Escrito por Berenice Chavarría Tenorio.
29.09.2023 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- Las mexicanas llegan con un brío de celebración a este Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro al contabilizar ya 12 entidades donde se ha despenalizado el aborto; sin embargo, no se deja de lado la exigencia. Y es que aunque las recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mostraron un panorama benéfico, aún prevalecen dudas, por ejemplo: ¿Qué pasa con el aborto después de las 12 semanas de gestación? ¿Cuándo mejorará la atención y se erradicará el estigma que perpetúa el personal médico? ¿Se está garantizando el servicio a niñas y adolescentes?
Las incógnitas predominan a lo largo y ancho de México, un país diverso en el que cada entidad vive y demanda acciones puntuales para garantizar el servicio de aborto. En cada región podemos encontrar a las acompañantes que han sido quienes permanecen al lado de las mujeres que buscan abortar, pero también se observan una serie de exigencias que no cesan aún con las diversas reformas.
Y es que, mientras más avances legislativos se den, mayor será la exigencia y vigilancia que se realice, pues ello permitirá alcanzar el panorama ideal, calidad plena en el servicio y la despenalización total que se espera, no solo en los Códigos Penales, sino también a nivel social.
El camino recorrido para llegar a este momento ha sido largo. Desde 1976, cuando se organizó en México la Primera Jornada Nacional sobre Aborto, ya se vislumbraban las necesidades que se requerían para una vida sexual y reproductiva plena.
Entre los acuerdos a los que las mujeres feministas llegaron en ese entonces se encuentran: demandas por la educación sexual desde la infancia, información y acceso a métodos anticonceptivos y el rechazo a la esterilización forzada, pero sobre todo, la necesidad de que se brindará el servicio de aborto de forma legal y gratuita.
31 años pasaron, las exigencias feministas se mantuvieron y finalmente el 26 de abril de 2007 en la Ciudad de México se lograron reformas al Código Penal local y la Ley de Salud para reconocer el derecho al aborto durante las primeras 12 semanas de gestación.
12 años tuvieron que esperar las mexicanas para que la Ciudad de México dejara de ser la única entidad donde se podía realizar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Así, en 2019, Oaxaca se sumó a las entidades donde ya era posible solicitar un aborto sin el temor a ser criminalizadas.
Uno a uno se fueron sumando otros estados: Hidalgo (2021), Veracruz (2021), Coahuila (2021), Baja California (2021), Colima (2021), Sinaloa (2022), Guerrero (2022), Baja California Sur (2022), Quintana Roo (2022) y ahora Aguascalientes (2023).
Además de sentencias como la emitida por la SCJN en 2021, cuando resolvió por unanimidad de diez votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar este derecho sin enfrentar consecuencias penales.
Y la más reciente el 6 de septiembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la regulación del aborto del Código Penal Federal por ser contraria a los derechos humanos. Es decir, afirmó que va en contra de la Constitución sancionar el aborto voluntario o a quienes lo procuren.
Estas sentencias obligan las 20 entidades que aún sancionan el aborto a despenalizarlo en sus Códigos Penales; sin embargo, en medio de resistencias, avances lentos y diversos cuesitonamientos, lo anterior aún no es una realidad.
Pero, ¿Qué pasa en el país, no solo en las entidades donde se ha despenalizado el aborto por medio de los Códigos Penales, sino en toda de la República Mexicana? ¿Qué pasos siguen? Para responder a esta y otras preguntas Cimacnoticias platicó con cinco mujeres defensoras y acompañantes de aborto en diversos rincones de México: Ninde MolRe, integrante de la colectiva Abortistas MX; Daniela Téllez Del Valle, directora ejecutiva de Di RAMONA, organización de Hidalgo; Paola Fernández, asesora jurídica del Centro Las Libres, Guanajuato; Yanick Castro de la colectiva Red Asaleas en Michoacán y Vanessa Jiménez, integrante de la Red Necesito Abortar y fundadora de “La Abortería” en Nuevo León.
