09.09.2023 México.-.- El acceso paritario a los espacios de toma de decisiones políticas ha sido un camino difícil para las mujeres. Hoy se cuenta con leyes que entregan un marco de exigibilidad respecto de su representación, pero persisten obstáculos importantes. Uno de ellos es el acoso político, que al igual que otras formas de violencia contra las mujeres, atenta contra el logro de la igualdad y la autonomía de las mujeres: sin participación paritaria en espacios de toma de decisiones en todos los niveles, no es posible hablar de igualdad de género ni tampoco de profundización de la democracia.
Algunas expresiones de acoso político a las mujeres son: las campañas en medio o redes en su contra, la asignación de distritos claramente perdedores, la ausencia de apoyo material o humano y agresiones o amenazas durante el período de campaña, y en el caso de las mujeres electas, la asignación a comisiones de poca importancia o a áreas de poca importancia, con bajo o sin presupuesto, trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación, mayor exigibilidad de rendición de cuentas e intimidación, amenazas, violencia física contra ellas mismas o hacia su familia, incluido, en situaciones extremas, el asesinato y la violación sexual, entre otros.
Los gobiernos de América latina, como parte de la discusión sobre paridad y autonomía política, acordaron en la X y XII Conferencias Regionales sobre la Mujer realizadas en Quito (2007) y Santo Domingo (2013) respectivamente, adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos políticos.
En la actualidad sólo cuatro países de la región se encuentran en proceso de debatir leyes que combatan el acoso y la violencia política: Costa Rica, Ecuador, México y el Perú, mientras que el Estado Plurinacional de Bolivia es el único país de América Latina y el Caribe que ha aprobado una ley, la Ley N° 243 de 2012, contra el acoso y violencia política hacia las mujeres.
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En México, existen leyes y regulaciones que abordan el acoso y la violencia política de género. A continuación, se mencionan algunas de las leyes y disposiciones relevantes:
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General VLGAM): Esta ley es la base principal para combatir la violencia de género en México, incluida la violencia política. Establece diversas formas de violencia de género, que incluyen la violencia política, y obliga a las autoridades a prevenirla, atenderla y sancionarla. La Ley General VLGAM se aplica en todo el país y establece la creación de mecanismos y políticas para prevenir y erradicar la violencia de género.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE): Esta ley regula los procesos electorales en México y establece disposiciones específicas para garantizar la igualdad de género y prevenir la violencia política. Entre sus medidas se incluye la promoción de la participación política de las mujeres, la paridad de género en las candidaturas y sanciones para quienes cometan violencia política de género.
Ley General de Partidos Políticos (LGPP): Esta ley regula el funcionamiento de los partidos políticos en México y establece medidas para garantizar la igualdad de género en su estructura y toma de decisiones. También prohíbe la violencia política de género y establece sanciones para quienes la perpetren.
Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP): Este código contiene disposiciones relacionadas con la persecución y sanción de delitos, incluida la violencia política. Proporciona herramientas legales para investigar y procesar a quienes cometan actos de violencia política.
Leyes Estatales: Además de las leyes a nivel federal, muchas entidades federativas en México han promulgado leyes estatales específicas para abordar la violencia política de género y el acoso político en sus jurisdicciones. Estas leyes reflejan y amplían las disposiciones de las leyes federales y brindan un marco legal completo para combatir estas problemáticas a nivel local.
Protocolos y Reglamentos Internos: Además de las leyes, los partidos políticos, instituciones gubernamentales y organizaciones suelen implementar protocolos y reglamentos internos para prevenir y sancionar la violencia política de género. Estos instrumentos pueden variar según la organización, pero refuerzan las medidas de prevención y sanción.
Es importante destacar que, aunque existen leyes y regulaciones específicas para combatir la violencia política de género en México, la implementación efectiva de estas leyes y la creación de una cultura de igualdad y respeto son desafíos continuos en la lucha contra esta problemática. Además, las sanciones pueden variar según la jurisdicción y la gravedad de la violencia política de género. Por lo tanto, es fundamental que las autoridades, los partidos políticos y la sociedad en su conjunto trabajen de manera conjunta para erradicar esta forma de violencia y promover la participación igualitaria de las mujeres en la política.
