09.08.2023.- Rosalinda López Hernández, número dos del SAT, hermana de Adán Augusto López Hernández, esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, de acuerdo a la información proporcionada anoche por el medio de comunicación Latinus, ha recibido casi 500 millones de pesos en contratos del gobierno de Chiapas con empresas fantasmas.
Carlos Loret de Mola ha exhibido un reportaje documentado sobre la política mexicana que ha sido diputada local, diputada federal y senadora por Tabasco. Actualmente es Administradora General de Auditoría Fiscal Federal del SAT y es esposa del gobernador de Chiapas Rutilio Escandón .
La investigación periodística arroja luz sobre posibles prácticas corruptas y conflictos de interés en el gobierno de Chiapas, donde se ha revelado vínculos financieros entre Rosalinda López Hernández, Administradora General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, y contratos millonarios otorgados a empresas fantasmas.
De acuerdo con los informes presentados, Fátima Gutiérrez Ovando, esposa de Ernesto Carballo Zurita, operador político de López Hernández, habría recibido un asombroso total de 79 adjudicaciones directas por un valor de 323 millones de pesos provenientes del gobierno de Chiapas entre los años 2020 y marzo de 2023. Estas adjudicaciones levantan serias sospechas debido a la naturaleza de las empresas beneficiarias y la falta de pruebas concretas de actividad comercial legítima.
Ernesto Carballo Zurita, quien ha mantenido una relación cercana con Rosalinda López Hernández durante varios años, es una figura influyente en la política local. López Hernández, además de su posición en el SAT, también es conocida por su papel como esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y hermana del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López.
La investigación de Latinus resalta la necesidad de una mayor transparencia y escrutinio en los procesos de contratación gubernamental, especialmente cuando se trata de montos sustanciales de fondos públicos. Las conexiones entre altos funcionarios y empresas fantasmas plantean serias dudas sobre la imparcialidad y la ética en la toma de decisiones.
La revelación de estos vínculos sospechosos entre funcionarios y empresas fantasmas genera interrogantes sobre posibles conflictos de interés y abuso de poder en el otorgamiento de contratos gubernamentales. La sociedad exige respuestas y rendición de cuentas en torno a estas prácticas, que podrían socavar la confianza en las instituciones y minar los esfuerzos de lucha contra la corrupción.
. En un momento en que la transparencia y la integridad son fundamentales para el funcionamiento de cualquier gobierno, estos hallazgos subrayan la necesidad de una revisión exhaustiva y una rendición de cuentas en todos los niveles de la administración pública.