Criminalización que prevalece
De enero a agosto de 2023 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tiene el registro de 587 carpetas de investigación por aborto, siendo la Ciudad de México (131), el Edomex (117) y Nuevo León (100) las entidades que más denuncias registran. Sin embargo, en estos datos no hay claridad.
Al respecto Ninde MolRe, abogada integrante de la colectiva Abortistas MX -misma que cuenta con una estrategia de amparos a nivel nacional para garantizar el acceso al aborto- asegura que en los datos que brinda el SESNSP hay opacidad.
“Hablamos de que en el registro podría haber casos de abortos voluntarios realizados después de la semana 12 de gestación; pero también podemos encontrar los abortos forzados, es decir, cualquier persona que obligue a un aborto, incluido el personal de salud, parejas, familia. En el registro tampoco tenemos la categoría de edad, entre otras”.
Añadió que lo que es posible encontrar en esta información es que aún hay criminalización del aborto en el país y sobre todo en la Ciudad de México, la primera entidad donde se despenalizó la interrupción del embarazo y que desde 2007 ha sido el lugar al que acuden mujeres de todo el país para acceder a este derecho.
Por su parte Paola Fernández, asesora jurídica del Centro Las Libres -organización que lleva 23 años defendiendo los derechos de las mujeres- recordó que al continuar existiendo el aborto como un delito en los Códigos Penales, las personas continúan denunciándolo; sin embargo, eso no garantiza que dicha denuncia trascienda en mayor medida gracias a la sentencia de la SCJN emitida en 2021.
“Solamente va a quedar como una denuncia abierta y el hecho de que haya denuncias abiertas no significa que todas esas denuncias están judicializadas”, puntualizó.
Por ello Paola Fernández consideró necesario voltear a mirar delitos como homicidio en razón de parentesco, que es uno de los principales ilícitos por el que son responsabilizadas las mujeres que deciden interrumpir su embarazo de manera voluntaria.
“La mujeres presas por abortar no están sentenciadas por aborto, sino por delitos que relacionan al aborto y que tienen penas más grandes. Entonces cuando la gente va a solicitar a través de acceso a la información datos sobre cuántas mujeres están privadas de su libertad por aborto, las autoridades van a decir cero, porque aquellas mujeres que están privadas de su libertad las sancionaron por un homicidio calificado, por un homicidio en razón de parentesco o incluso por femicidio derivado de una omisión de cuidados”, explicó la integrante de Las Libres.
En este contexto Ninde MolRe destacó la necesidad de que las autoridades brinden información clara y sencilla para conocer realmente el panorama de criminalización, que mantendría en prisión a más de 200 mujeres por delitos como los mencionados anteriormente y no puntualmente por “aborto”.
Acceso deficiente al servicio de aborto
En el caso de Hidalgo, meses después de que se despenalizara el aborto en su Código Penal en 2021, las mujeres que buscaban acceder al servicio se enfrentaban a “pésimos tratos”, recordó Daniela Téllez Del Valle, acompañante de abortos y directora ejecutiva de la colectiva hidalguense Di RAMONA.
“Las cuestionaban pasivo-agresivamente, les decían cosas horribles, les negaban el servicio, había mucho tiempo de espera. Las mandaban a determinados laboratorios con análisis a sobreprecios, les cobraban la atención médica y hasta el medicamento. Los mismos polícías de los hospitales eran una barrera porque les decían que ahí no se realizaban abortos”, contó Daniela a Cimacnoticias.
Fue entonces cuando desde Di RAMONA decidieron crear una línea telefónica, hicieron ruido en redes sociales y buscaron impulsar una mejor calidad en los servicios de aborto.
Poco a poco han logrado que la ILE se garantice de una forma efectiva; sin embargo, prevalecen deficiencias. Por ejemplo, actualmente el principal problema es el desabasto de medicamentos como mifepristona o misoprostol y, en general, escasez de insumos.
En el caso de Michoacán, donde el Código Penal sanciona con seis meses a un año de trabajo en favor de la comunidad a las mujeres que se practiquen un aborto voluntario, colectivas como Red Asaleas han buscado la despenalización en lo legal pero también han pugnado por que se garanticen servicios de calidad.
