado a algunos de ellos a trabajar. Los informes de los medios de comunicación indicaron que las autoridades mexicanas pagaban los salarios de los profesionales médicos cubanos al gobierno cubano, en lugar de a los trabajadores, lo que aumentaba el riesgo de trabajo forzado. En 2022, una ONG informó que el gobierno de México pagaba al gobierno cubano aproximadamente 3,500 dólares al mes por trabajador y, a su vez, el gobierno cubano pagaba a cada trabajador 200 dólares al mes, lo que dejaba a los trabajadores con sólo el 6 por ciento de sus salarios.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no contó con un número suficiente de inspectores laborales, lo que obstaculizó la aplicación firme y coherente de las leyes laborales. Además, los inspectores de trabajo tenían un mandato limitado para llevar a cabo la supervisión de las condiciones de trabajo en las empresas y granjas agrícolas informales -que emplean a más de la mitad de los trabajadores mexicanos- y el requisito de notificar con 24 horas de antelación las inspecciones rutinarias dificultaba su eficacia cuando éstas se llevaban a cabo. Las autoridades realizaron muy pocas inspecciones en los principales estados agrícolas en los que supuestamente abundaban los abusos, investigaron pocas denuncias y carecieron de mecanismos de coordinación eficaces para proporcionar a las víctimas identificadas los servicios adecuados y el acceso a la justicia penal. La Ley Federal del Trabajo obligó a las agencias de empleo y a los reclutadores de mano de obra a solicitar autorización y registrarse ante la STPS para operar legalmente, y la misma ley impuso multas por incumplimiento. La ley también prohibió a los reclutadores y agentes laborales realizar el cobro de comisiones a los trabajadores y a los empresarios cobrar las comisiones de las agencias a los trabajadores en forma de deducciones salariales. Sin embargo, el gobierno no informó de la imposición de multas a ninguna agencia de empleo por infracciones y muchos reclutadores de mano de obra informal -conocidos como “enganchadores”- eludieron la supervisión gubernamental y cometieron prácticas de explotación impunemente. La ley laboral obligó a los empleadores a pagar los salarios semanalmente; aquellos empleadores que retuvieron los salarios para mantener a un empleado en servidumbre forzosa también podrían ser acusados en virtud de la ley contra la trata de personas. Sin embargo, el gobierno no aplicó eficazmente las leyes contra los empleadores que retenían los salarios para obligar a los trabajadores a cumplir determinadas cuotas o a seguir trabajando durante un tiempo determinado. El gobierno firmó un memorando de entendimiento con el gobierno de Estados Unidos para aumentar la coordinación en materia de movilidad laboral y protección de los participantes en programas de trabajadores extranjeros temporales.
En febrero de 2023, la STPS y la Secretaría de Economía publicaron un decreto que establece los lineamientos para prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajos forzados. En 2021 entró en vigor una reforma a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que obligó a las autoridades a expedir documentos temporales a los niños migrantes indocumentados y a sus cuidadores adultos, concediendo su presencia legal en México mientras el gobierno resolvía de acuerdo al mejor interés del menor. Los observadores locales expresaron su preocupación por el hecho de que la ley no protegía de la explotación a los niños no acompañados, ya que no exigía que los adultos demostrarán su relación con el niño. La Secretaría de Turismo colaboró con una ONG para impartir formaciones virtuales y presenciales sobre un código de conducta público-privado para la protección de los niños en el sector turístico. Esta formación llegó a más de 14,000 empleados del sector hotelero de todo el país. A lo largo del año, 345 empresas se adhirieron al código de conducta, pero las ONG denunciaron que la falta de seguimiento por parte del gobierno y de esfuerzos para hacerlo cumplir limitaba su eficacia. El gobierno participó en un programa con autoridades de Estados Unidos para limitar la entrada a México de delincuentes sexuales condenados en Estados Unidos, y en 2022 las autoridades mexicanas negaron la entrada a 763 delincuentes sexuales. El gobierno no investigó ni procesó a ningún sospechoso de turismo sexual infantil. Los estados de Colima y Quintana Roo aprobaron protocolos que permiten el uso de técnicas de investigación encubiertas en casos de explotación sexual en línea y las autoridades de estos estados iniciaron investigaciones proactivas sobre este tipo de delitos. El gobierno se esforzó por reducir la demanda de actos sexuales con fines comerciales procesando y condenando a 12 personas que contrataron actos sexuales con fines comerciales a víctimas de la trata de menores.
