* Escrito por Olga Laura Ochoa.
23.02.2024 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- Mostrar descontento ante la publicación de información periodística que no resultaba de su agrado fue una primera etapa del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, después pasó a la estigmatización, luego reveló sueldos y hoy se ha traducido en el uso asimétrico del poder que deja expuesta y vulnerable la vida y seguridad de la periodista Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía del periódico New York Times en México, Centroamérica y El Caribe, cuya investigación fue denostada y en forma de revancha usó el poder de presidencia contra la periodista, acto que la dejó en situación de riesgo.
No hay que olvidar que el mismo presidente López Obrador y su equipo de colaboradores fueron los responsables de la filtración de datos sensibles de 263 periodistas que cubren las conferencias matutinas en Palacio Nacional.
Con respuestas como: «que cambie su teléfono» «ustedes (la prensa) se sienten una casta divina», luego que la periodista Jésica Zermeño increpó al presidente por su acción desde Palacio Nacional contra esta nueva filtración de datos, el mandatario olvidó que además de violar la ley de uso de datos personales, tuvo esta acción en un contexto violento contra periodistas en el país, por ejemplo, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, la violencia contra mujeres periodistas se ha incrementado.
En 2013 se registraron 47 casos, mientras que en 2021 la cifra fue de 232, lo que revela que el número de agresiones se quintuplicó, evidencia el informe Palabras impunes realizado por el Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).
Esta acción del presidente de México ha tenido respuesta inmediata por parte de miembros de la prensa nacional e internacional, así como de defensoras quienes exigen se sancione el hecho, se repara, se garantice la seguridad de la prensa en el país y se encuentren garantías de no repetición.
Natalie Kitroeff, la periodista
La llave de tuerca ya giró de nuevo, y ahora el blanco se encuentra en la espalda de la periodista Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía del periódico New York Times en México, Centroamérica y El Caribe, ya que, durante su conferencia mañanera del jueves, el titular del Ejecutivo hizo alusión a un trabajo de investigación del mencionado diario internacional y leyó en pantallas de Palacio Nacional el teléfono de la corresponsal.
Motivo por el cual, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció, el inicio de una investigación que busca establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, explicó el Instituto.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en México, el derecho a la protección de datos personales se encuentra regulado en diversos ordenamientos según el ámbito de que se trate. En el sector público existe la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la cual mandata a los funcionarios o entidades del gobierno a proteger los datos personales de los ciudadanos.
Violencia desde Palacio Nacional
Esta cadena de eventos violentos, se dio la mañana del pasado jueves, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador revelara públicamente el teléfono de una periodista del diario estadounidense New York Times quien indagaba sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico en su campaña del 2018.
El instituto de transparencia precisó que durante su conferencia, el titular del Ejecutivo hizo alusión a un trabajo de investigación del mencionado diario internacional y leyó en pantallas de Palacio Nacional el teléfono de la corresponsal.
Ese día, el presidente López Obrador señaló, un poco antes, que el periódico estadounidense The New York Times el reportaje en el que, según una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), colaboradores cercanos y los hijos del primer mandatario habrían recibido dinero del narcotráfico para su campaña presidencial de 2018.
Una práctica común del periodismo, es la de ver los dos lados de la historia, y ante cualquier señalamiento se pide derecho de réplica, para poder contrastar la información. De manera que Natalie Kitroeff, jefa de la oficina para México del periódico The New York Times, envío una serie de preguntas para ser contestadas por el mandatario.
Acto seguido, el mandatario mexicano, eligió no contestar a la periodista. Sin embargo, si dio a conocer de manera pública en su mañanera, las siete preguntas enviadas. En las que, hizo un análisis personal, en el que, destacó la falta de pruebas y la distorsión de la información presentada por el medio, refutando así, cada una de las acusaciones vertidas en el cuestionario.
El presidente hizo pública la intención del reportaje con información del gobierno de Estados Unidos en la cual, supuestamente sus hijos y funcionarios cercanos a él recibieron dinero del narcotráfico en 2018. AMLO, dijo que esos señalamientos son falsos y una calumnia del diario estadounidense.
Además, de leer el cuestionario que le envió Natalie Kitroeff, para responder sobre el trabajo periodístico; el equipo técnico de Presidencia, mostró el número telefónico de la periodista en la pantalla, mismo número, que el mandatario leyó en voz alta en su conferencia matutina.
Respaldo a la periodista
A través de las redes sociales, el periódico The New York Times (NYT) señaló: «Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento».
«Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que esta se encuentre», añadió el periódico estadounidense.
El artículo de los periodistas Alan Feuer y Natalie Kitroeff, publicado este jueves, señala que durante años, Estados Unidos investigó acusaciones de que aliados de López Obrador se reunieron con narcotraficantes y recibieron millones de dólares de los cárteles de la droga después de su llegada a la presidencia en 2018.