En la entidad se cuenta con solo un módulo de “Servicios de Aborto Seguro en los Servicios Estatales de Salud” al interior del Hospital General de Morelia «Dr. Miguel Silva». Estos espacios tienen el objetivo de “proporcionar atención al aborto en condiciones de seguridad, con personal de salud multidisciplinario, capacitado y sensibilizado para garantizar la más alta calidad y calidez en el servicio”, así lo refiere en su portal el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, impulsor de este proyecto.
Sin embargo, para Yanick Castro el personal que labora desde estos servicios desconoce los lineamientos teçnicos, no brindan la información necesaria y tampoco acompañan a las mujeres que buscan acceder a un aborto. Incluso su ubicación no es benéfica pues son pocas las solicitantes quienes pueden llegar hasta el hospital de Morelia donde se encuentra localizado.
Por ello la activista aseguró que, aunque las resoluciones de la Corte son avances importantes, para Michoacán “no se traducen en mucho más”. Es decir, en este punto del país se mantienen discusiones sobre el inicio de la vida, la objeción de conciencia y no se avanza hacia la despenalización y la garantía del servicio de aborto.
En la entidad tampoco se garantizan recursos para políticas públicas que operen con efectividad en favor de los derechos sexuales y reproductivos.
“Para que opere en términos institucionales cualquier tipo de acción se requiere que haya recursos económicos humanos y materiales, también tocan ciertas obligaciones y responsabilidades entre ellas identificar el aborto como parte de nuestra salud sexual y reproductiva. Al mismo tiempo es necesario que se actualizan los profesionales de la salud, que se haga un seguimiento de qué está pasando con los lineamientos técnicos y se trabaje en el estigma que prevalece en este sector”.
En lo anterior coincidió Daniela Téllez, quien aseguró que erradicar el estigma que continúa en el personal médico y que este brinde un espacio seguro para las mujeres que buscan abortar va más allá de las constantes capacitaciones.
“El personal de salud es difícil, son un gremio que se siente incuestionable. Entonces la solución que yo le veo no es inmediata y más bien es un trabajo que se tiene que hacer a largo plazo. Desde Di RAMONA a lo que le apostamos mucho es a las personas que están en formación para ser futuros profesionales de salud, creo que ahí hay un ámbito de oportunidad muy grande; también tenemos que apostarle a las reformas en los programas educativos, a los cambios en las currículas”, expresó.
Por su parte Ninde MolRe concordó en “generar mejores condiciones para que cuando nuevas y nuevos profesionales lleguen a los servicios de salud ya no haya tanto estigma y sea cada vez menos el personal que se declara objetor, porque cada personal objetor le significa al Estado un potencial riesgo en el sentido de que esta persona no va a querer practicar un aborto”.
Sumado a ello, para mejorar el acceso al servicio de aborto a nivel nacional, la defensora señaló como necesario “hablar de cómo tendría que ser el trato tomando en cuenta las identidades de las personas, por ejemplo, cuando haya población indígena debe haber traductores,o incluso hay comunidades donde las mujeres no pueden estar desnudas frente a hombres; que se tomen en cuenta a las personas con discapacidad, a las niñas y adolescentes, personas migrantes, etc”, sentenció.
El panorama para niñas y adolescentes
Tras las recientes sentencias de la SCJN otra de las dudas que prevale y de las que poco se habla, es sobre la forma en que se está brindando o no el servicio a niñas y adolescentes, quienes reprentaron uno de cada dos abortos que se realizaron durante 2022 en México en los sistemas de salud federal, según datos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea).
Ninde MonRe advirtió que ha incrementado la criminalización hacia adolescentes y son cifras que “nadie mira, porque se piensa que el sistema de adolescentes no es duro”.
Paola Fernández, integrante de Las Libres, explicó que si una niña está embarazada, lo primero que hay que verificar es si fue o no víctima de violencia sexual. En caso de que no, y busque acceder al servicio de aborto, se le debe proveer de manera sensibilizada e integral.
