*Gobernador Potosino Indica Disposición del Partido Verde para Aprobar Iniciativa; Solicita Apoyo de Otras Fracciones-
09.08.2023 Xalapa, Ver. El mandatario estatal de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ha solicitado a la legislatura local que acelere la aprobación de una iniciativa destinada a implementar la castración química como medida para aquellos individuos que se encuentren en prisión por delitos de abuso sexual y busquen reducir sus condenas.
En un llamado a los legisladores, Gallardo Cardona enfatizó la importancia de no dudar en este asunto: “No comprendo a qué están esperando; es necesario llevar esto a cabo. Debemos castrar a quienes han violado a niños, niñas y adolescentes; es urgente que actuemos”.
El gobernador afirmó que la iniciativa beneficiaría a la población potosina, la cual seguramente mostraría gratitud hacia los miembros del congreso que apoyen la propuesta. Gallardo añadió que el grupo parlamentario del Partido Verde está listo para discutir la moción, pero requiere del respaldo de las demás facciones parlamentarias.
La iniciativa en cuestión ha sido presentada conjuntamente por el Partido Verde y el Partido del Trabajo, argumentando que esto ayudaría a prevenir que personas condenadas por violación cometan actos similares en el futuro. Aclararon que la decisión de aplicar o no esta medida de seguridad será tomada por la autoridad judicial, basándose en la opinión médica proporcionada por los propios jueces, considerando las condiciones de salud o factores congénitos particulares del sentenciado.
El PVEM propone que se realice un tratamiento psicológico o psiquiátrico a la persona condenada, con el fin de que esta aborde, controle y corrija cualquier trastorno psicológico o sociológico que pudiera tener, buscando así evitar futuras reincidencias criminales.
El Partido Verde subraya que, para evitar cualquier posible inconstitucionalidad en la propuesta que reformaría el Código Penal del Estado, se propone la instauración de medidas de seguridad adicionales, generando así “una esperanza de justicia” desde la perspectiva de las víctimas del delito.
La dirección del partido político complementó la propuesta con un aumento en la penalidad, sugiriendo un aumento de la pena de ocho a dieciséis años de prisión a un rango de entre diez y veinte años, especialmente en los casos donde el delito sea perpetrado por dos o más personas involucradas.