PERFIL DE TRATA: Como se ha informado en los últimos cinco años, los tratantes de personas explotan a las víctimas nacionales y extranjeras en México, y los tratantes explotan a las víctimas de México en el extranjero. Entre los grupos considerados de mayor riesgo para la trata en México se encuentran los niños no acompañados, los indígenas, las personas con discapacidades mentales y físicas, los solicitantes de asilo y los migrantes, los desplazados internos, las personas LGBTQI+, los trabajadores del sector informal y los niños en territorios controlados por pandillas. Estos grupos suelen experimentar factores de riesgo como la marginación, la violencia intrafamiliar y social, la delincuencia y la necesidad de emigrar dentro del país o al extranjero para encontrar empleo. Los tratantes reclutan y explotan a mujeres y niños mexicanos, y en menor medida a hombres, en el tráfico sexual en México y Estados Unidos mediante falsas promesas de empleo, relaciones románticas engañosas o extorsión. La mayoría de los casos de trata se producen entre familiares, parejas íntimas, conocidos en las redes sociales o a través de trampas relacionadas con el empleo. Expertos locales informan de una prevalencia especialmente alta de la trata sexual infantil en Tlaxcala, donde los padres u otros miembros de la familia son a menudo cómplices de estos delitos. Las poderosas redes operadas por familiares captan y seducen a niñas de la comunidad para luego explotarlas en el tráfico sexual en México o Estados Unidos. La explotación sexual de menores en línea continúo su aumentó durante el año. Las personas transgénero son especialmente vulnerables al tráfico sexual. Los tratantes utilizan cada vez más el Internet, sobre todo las redes sociales, para captar a posibles víctimas; una ONG informó de que más del 60 por ciento de las víctimas que llamaron a la línea de atención telefónica contra la trata fueron captadas inicialmente a través de sitios web o redes sociales. La misma ONG informó de un aumento de las denuncias de tratantes que captan niños a través de videojuegos. Los tratantes explotan a adultos y niños mexicanos en trabajos forzados tanto en la economía formal como informal de México y Estados Unidos. Éstos someten a las víctimas a trabajos forzados en sectores como la agricultura, el servicio doméstico, el cuidado de menores, la manufactura, la minería, el procesamiento de alimentos, la construcción, el turismo, la mendicidad y la venta ambulante. Los tratantes suelen explotar a jornaleros y a sus hijos en trabajos forzados en el sector agrícola de México, y la mayoría de las víctimas proceden de poblaciones económicamente vulnerables e indígenas. Tanto los individuos como las familias emigran de los estados más pobres a las regiones agrícolas para cosechar verduras, café, azúcar y tabaco; muchos reciben poca o ninguna paga o descanso; soportan condiciones de vivienda inhumanas sin acceso a alimentos adecuados, agua potable o atención médica; y se les niega la educación para los niños. Algunos empleadores retienen ilegalmente el salario semanal para obligar a los trabajadores agrícolas a cumplir determinadas cuotas de cosecha o a seguir trabajando hasta el final de la misma. Los “enganchadores” emplean con frecuencia prácticas de contratación engañosas y cobran tarifas ilegales para colocar a los trabajadores agrícolas en México y Estados Unidos; a muchos trabajadores se les promete un salario decente y un buen nivel de vida, y posteriormente se les obliga a realizar trabajos forzados mediante la servidumbre por deudas, amenazas de violencia e impago de salarios. Las ONG estiman que los tratantes explotan cada vez más a las personas en trabajos forzados en México. La gran mayoría de las víctimas extranjeras de trabajos forzados y trata con fines sexuales en México proceden de Centroamérica y Sudamérica, en particular de El Salvador, Guatemala, Honduras, y Venezuela, con un aumento de las víctimas venezolanas en los últimos años. Los tratantes explotaban a algunas de estas víctimas a lo largo de la frontera sur de México. Las ONG y los medios de comunicación informan que también se han identificado en México víctimas procedentes del Caribe, Europa del Este, Asia y África, algunas de ellas de camino a Estados Unidos. Los nacionales cubanos que trabajan en México, incluidos los profesionales médicos contratados por el gobierno mexicano, pueden haber sido obligados a trabajar por el gobierno cubano.