“El hecho de que una niña o una adolescente lleve a término un embarazo, la está poniendo en mayor situación de riesgo”, aseguró.
A las adolescentes, en algunas entidades donde se encuentra despenalizado el aborto como en Hidalgo, en ocasiones se les niega el servicio argumentando la necesidad de ser acompañadas por su madre, padre o tutor. Lo mismo ocurre en la Ciudad de México, donde se colocan este tipo de requisitos.
Sin embargo, lo anterior va contra la autonomía de las jóvenes. No se puede seguir creyendo que porque son niñas o adolescentes no pueden tomar decisiones adecuadas, aseguró Paola Fernández.
En Hidalgo, por ejemplo, desde Di RAMONA se han realizado acompañamientos de aborto solicitados por adolescentes, estos procesos se realizan de forma efectiva, no solo a mujeres jóvenes de esta entidad, sino provenientes de otros estados cercanos.
“Hablar de acceso al aborto para adolescentes implica sin lugar a dudas un tema de capacitación y sensibilización, porque siempre tenemos esta idea de que las adolescentes no pueden tomar decisiones por sí mismas, seguimos viéndoles como no sujetas de derecho, más bien las vemos como objetos del adultocentrismo. Seguimos pensando que nosotras las personas adultas somos quienes tenemos que tomar decisión sobre ellas y sus vidas y pareciera que conocemos más lo que quieren y necesitan que ellas mismas; entonces el tema de sensibilización está pendiente”, opinó Daniela Téllez.
Es importante destacar que la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes enfatiza que el embarazo en adolescentes está asociado a una alta prevalencia de aborto en condiciones inseguras. Por ello, las instituciones de salud tienen la obligación de garantizarlo.
“Es una obligación de los servicios de salud brindar el servicio de aborto seguro a las niñas y adolescentes que así lo soliciten. Estos servicios deben considerar el interés superior de la niñez, el principio de buena fe y la autonomía progresiva, así como el reconocimiento de las capacidades evolutivas de niñas y adolescentes”, explica el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México.
El mismo documento añade que las niñas y adolescentes son sujetas de derechos y como tal pueden ejercerlos de manera libre y autónoma, sin estar condicionadas a su edad.
El techo de las 12 semanas
Las iniciativas que buscan despenalizar el aborto la mayoría de las veces están enfocadas a la semana 12 de gestación, siguendo los pasos de la Ciudad de México, que, luego de un acuerdo político, determinó este límite de tiempo. Sin embargo, surge la duda ¿estamos frente a otro techo de cristal?
Actualmente el límite de aborto a la semana gestacional número 12 “no tiene ningún fundamento”, asegura Yannick Castro Herrejón, acompañante y activista en Michoacán. Esta afirmación la sostienen organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).
“Hay una necesidad persistente de servicios de aborto inducido y atención postaborto después de las 12 semanas de embarazo. La atención del aborto en este periodo gestacional debe ser accesible y ponerse a disposición de quienes la necesiten. El aborto inducido y la atención postaborto después de las 12 semanas de embarazo son procedimientos seguros y eficaces cuando se realizan con métodos aceptables desde el punto de vista profesional (por ejemplo, los que recomienda la Organización Mundial de la Salud) y conllevan menos riesgos para la salud de las mujeres y las niñas que llevar el embarazo a término”, señala la FIGO.
El límite de la semana 12 era una discusión política de hace años, “pero ya no estamos en esos momentos”, afirmó Yannick Castro. En dicha información coincidió Ninde MolRe, quien aseguró que muchas mujeres continúan siendo criminalizadas y enfrentan procesos penales por solicitar una interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación.
“Por cuestiones de discapacidad, condición económica, lenguaje, entre otras, pueden tener barreras para acceder a un aborto antes de la semana 12. Nos dejamos ir por la emoción que nos da haber ganado un poquito de derechos en este terreno tan difícil, no nos damos cuenta que hay personas que siguen necesitando un aborto después de la semana 12, ellas están siendo criminalizadas”, aseguró Ninde MolRe.
