Paralaje.
Liébano Sáenz.
Al momento de hacer un balance respecto a los alcances de la nueva política migratoria, el canciller acierta en llevar a la mesa de los acuerdos con el gobierno de Estados Unidos el tema de las armas que ingresan al país de manera ilegal. El gobierno mexicano ha cumplido, más allá de la expectativa, en reducir el tránsito de migrantes ilegales por el territorio nacional. Ha sido una decisión difícil y compleja, pero los resultados hablan por sí mismos, y es evidente que las autoridades norteamericanas deben estar complacidas con lo alcanzado, si bien es cierto que no dejarán de exigir continuidad en el esfuerzo.
Los logros en migración —que para algunos representan un acto de cesión de soberanía, puesto que estamos ante una colaboración impuesta por un país extranjero— dan, sin embargo, amplia autoridad a México para tratar un tema de la mayor importancia para la seguridad nacional: el tráfico de armas. En Estados Unidos hay una política permisiva en cuanto a armas, como no ocurre en ninguna otra democracia. Algunos de los estados de la Unión han restringido el comercio de armas, particularmente las de alto poder. Sin embargo, la tradición del derecho a estar armado y la presión de poderosas agrupaciones que defienden el libre comercio de armas, afectan notablemente el debate generado a raíz de repetidos actos criminales o masacres contra población inocente. Los hechos de sangre han ocurrido lo mismo en espacios públicos que en instituciones educativas o edificios religiosos. Cualquier persona puede hacerse de un arma, y los reiterados incidentes así lo comprueban.
México se ha tardado en hacer de este asunto un tema fundamental para la agenda bilateral. Esto no es explicable ante la elevada cuota de sangre en el país a lo largo de las dos últimas décadas. La contención del comercio ilegal de armas no se logra con anuncios preventivos en los puertos terrestres de ingreso. Debe concertarse con las autoridades norteamericanas un acuerdo para contener el tráfico de armas e incluso, en los casos de armas utilizadas en acciones criminales, debe rastrearse a sus propietarios originales para que asuman las consecuencias legales. Con ello habría un mayor cuidado respecto a la venta irrestricta de armas, sin necesidad de modificar el régimen que permite su libre comercio. Por lo menos dos terceras partes de las armas ilegales que circulan en nuestro territorio tienen su origen en esa permisividad hoy cuestionada.
Para un sector de la opinión resulta difícil entender la relación del gobierno del presidente López Obrador a partir de su contraparte. No es sólo la imagen negativa del presidente Donald Trump, sino también la ola antimexicana en el país vecino, en la que ha participado activamente el inquilino de la Casa Blanca. Por eso cobra importancia tener una política exterior con sentido de mesura, que haga frente a los temas que son comunes a las dos naciones y abandone las baladronadas del pasado que tanto afectaron la relación y que nada lograron. Lo que se está haciendo en la relación bilateral es lo mejor para el interés nacional y, al contrario de lo que muchos suponen, permite al país mantener una postura de inteligente prudencia como respuesta a la hostilidad hacia México del gobierno y de diversos sectores de la población estadounidense.
Lo que debe quedar claro del modo en que el gobierno federal encara los retos de una relación difícil —como la que hemos mantenido a lo largo de nuestra historia con nuestro vecino del norte— es que México no puede ser lugar de libre tránsito para el migrante hacia Estados Unidos ni tampoco puede erigirse como “tercer país seguro”. El presidente López Obrador modificó su postura inicial y logró acreditar —no sólo con las autoridades estadounidenses, sino con los mismos connacionales— una actitud responsable en el tema migratorio. Se ha recurrido a los medios al alcance sin perder sentido de firmeza, y hay un sentimiento compartido por todas las autoridades mexicanas de salvaguardar los derechos humanos. El problema es mayúsculo, y en poco tiempo se ha podido modificar la idea de que el territorio nacional era espacio libre no sólo para circular, sino para ingresar a Estados Unidos, lo que rescata la soberanía territorial del país.
En este complicado entorno, hemos dado pasos importantes en muy poco tiempo. Pero uno de los temas pendientes en la agenda bilateral, crucial para el bienestar del país y la economía nacional, es la ratificación del T-MEC. No es un proceso sencillo. Incluso la líder demócrata, Nancy Pelosi, estos días ha dicho que el acuerdo debe modificarse. Uno de los mayores éxitos del gobierno anterior fue el acuerdo entre autoridades y haber tenido la sensibilidad de incorporar en la representación nacional a integrantes del equipo del presidente electo. No queda duda de que el gobierno de México ha hecho su parte para hacer valer su condición de buen vecino. Ahora corresponde a las autoridades estadounidenses cumplir su parte.