Los grupos de crimen organizado se benefician del tráfico sexual y obligan a adultos y niños mexicanos y extranjeros a participar en actividades ilícitas, incluso como asesinos, halcones y en la producción, transporte y venta de drogas. Los expertos expresaron su especial preocupación por el reclutamiento forzado de niños indígenas por parte de grupos del crimen organizado, que utilizan la tortura y amenazas creíbles de asesinato para explotar a estos niños en la delincuencia forzada. Los grupos criminales explotan a miles de niños en México para que sirvan de halcones, lleven a cabo ataques contra las autoridades y grupos rivales, roben combustible, o trabajen en los campos de amapola. Los observadores también expresaron su preocupación por el reclutamiento de nacionales mexicanos recientemente deportados y de migrantes extranjeros por parte de grupos del crimen organizado con fines de delincuencia forzada. Los migrantes y solicitantes de asilo que se encuentran en México o transitan por el país son vulnerables a la trata con fines sexuales y al trabajo forzado, en particular por parte de grupos grandes y pequeños de delincuencia organizada. Los tratantes suelen enfocarse en los migrantes y solicitantes de asilo más vulnerables, que a menudo temen denunciar los abusos, incluidos los miembros de poblaciones marginadas que suelen sufrir discriminación por parte de las autoridades. Los migrantes que dependen de los “coyotes” corren un riesgo especialmente alto de explotación, ya que muchos de ellos asumen deudas para pagarle a los mismos. Los observadores, incluidos los legisladores mexicanos, señalaron los vínculos entre la violencia contra las mujeres y las niñas, y entre las desapariciones de mujeres, los asesinatos y la trata de personas por parte de los grupos del crimen organizado.
Los observadores informaron de posibles casos de trata en centros de rehabilitación por abuso de sustancias, albergues para mujeres e instituciones gubernamentales para personas con discapacidad, incluso por parte de grupos de crimen organizado y empleados de las instalaciones. La corrupción relacionada con la trata sigue siendo preocupante. Algunos funcionarios del gobierno están coludidos con los tratantes o participan en los delitos de trata. Al parecer, los funcionarios corruptos participan en el tráfico sexual, incluso dirigiendo operaciones del mismo. Algunos funcionarios de inmigración supuestamente aceptan el pago de los tratantes para facilitar la entrada irregular de las víctimas extranjeras de trata en México. El gobierno informó que el turismo sexual infantil está aumentando especialmente en las zonas turísticas y en las ciudades fronterizas del norte. En ocasiones, los padres son cómplices de la explotación de sus hijos en el turismo sexual infantil y se cree que los niños en situación de calle también corren un alto riesgo. Muchos turistas sexuales infantiles proceden de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental; los hombres mexicanos también compran favores sexuales a las víctimas de trata infantil. Las autoridades informaron que las redes de trata utilizan cada vez más las criptomonedas para lavar las ganancias provenientes de sus crímenes.
https://mx.usembassy.gov/es/reporte-sobre-trata-de-personas-2023/
