*Escrito por Rita Magaña Torres .
01.03.204 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- Activistas del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, aseguraron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que las estigmatizaciones que ha ejercido el presidente Andrés Manuel López Obrador, dirigidas hacia periodistas y defensoras de derechos humanos son propiciadoras de «ataques letales» contra estos sectores.
Así lo declaró la integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de México, Lucía Lagunes Huerta, durante una audiencia virtual organizada por la CIDH a petición del Consejo Consultivo, donde también expresó que desde la llegada del actual gobierno federal, desde 2018, ha sido una constante la estigmatización a periodistas y personas defensoras que han manifestado una posición crítica ante el Ejecutivo federal o alguna de sus acciones.
Palabras impunes: Estigmatización y violencia contra mujeres periodistas en México 2019-2022 investigación publicada por CIMAC, se adentra en el análisis de tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha establecido una política de estigmatización contra las y los periodistas que no coinciden con su pensar.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) informó que desde el año 2020 al 2023, 33 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en México fueron víctimas de feminicidio y 23 tentativas de asesinatos y de acuerdo al Registro Nacional de la Red de México, señala que mil 547 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos de este país han sufrido hasta 6 mil 870 agresiones diversas.
La periodistas Lagunes Huerta, también criticó la mirada sexista de las autoridades que impide un verdadero acceso a la justicia, pues los aleja de su labor y esta investigación se sustituye, por supuestos actos personales o de venganza pasional, lo cual incrementa la desconfianza hacia los organismos impartidores de justicia e inciden en la revictimización.
Citó como ejemplo lo ocurrió el pasado 22 de febrero, cuando el Ejecutivo federal dio a conocer el número celular de la corresponsal en México del diario New York Times, Natalie Kitroeff, tras un reportaje publicado en el diario estadounidense, donde se denunció presuntos vínculos entre el mandatario federal y el narcotráfico.
“Si bien no se puede relacionar de manera directa que estos ataques desde la tribuna de la (conferencia) Mañanera son responsabilidad de los asesinatos de periodistas y personas defensoras, lo cierto es que estas estigmatizaciones son propiciadoras de los ataques letales, como en el caso del defensor y comunicador Samir Flores, quien fue calificado por el Ejecutivo federal como conservador cuatro días antes de su asesinato”, subrayó la directora general de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).
La periodista Lucía Lagunes opinó que la situación se recrudece contra las periodistas y las defensoras, quienes de por sí enfrentan condiciones de desigualdad y discriminación por ser mujeres y esto se ve agravado al ejercer la labor política, con perfiles altos de reconocimiento que, en ocasiones, se ha convertido en focos de ataque de los más altos niveles de gobierno.
“En el caso de las y los periodistas asesinados en el país, es común que su labor no sea una línea de investigación para las autoridades y para las periodistas y las defensoras, la mirada sexista de las autoridades les impide un verdadero acceso a la justicia, pues los aleja de su labor y esta investigación se sustituye, por supuesto actos personales o de venganza pasional. Lo anterior incrementa la desconfianza obviamente hacia los organismos impartidores de justicia e inciden en la revictimización”, reprochó.
Al respecto, el representante adjunto y oficial de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), Jesús Peña, aportó cifras que señalan el 55 por ciento de los presuntos perpetradores identificados de ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos es personal de la administración.
En su oportunidad, la representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), Nancy Desiderio, evitó hacer un comentario sobre las críticas hechas, en cambio, puso sobre la mesa el valor de la «ética humanista transversal” en el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y expuso que desde el gobierno de México se reconoce la importancia fundamental de salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de todas las personas en situación de riesgo, derivada de la defensa de los derechos humanos.
Calificó como positivo que se involucre la administración federal en el Mecanismo de Protección, el cual fue creado en 2012; además, valoró que ha tenido un aumento significativo de su presupuesto durante el actual sexenio, lo que demuestra el compromiso para fortalecer la protección de activistas de derechos humanos, así como de periodistas.
Ante la exposición de activistas y representantes del gobierno federal, el comisionado presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Carlos Bernal Pulido, exhortó al Estado mexicano a tomar en serio los datos y las deficiencias del trabajo burocrático de coordinación entre el nivel federal y los diversos estados, con relación a las lagunas, así como los déficits de este mecanismo de protección, a fin de mejorarlo.
El comisionado de la CIDH explicó que se debe mejorar el mecanismo de protección, porque los datos siguen hablando y “no es imposible tapar el sol con las manos”; en ese sentido, les pidió que tengan total libertad de enviar sus informes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para seguir monitoreando este punto.
Además, reconoció la labor de las personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas, así como también que el Estado sea consciente del deber que tiene de protegerlos y del compromiso en ese sentido.
Lucía Lagunes Huerta también reclamó las deficiencias de las instancias creadas a lo largo y ancho del territorio mexicano, las cuales están lejos de convertirse en una base sobre la cual pueda descansar una política de Estado que vaya hacia una protección integral de periodistas.
“La consecuencia de esta fragilidad institucional es un mecanismo de protección federal sobrecargado, rebasado ante las condiciones estructurales de violencia que enfrenta el país y cuyo fortalecimiento, debilitamiento radica en la voluntad de quien lo dirige y no en el estado. Desde quienes integramos el Consejo Consultivo vemos con enorme preocupación que la anterior administración del mecanismo haya sido obstaculizar el ingreso de personas defensoras y periodistas en riesgo y canalizarlas a las instancias estatales de protección, incluso contra la voluntad de las personas violentadas”, detalló.
La periodista citó el caso de que no se cuenta con personal suficiente ni capacitado en temas de libertad de expresión o defensa de periodistas, en algunas otras las instancias se encontraban acéfalas con personal que colabora de manera honoraria, sin la representación autónoma de la sociedad civil, sin una verdadera coordinación con el mecanismo de protección federal y de ello dan cuenta investigaciones periodísticas de Oaxaca San Luis Potosí y Michoacán en estas condiciones.
Mencionó que si se considera la debilidad de estas instancias estatales, la acción se convierte en una verdadera desprotección y el abandono del deber del Estado para garantizar la vida y la integridad de las personas defensoras y periodistas. Multiplicar los mecanismos estatales sin recursos y sin capacidades operativas es difuminar la responsabilidad del Estado y no brindar mayor protección.
Lucía Lagunes dijo que pese a los distintos llamados a las instancias nacionales e internacionales para dar fin a la impunidad contra agresiones hacia personas defensoras y periodistas, la autoridad sigue teniendo una deuda pendiente. Esta impunidad no solo es la puerta abierta a la repetición, sino vía para escalar el asesinato o la desaparición, como los cascos de las defensoras desaparecidas Irma Galindo y Claudia Uruchurtu, ambas originarias de Oaxaca, hasta ahora, seguimos sin mayor información sobre su paradero.
En su oportunidad, Sara Méndez Morales, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, planteó como reto del mecanismo, como única política pública para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras y periodistas en México, el impulso de mesas de trabajo entre estas medidas, pues involucran en diversas instancias y niveles de gobierno para la atención de casos específicos.
Dijo que la coordinación interinstitucional con los estados de la federación y mecanismos estatales cuentan entre sus grandes retos la impunidad y la falta de resultados en las investigaciones de agresiones a casos de personas defensoras y periodistas, lo cual es un pendiente, el mecanismo cuenta con un catálogo de medidas que de acuerdo con la ley es enunciativo y no limitativo. En este sentido, se requiere flexibilidad de las instituciones cuando se prevén otro tipo de medidas.
