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/ Por Maite Azuela /
El jaloneo por la prisión preventiva oficiosa ha revivido en los últimos días en Palacio Nacional. Luisa Alcalde se atrevió incluso a asegurar que “La Suprema Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país. Esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa […]”
En noviembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió el caso Tzompaxtle Tecpile. En enero de 2023 resolvió el caso García Rodríguez. Ambos en contra de México. Estas dos sentencias son emblemáticas e importantes para la discusión actual –y para entender el despotismo de la 4T– por una razón muy simple: ordenan a México revisar y modificar figuras como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa porque se consideran violatorias a los derechos humanos.
Las sentencias de la Corte IDH consideran que se trata de victimas concretas que sufrieron en carne propia el daño que provoca la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Ambas sentencias son de cumplimiento obligatorio para México. No dependen de la discrecionalidad de una secretaria de Estado.
Varias personas que se encuentran en prisión preventiva oficiosa –algunas de ellas más de una década– han levantado la mano para advertir que su encarcelamiento es inconvencional y que, por lo tanto, su situación tiene que revisarse. Esto no significa liberar automáticamente a las personas. Significa que debe justificarse si estas personas continúan encarceladas mientras su proceso penal camina o si pueden ser juzgadas en libertad. De ninguna manera significa exonerar ni liberar culpables.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es una de las autoridades mexicanas que deben dar cumplimiento a las sentencias del tribunal interamericano. Por ello, “la decisión” que cuestiona Luisa Alcalde con respecto a la prisión preventiva oficiosa, en realidad no es más que el cumplimiento la SCJN a una sentencia internacional.
La Secretaria de Gobernación, López Obrador y ahora hasta Sheinbaum intentan confundir a la ciudadanía con una narrativa sofista como si a la SCJN se le hubiera ocurrido de la noche a la mañana ponerse a revisar la prisión preventiva. Además, estigmatizan a las personas que se encuentran recluidas bajo esta figura, pues aseguran que son delincuentes. Nadie, en ningún país, es culpable si no hay una sentencia que así lo diga.
La prisión preventiva es un problema al que, también hay que decirlo, colaboró la oposición. Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto impulsaron con fuerza esta figura que hoy sabemos violatoria de derechos. Incluso, en 2019, la oposición apoyó a la 4T para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En la Cámara de Diputados la reforma se probó con 377 votos a favor y en el Senado con 91. Aquellos tiempos en que la 4T y la oposición eran una misma si se trataba de políticas militaristas o estigmatizantes.
Pero al debate actual se añade el ingrediente electoral. Bajo el reconocimiento de que son personas que no han sido sentenciadas, este año votarán poco más de 30 mil personas que se encuentran en prisión preventiva oficiosa. Esta semana el INE anunció que del 6 al 20 de mayo “personas que se encuentran en reclusión, pero sin sentencia firme podrán ejercer su voto anticipado en Ceresos y Ceferesos del país”
Las personas en prisión preventiva podrán votar para la presidencia de la República, elecciones locales de la CDMX y Chiapas, así como para las diputaciones y municipalidades de Hidalgo.
¿Acaso a Morena no le importan esos 30 mil votos de personas en prisión preventiva? ¿En qué país una candidata llama delincuentes a sus posibles votantes? ¿Qué dicen Xóchitl Gálvez y Álvarez Máynez? ¿No harán campaña en los reclusorios para las miles de personas sin sentencia?
@MaiteAzuela
