/ Vanessa Romero Rocha /
El convenio distribuía candidaturas distritales y secretarías, acuerdos políticos que no levantarían ninguna ceja. Lo estridente es la otra parte del botín: una magistratura, planteles educativos, el instituto de transparencia, parte de la recaudación pública y seis notarias. Un armario repleto de cadáveres.
En un mundo ideal -o, como algunos dirían, si viviéramos en Dinamarca-, la revelación de estos hechos produciría dos efectos adicionales. Primero, la apertura de carpetas de investigación por delitos vinculados al otorgamiento ilícito de cargos. Segundo, alguna reflexión sobre la naturaleza de las posiciones repartidas. Así, por ejemplo, veríamos que defender la autonomía del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, que formaba parte del botín, es para morirse de la risa.
La situación con las notarías es igualmente espinosa.
A los notarios se les ha confiado la tarea de salvaguardar la verdad. Son ellos quienes confirman la autenticidad de los documentos esenciales para ejercitar nuestros derechos: contratos, testamentos, poderes, constitutivas, y la lista continúa. Dada la importancia de su papel, su probidad y competencia deberían ser cosa probada. Por ello, cuando nos ponen frente a las narices la corrupción implicada en su nombramiento, la paradoja resplandece.
Que nadie finja asombro. El ejercicio de transparencia liderado por Cortés, más que aviso, es recordatorio. Hemos ignorado por años el susurro: las notarías son botín político para quienes ríen a carcajadas de los supuestos procesos de selección para definir a los adjudicatarios. Silban despreocupados como quien canta una canción. Como prueba tenemos a los funcionarios superdotados que -tras su paso por tal o cual dependencia- aterrizan cómodamente en una notaría, las dinastías familiares y las codiciadas patentes que reparte la gracia de algún gobernador. Aguascalientes, Baja California, León, Puebla, Morelos, Nuevo León, Veracruz y Quintana Roo son estados implicados recientemente.
El notariado mexicano lleva tiempo ofreciéndonos gato por liebre y cobrando honorarios exorbitantes a cambio de cualidades de las que carecen. La evidencia se acumula. La deshonestidad de buena parte del gremio se contrapone a la verdad legal que implica su palabra. Además, su supervisión efectiva es limitada, pues, a pesar de cumplir una función estatal, no se les considera empleados públicos. Por último, sus funciones, además de constituir un acto monopólico, escapan a la revisión judicial al no implicar autoridad para efectos del amparo.
No todo es malo. Resultados positivos no siempre provienen de intenciones benevolentes. El avioncito de papel lanzado por el astuto líder del PAN ha aterrizado en buen momento. La tecnología nos ofrece avances que abren la puerta a nuevos sistemas de certificación legal. La función que cumplen los notarios es esencial, pero el operador que la desempeña es reemplazable: nada nos condena a dormir con el enemigo. En otros países ya están utilizando tecnologías como block-chain e inteligencia artificial para modernizar los servicios notariales. Estas herramientas, con la ayuda de algunos servicios estatales, están redefiniendo la función notarial.
La corrupción vinculada a la concesión de patentes notariales no es trivial. En el núcleo del propósito que motivó su creación, estaba colocado aquello a lo que han dado la espalda: ser guardianes de la verdad y la legalidad. Ojalá los acuerdos de Marko provoquen algo más que un escándalo semanal.
*La autora es abogada y consultora independiente.