De este contexto también forman parte las mujeres que viven en entornos de violencia extrema que les impiden acceder a servicios de aborto seguro. Por ello, Ninde MolRe puntualizó que “perder de vista esta parte cuando ya se despenalizó parcialmente el aborto es comprarnos una idea de que hay mayor igualdad, pero esto no quiere decir que es igualdad plena. Mientras el delito exista, hay altas probabilidades de criminalización”.
Acompañamientos: la resistencia de las mujeres
Quienes han buscado interrumpir un embarazo coinciden en que los temores constantes que enfrentan provienen desde la forma en que será el trato en las instituciones de salud, si su bienestar podría estar en riesgo o las posibles complicaciones que se presentarían. Son pocos los espacios seguros donde se brinda información certeza, también son escazas las personas profesionales que recibirán con respeto y calidez a las mujeres que buscan abortar. Por ello durante años han surgido en rinconces del país grupos de mujeres que tienen como único objetivo acompañar a otras.
Una de ellas es Vanessa Jiménez, integrante de la Red Necesito Abortar, quien explica que “el acompañamiento es una comunicación que se tiene con quienes desean abortar, donde se les brindan todos los recursos que hay, ya sea de información, médicos o dudas que tengan de carácter más personal, cuestiones más íntimas que quieran platicar para que puedan tomar la mejor decisión para ellas”.
La Red Necesito Abortar fue creada en 2016 en el estado de Nuevo León, donde el aborto continúa siendo considerado un delito en el Código Penal local. Desde entonces las integrantes tuvieron la consigna de que acompañar a abortar no tiene por qué ser castigado.
“Hemos hecho el acompañamiento siempre de una manera muy abierta, aquí en casa hemos recibido a las chavas. Nunca hemos tenido un perfil oculto, la red siempre ha sido pública, siempre ha sido abierta”, explicó Vanessa Jiménez.
En 2017, como parte de esta labor, decidieron nombrar su espacio de acompañamiento como “La Abortería”. Ellas, al igual que las acompañantes de Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y otras entidades, dan un trato cercano, amoroso y de respeto a las mujeres que buscan acceder a un aborto.
Vanessa Jiménez explica que es normal el temor o la preocupación, entre los mayores miedos que enfrentan las mujeres que acuden a “La Abortería” explicó que se encuentran: el miedo a morir, a ser encarceladas o no poder volverse a embarazar.
“Nosotras en el acompañamiento les damos la certeza de que nada de eso va a suceder, les explicamos que están accediendo a un derecho. Cuando yo estoy acompañando les trato de transmitir que sean conscientes de lo que están viviendo, que no están tomando una decisión incorrecta y que solo ellas saben qué es lo mejor para su propia vida. Saber que no te van a encarcelar, que no te puedes morir y que puedes volver a embarazarte en el momento que tú lo decidas, da muchísima tranquilidad”, narró.
Podría afirmar que al mes 800 mujeres solicitan información o buscan acceder a un servicio de aborto a través de la Red, añadió la acompañante y activista.
También destacó que la labor que realizan es desde la escucha activa y respetuosa, un trato que difícilmente se podrá encontrar en los servicios de salud públicos. «De ahí que el acompañamiento sea un acto de rebeldía», expresó por su parte Paola Fernández.
Esa actividad no busca suplir las responsabilidades del Estado, aunque en casos como el de Hidalgo el acompañamiento se disparó a raíz de la despenalización en la entidad, pues las mujeres desconocían a qué hospitales acudir o enfrentaban obstáculos para acceder al servicio. Esa es una de las situaciones que las acompañantes pueden enfrentar, pero refieren que su labor continuará mientras haya mujeres que las busquen o las necesiten, en tanto continuarán vigilantes de que los gobiernos cumplan con sus obligaciones.
De esta forma el acompañamiento es la manera en que las mujeres toman sus derechos en las manos para formar parte del pleno ejercicio de los derechos de las otras: tejiendo redes desde el amor.