A través de la red social X, se han hecho diferentes posteos en los que se apoya la labor de la periodista y se muestra el descontento por el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra la periodista, luego de ser dado a conocer públicamente su número telefónico, para el jefe del ejecutivo no representa mayor consideración este hecho, incluso comentó: “pues que cambie su teléfono”.
En la red social X (antes Twitter), el periodista y académico Raúl Trejo Delarbre, posteó: @ciberfan “Una vergüenza, un abuso y un empleo ilegal de recursos públicos: Convertido en instrumento de propaganda, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (@SPRMexico) es utilizado por el gobierno para descalificar a la periodista cuya investigación incomoda a López Obrador. Solidaridad con @Nataliekitro, escribió como respaldo a la periodista.
El asunto ha ido en escalada, ya que se publicó en medios internacionales, que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señaló en un nuevo reporte que «los periodistas continuaron enfrentándose a ataques, acoso, amenazas y secuestro en México»; el documento menciona que «la guerra entre Israel y Gaza eleva los asesinatos de periodistas en 2023 a un nivel devastador».
Señala que «un informe conjunto de Amnistía Internacional México y el CPJ que se publicará próximamente concluye que México “sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para los periodistas”».
Agrega que «en México, donde la corrupción y el crimen organizado han hecho que sea especialmente difícil determinar si el asesinato de un periodista estuvo relacionado con el trabajo, el número total de muertes en el país cayó de un récord de 13 en 2022 a dos en 2023».
No obstante, México tiene el mayor número de periodistas desaparecidos del mundo.
Detalla que «si bien en 2023 sólo se documentaron dos asesinatos con motivos no confirmados, el país tiene el mayor número de periodistas desaparecidos del mundo: 16 aún están desaparecidos, muchos de ellos después de una década o más».
Aquí en México, también hay antecedentes de estudios que conforman un mapeo de la agresión en contra de mujeres periodistas durante el 2023, que detallan:
En 2023 se registraron 184 casos de agresiones contra mujeres periodistas por el ejercicio de su labor, siendo los principales agresores personas del servicio público con el 38 por ciento tanto funcionarios municipales, estatales y federales, en ese orden, seguidos de particulares con el 28 por ciento, así lo revela el informe Violencia contra mujeres periodistas. Balance anual 2023, elaborado por la organización Comunicación e Información para la Mujer A.C. (CIMAC).
En el Twitter Space Violencia contra mujeres periodistas, realizado por CIMAC a través de la red social X, la moderadora y directora de la organización, Lucía Lagunes, señaló que la presentación de este informe coincidió con la filtración de datos sensibles de 263 periodistas que cubren las conferencias matutinas en Palacio Nacional que se reveló a inicios del 2024; hecho que se dio previo a un proceso electoral que será complicado.
Con un bagaje de investigación que data de hace 15 años, el informe visibiliza cómo la violencia contra las mujeres periodistas persiste sexenio tras sexenio sin que hayan disminuido los niveles de riesgo que enfrentan. Al contrario, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador los ataques a las y los periodistas se han incrementado, lo mismo que las formas de ataques, las cuales se han multiplicado en el espacio digital. Opinión que compartieron las panelistas.
“La Secretaría de Gobierno de Michoacán reporta haber atendido o dado acompañamiento a mujeres en un lapso de 2013 a 2023 de 23 medidas de protección, pero los datos no checan con lo que reporta CIMAC, evidentemente hay una simulación de protección a periodistas frente a las agresiones que sufren”, comentó Patricia Monreal, periodista de Michoacán, la segunda entidad más violenta contra mujeres periodistas.
“En Jalisco hay un ambiente hostil contra el ejercicio periodístico, censura y señalamientos públicos hacia el gremio y hacia medios de comunicación de manera particular, sobre todo quienes cubrimos agendas ciudadanas, de gentrificación, vivienda defensa del territorio, además claro, de la inseguridad y las desapariciones, sobre todo contra las fotoperiodistas que acompañan a las madres buscadoras”, señaló Dalia Souza López.
Por su parte, Gloria Ruiz, periodista de Coahuila destacó que la violencia diferenciada que se vive en el estado y la vulnerabilidad con la que trabajan, ha obligado a muchas periodistas a la autocensura, con las consecuencias laborales que esto conlleva:
“Lo vivimos mucho, muchas periodistas no pueden expresarse porque si lo hacen es arriesgarse a perder su trabajo, a ser suspendidas, a recibir castigos, lo digo con esa palabra ‘castigos’, porque algunas, se atreven a no querer cubrir ciertos temas que son de alto riesgo y lo justifican ante sus medios de comunicación, porque también son jefas de familia, entonces todo esto limita y nos afecta muchísimo a las mujeres periodistas porque sí es un trato diferenciado”.
Ella, al igual que periodistas independientes que viven lejos de las capitales, enfrenta no solo la violencia, sino los atentados digitales. Por ejemplo, comentó que es usual el acoso político por parte de funcionarios locales, quienes crean páginas web solo para agredir a las y los periodistas y hacerles campañas de desprestigio en lugar de responder a un reportaje o a una investigación o mínimo ejercer su derecho a la réplica y demostrar que estamos equivocadas, no, simplemente nos agreden.
“Aunque estamos iniciando un nuevo gobierno, ya vemos algunas agresiones contra la prensa, como el ignorar cuando pedimos una entrevista con algún funcionario de nivel estatal, no nos mandan información y nos eliminan de las agendas públicas”.
El caso de Coahuila está representado en el Balance de CIMAC. Mayra Lucía Sánchez Zamora, responsable del programa de libertad de expresión y género de la organización, señaló que el bloque informativo fue el atentado contra la libertad de expresión más recurrente en el 2023 y en el 34 por ciento de los casos, implicó una agresión física, violencia psicológica, patrimonial o sexual. Otras tipologías fueron el hostigamiento, el descrédito profesional, el acoso judicial, la intimidación, las amenazas, la detención arbitraria o la censura.
Un ejemplo de hostigamiento, fue el expuesto por Alfonsina Ávila Ramírez, de Guanajuato, quien señaló que, en su estado, medios independientes dirigidos por mujeres, como Ágora o San Miguel News, han padecido de bloqueos gubernamentales, no así los medios dirigidos por hombres. Mismo caso es el de San Luis Potosí donde a decir de la periodista María José Puente Zavala, “no existe una protección del periodismo con una perspectiva de género ni con enfoque de derechos humanos”.
De acuerdo con el Balance anual 2023, Puebla vuelve a aparecer como una de las entidades con mayor número de agresiones contra las periodistas, al ocupar el tercer lugar en esta radiografía. Al respecto, la periodista Samantha Páez Guzmán, confirmó esta violencia y la falta de protección por parte de las personas encargadas de proteger al gremio, sobre todo cuando son los funcionarios públicos quienes suelen ejercer represiones arbitrarias, bloqueos informativos intimidación y borro de material.
“Cuando tratamos de acudir a la comisión estatal de derechos humanos la respuesta es nula, aunque haya videos y pruebas de las agresiones, las autoridades no se dan a la tarea de investigar y queda en nada. Eso es lo más grave: que las autoridades, siendo las principales agresoras, se cubran la espalda con otras autoridades que también son agresoras”.
Vulnerabilidad de las periodistas
Respecto a la filtración de datos personales de los periodistas que cubren las conferencias matutinas en palacio nacional, las periodistas cuestionaron la falta de cuidado, el resguardo indebido de la información personal y las bases de datos en poder de la presidencia de la república, así como las vulnerabilidades de la seguridad digital en este gobierno, pues no es la primera vez que se filtran datos sensibles.
Recordaron los casos de María de Lourdes Maldonado López, periodista asesinada en Tijuana, Baja California el 23 de enero de 2022. Lourdes temía por su vida, en 2019 asistió a las conferencias mañaneras para difundir un pleito laboral con una televisora propiedad de Jaime Bonilla (Morena), ex gobernador de Baja California. O la campaña de desprestigio y ataques cibernéticos contra Reyna Haydee Ramírez, quien cuestionó al presidente sobre la violencia, particularmente en Sonora, su estado natal.
Al respecto, Patricia Monreal, periodista de Michoacán, señaló: “creo que no existe un antecedente inmediato en México y lo más grave son las contradicciones que tiene la propia autoridad sobre quién concentraba estas bases de datos. El presidente desde el púlpito presidencial se ha dedicado a denostar la actividad de las y los periodistas y ha confrontado y polarizado mucho nuestra actividad, en consecuencia, se han incrementado exponencialmente las agresiones a nuestros compañeros. Es algo que debe activarnos porque sí es muy grave”.
Por su parte, Dalia Souza López, periodista de Jalisco, entidad que aparece en la quinta posición de los estados más violentos contra las mujeres periodistas, planteó qué si esa filtración pasó en presidencia, imaginemos los riesgos que corren en los estados y municipios:
“Quiero enfatizar lo que esto significa para quienes nos encontramos fuera de la ciudad de México, quienes estamos en los estados y tenemos que dar este tipo de información a los gobiernos estatales y municipales. Esto nos obliga a hacer una revisión desde los estados”.
Lucía Lagunes, directora de CIMAC, planteó dudas sobre la estrategia del gobierno para reparar el daño: “me parece poco clara la respuesta de la autoridad de comunicación social de presidencia en cuanto a la mitigación de daños. La respuesta debería ser integral, pero diferenciada en términos de los contextos que cada una de las y los colegas están enfrentando y los impactos que esta vulneración de datos personales va a tener en su labor periodística, pero en su seguridad también”, comentó.
